- Se busca establecer la obligatoriedad del control parental en la descarga de aplicaciones, el acceso a redes sociales y a contenidos no aptos para menores de edad.
- Actualiza el delito de violación a la intimidad sexual, a fin de incluir la alteración de imágenes, audios o videos con contenido sexual mediante inteligencia artificial.
Carlos Puente presentó dos iniciativas que buscan atender una problemática que va en aumento en nuestro país, la violencia digital derivada del uso indebido de programas de cómputo, redes sociales, aplicaciones con Inteligencia Artificial (IA) y otros medios tecnológicos.
El legislador zacatecano advirtió que este tipo de violencia afecta principalmente a las mujeres y se agrava en el caso de niñas y adolescentes. Como ejemplo, el líder de los diputados verdes mencionó el caso ocurrido en Zacatecas capital, donde alumnas de la Secundaria Técnica No. 1 denunciaron que compañeros les tomaron fotografías que fueron alteradas con herramientas de IA y generaron imágenes sexualizadas que posteriormente se difundieron en una página web, lo cual causó un grave daño psicológico a las víctimas y gran indignación social.
Ante esta realidad, el líder de los diputados verdes propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para establecer la obligatoriedad del control parental en la descarga de aplicaciones, el acceso a redes sociales y a contenidos no aptos para menores de edad, tanto en teléfonos celulares como en tabletas y computadoras, promoviendo un “clic seguro” para niños y adolescentes.
Asimismo, el diputado federal propuso reformar el Código Penal Federal para actualizar el delito de violación a la intimidad sexual, a fin de incluir la alteración de imágenes, audios o videos con contenido sexual mediante inteligencia artificial, esta reforma busca también armonizar el Código Penal en Zacatecas y en el resto de los estados.
El líder parlamentario destacó que estas iniciativas complementan la Ley Olimpia, para fortalecer la prevención y sanción de la violencia digital sin criminalizar ni revictimizar, pero sí garantizar justicia para quienes sean afectados.
El coordinador del Partido Verde reafirmó el compromiso de su bancada con la protección de la niñez y adolescencia en entornos digitales seguros e insistió en la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas de control parental y sanciones claras para quienes vulneren la intimidad sexual a través de la inteligencia artificial.
Puente Salas subrayó que el Partido Verde es sensible ante esta situación y está comprometido con la erradicación de la violencia digital que pone en riesgo la integridad y la privacidad de las personas. A la propuesta se sumó la bancada del Partido Verde, la diputada Noemí Luna del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Miguel Alonso Reyes, la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
- "Buscamos que ningún adolescente pierda su derecho a la educación y a la reinserción, pero también que ninguna víctima pierda su derecho a la justicia”, indicó el legislador.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Partido Verde, presentó una iniciativa para modificar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el propósito de impedir que el crimen organizado se aproveche de los vacíos legales que otorgan impunidad a menores de edad involucrados en delitos graves.
El legislador advirtió que los homicidios dolosos cometidos por menores de edad han aumentado un 40 por ciento, lo que evidencia una realidad alarmante: las bandas delictivas están utilizando a jóvenes como instrumento para evadir la justicia.
La iniciativa surge tras conocerse el caso de un adolescente involucrado en el atentado contra el presidente municipal de Uruapan, hecho que —dijo el senador— refleja cómo la realidad “está rebasando al derecho” y urge una respuesta legislativa coherente, humana y efectiva.
Ramírez Marín explicó que el 56.5 por ciento de los adolescentes sancionados cumple medidas en externación, es decir, no están detenidos en ninguna parte, solamente el 27 por ciento sufre internación. Esta condición, dijo, ha sido aprovechada por el crimen organizado para reclutar menores y cometer delitos de alto impacto con escasa respuesta penal.
Dijo que actualmente, todos los adolescentes son juzgados bajo un sistema que busca su reinserción y fija un máximo de cinco años de internamiento, sin distinguir entre delitos menores y homicidios dolosos. “El sistema trata igual al que roba que al que asesina”, señaló Ramírez Marín
En ese sentido, destacó que esta reforma no busca criminalizar a los adolescentes, sino cerrar las puertas a los grupos delictivos que se aprovechan de su edad para obtener impunidad.
La propuesta también plantea que un juez especializado pueda determinar, con base en dictámenes técnicos y psicológicos, si un adolescente debe ser transferido al régimen penal ordinario al cumplir 18 años, siempre garantizando su educación, atención psicológica y sin mezclarlo con adultos antes de esa edad.
La decisión, precisó, no será automática ni punitiva, sino producto de una evaluación interdisciplinaria y una resolución judicial fundada en criterios científicos, no emocionales. La reforma también adiciona el artículo 421 Bis de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que regula este procedimiento con un enfoque garantista.
“Buscamos que ningún adolescente pierda su derecho a la educación y a la reinserción, pero también que ninguna víctima pierda su derecho a la justicia”, concluyó el senador por Yucatán.
INTERVENCIÓN DEL COORDINADOR DEL GPPVEM, EL DIPUTADO CARLOS PUENTE SALAS, PARA PRESENTAR INICIATIVA EN MATERIA DE CONTROL PARENTAL, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE DELITOS DE VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SEXUAL MEDIANTE EL USO DE PROGRAMAS O PLATAFORMAS DE IA