- El acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.
- El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para garantizar el acceso gratuito al transporte público para sectores prioritarios: niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el objeto de combatir la desigualdad, reducir la discriminación y asegurar el derecho a la movilidad para quienes más lo necesitan.
La iniciativa plantea adicionar un sexto párrafo al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la exención total del pago de tarifas para personas en situación de vulnerabilidad, previa identificación oficial vigente y que sea emitida por instituciones que acrediten dicha condición.
Durante su participación en tribuna, la senadora argumentó que el acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Actualmente en nuestro país, más de 18 millones de adultos mayores, 5 millones de niñas y niños menores de cinco años y 6 millones de personas con discapacidad enfrentan obstáculos para movilizarse libremente.
"En las zonas más marginadas del país, donde el costo del transporte es elevado, las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan serios obstáculos como la discriminación, la falta de accesibilidad y la escasa infraestructura, lo que limita su derecho a la movilidad", alertó la legisladora.
Por otra parte, Corona Nakamura explicó que, aunque algunas ciudades del país ofrecen descuentos o gratuidad en ciertos medios de transporte, no existe una política nacional que garantice este beneficio de forma uniforme en todas las modalidades de transporte público operado por la administración pública.
A esto se suman cientos de horas perdidas en traslados y los altos costos del pasaje. De acuerdo con el IMCO, las pérdidas económicas derivadas de la congestión en el transporte público ascienden a 94 mil millones de pesos al año, afectando principalmente a quienes menos recursos tienen.
“El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente, que garantice el acceso pleno a los sectores más vulnerables”, finalizó la senadora por Jalisco.
Ante la reciente imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Senador Waldo Fernández destacó la importancia de mantener la calma, la serenidad y la prudencia para enfrentar esta situación de manera efectiva y no caer en escaladas del conflicto como lo propuso el Senador Ricardo Anaya.
"En política hay oportunidad y oportunismo, y hoy la oposición, en voz del senador Ricardo Anaya, demuestra una vez más su oportunismo. Pareciera que el que le vaya mal al país es su objetivo básico y no lo mejor para las y los mexicanos” aseguró Fernández.
El Senador recordó que Anaya presentó como ‘receta mágica’ para resolver la crisis bilateral que se presenta entre México y los Estados Unidos a través de aranceles, “jugar al tú por tú, así como lo han hecho otras naciones en el mundo, con los malos resultados a la vista”.
Por el contrario, Fernández enfatizó que mientras algunos buscan generar incertidumbre y caos, el gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene un enfoque de diplomacia y negociación.
"Estamos en Washington trabajando para alcanzar acuerdos que permitan a las y los mexicanos continuar beneficiándose del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)", agregó.
El Senador aseguró que aún existen recursos legales y diplomáticos por explorar y que lo fundamental en estos momentos es actuar con responsabilidad, “de nada sirven las bravatas de cantina o bravucones de Twitter o en redes sociales que, simple y sencillamente, ponen en riesgo la posibilidad de que las mexicanas y los mexicanos sigan teniendo este gran clima de prosperidad”.
Finalmente, el senador reiteró su confianza en que la vía diplomática, liderada por la Presidenta Sheinbaum, el Canciller y el Secretario de Economía, prevalecerá para garantizar la estabilidad económica y la protección de los intereses de México.
- Busca evitar que empresas utilicen estrategias de marketing falsas para aparentar sustentabilidad y engañar a los consumidores.
Ante el creciente abuso de estrategias de greenwashing, que engañan a los consumidores haciéndoles creer que ciertos productos o servicios son ecológicos cuando en realidad no lo son, el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y fortalecer la regulación contra la publicidad engañosa en materia ambiental.
La propuesta, que recibió el respaldo de integrantes de la bancada ecologista y de senadores de diversos grupos parlamentarios, plantea adicionar un sexto párrafo al artículo 32 de dicha ley, estableciendo que cualquier afirmación de sostenibilidad o responsabilidad ambiental deberá contar con sustento científico y pruebas objetivas. De no cumplir con estos requisitos, quedará prohibido su uso en publicidad o etiquetas de productos y servicios.
Además, plantea que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establezcan lineamientos claros para detectar y sancionar estas prácticas desleales.
“El greenwashing afecta de muchas maneras, es un tema que lo vivimos todos los días en la publicidad que hacen las diferentes marcas y las grandes empresas nacionales y también extranjeras”, comentó Melgar Bravo.
Datos del Parlamento Europeo revelan que el 53 por ciento de las alegaciones ambientales en productos examinados eran engañosas o infundadas, y el 40 por ciento carecía de sustento alguno. Por ello, países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos ya han implementado mecanismos legales estrictos contra esta práctica.
Con esta iniciativa, el senador Melgar indicó que México no solo se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que impulsa un consumo responsable y transparente, también protege los derechos del consumidor, sanciona la simulación empresarial y contribuye al desarrollo sustentable.
“Lo que buscamos es que en nuestro país haya justicia ambiental, que haya conciencia, sobre todo de estas empresas que cumplen en todos lados, menos aquí. Queremos que haya una ‘cancha pareja’ para que México no sea el basurero del mundo”, concluyó el legislador.
