- El acceso al agua es un derecho humano reconocido en la Constitución; más de 20 millones de mexicanos carecen de este servicio básico.
- En 7 de cada 10 hogares sin agua corriente, son mujeres y niñas quienes cargan con la responsabilidad de recolectar agua.
En respuesta a la crisis hídrica que afecta a millones de mexicanos, la senadora Karen Castrejón Trujillo, líder nacional del Partido Verde y vicecoordinadora de la bancada ecologista en el Senado, presentó una iniciativa para garantizar que los municipios del país destinen al menos el 15 por ciento de su presupuesto a infraestructura y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Castrejón subrayó que el acceso al agua es un derecho humano reconocido en la Constitución, sin embargo más de 20 millones de mexicanos carecen de este servicio básico. Asimismo, recalcó que la crisis hídrica y el cambio climático han agravado la escasez, colocando a México entre los países con mayor estrés hídrico.
Advirtió que la escasez de agua ya impacta la calidad de vida, la seguridad alimentaria y la estabilidad social en diversas regiones del país, y agregó que las mujeres son quienes más padecen las consecuencias de la falta de agua. "Según organismos de salud y atención de las infancias de las Naciones Unidas, las mujeres y las niñas se encargan de recolectar agua en siete de cada diez hogares sin agua corriente".
En ese sentido, Castrejón Trujillo destacó que la iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 115 constitucional, a fin de fortalecer la operación local, reducir la dependencia de subsidios federales y anticipar riesgos sociales y económicos derivados de la falta de acceso al agua.
También se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, específicamente el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento, al promover un modelo preventivo y no solo reactivo ante la crisis hídrica.
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor del 60 por ciento del país enfrenta sequías recurrentes, lo que compromete la seguridad hídrica y alimentaria nacional. En tanto, el Banco Mundial advierte que la disponibilidad promedio de agua en México cayó de 10 mil metros cúbicos por persona en 1960 a apenas 3.2 mil en la actualidad, con tendencia a reducirse aún más hacia 2030.
"Los municipios son actores clave en la operación del sistema hídrico. No podemos permitir que millones de familias sigan esperando soluciones. Esta iniciativa representa una inversión en justicia, equidad y futuro para México", concluyó Castrejón Trujillo.
El presidente del Partido Verde en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, afirmó que la detención de 14 personas ligados a una red de huachicol descubierta en Tamaulipas demuestra que el gobierno federal mantiene cero tolerancia a la corrupción y al robo de hidrocarburos, priorizando investigaciones sólidas y ordenadas.
En ese contexto, Sesma Suárez felicitó tanto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, porque la estrategia de seguridad pública está dando resultados luego de las denuncias previas, incluida la del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
El líder ecologista de la Ciudad de México, Jesús Sesma, celebró que la Jefa de Estado haya enfatizado que la investigación continuará y que no habrá impunidad, independientemente de si los implicados son funcionarios públicos o empresarios.
“El Partido Verde reconoce su trabajo y su apertura al diálogo para construir acuerdos en favor de todos los y las mexicanas”, finalizó Sesma Suárez.
• “El Grupo Parlamentario del Partido Verde presenta esta iniciativa con la convicción de que la ley debe evolucionar con la sociedad. Ser madre o padre no es ejercer poder, sino acompañar con amor y respeto a las personas menores de edad”, aseguró
La vicepresidenta de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública del Congreso de la Ciudad de México, Yolanda García Ortega propuso durante la sesión ordinaria de este miércoles una iniciativa para reformar el Código Civil local, “con un objetivo puntual y urgente: reconocer en nuestra legislación la figura de la responsabilidad parental como evolución de la patria potestad y transformar la forma en que la ley reconoce las relaciones entre madres, padres e hijos”.
Durante la presentación de su propuesta legislativa, la diputada de la bancada del Partido Verde detalló que la responsabilidad parental es el deber compartido y solidario entre madre y padre para asegurar el desarrollo pleno, armónico e integral de sus hijas e hijos.” Esta legislación no sólo buscan proteger a los niños, sino también fortalecer los vínculos familiares y facilitar relaciones saludables entre los padres, independientemente de su situación sentimental”.
La legisladora ambientalista indicó que en el ámbito penal, “esta evolución también tiene implicaciones importantes, toda vez que la misma no sólo se refiere a los derechos sobre los menores de edad, sino también a las obligaciones legales que tienen los padres en relación con su crianza y educación; y permitirá a los tribunales abandonar la vieja concepción de la patria potestad sobre los hijos e hijas y transitar hacia la responsabilidad parental”.
Aunado a lo anterior, la congresista Yolanda García aseguró que a través de esta iniciativa de Ley, el Partido Verde responde a una necesidad de armonización legal, pues mientras la Constitución Política de la Ciudad de México, la jurisprudencia de la Corte mexicana y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño o el Protocolo de San Salvador, ya reconocen este nuevo enfoque, el Código Civil local “aún sostiene una visión anacrónica. Lo anterior provoca una brecha normativa”.
“Este cambio no es simbólico, tiene consecuencias concretas tales como: transformar la patria potestad en responsabilidad parental tiene impacto en diversos ámbitos: desde los temas de guarda y custodia, alimentos, régimen de convivencia, hasta contratos, sucesiones y más; y es una reforma de fondo, que toca las bases del derecho familiar desde una perspectiva moderna y humanista”, destacó la legisladora García Ortega.
La diputada de la bancada ecologista del poder legislativo local concluyó señalando que “esta iniciativa permitirá modernizar nuestro marco jurídico en materia civil y reflejará una realidad social: que la crianza debe ser compartida, corresponsable, equitativa y centrada en la dignidad de nuestras infancias”.