- Apoyar a niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias con un progenitor privado de la libertad es reconocer que la vulneración de derechos de un adulto no debe traducirse en pérdida de oportunidades para sus hijos.
Con el propósito de garantizar la permanencia y el desarrollo educativo de niñas y niños hijos de personas privadas de la libertad, así como asegurar su inclusión social y emocional, y brindarles oportunidades para el futuro, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las entidades y municipios a que implementen programas de apoyo económico y de formación integral para este grupo poblacional.
Explicó que la privación de libertad de la madre o del padre genera en sus hijos e hijas diversos riesgos socioeconómicos y psicoemocionales como estigmatización, movilidad residencial, pérdida de redes de apoyo, y tensiones financieras que repercuten en el aprendizaje y la permanencia escolar.
Agregó que diversas fuentes periodísticas y oficiales han documentado alzas en la población penitenciaria durante el año 2025, con lo cual crece también la cantidad de niñas, niños y adolescentes potencialmente afectados por la reclusión de un progenitor, problemática que demanda respuestas preventivas y de protección desde el sector educativo y de asistencia social.
En este sentido, destacó que apoyar a niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias con un progenitor privado de la libertad es reconocer que la vulneración de derechos de un adulto no debe traducirse en pérdida de oportunidades para sus hijos, ante lo cual puso como ejemplo los programas de apoyo para esta población que existen en diversas entidades federativas que permiten a las autoridades materializar el respeto a sus derechos constitucionales y legales.
Puso como ejemplo el programa “Apoyando tu Futuro” del DIF Reynosa, en Tamaulipas, que promueve la continuidad educativa de estudiantes desde preescolar hasta universidad, brindándoles un apoyo económico bimestral y promoviendo su participación en actividades académicas, culturales y deportivas, para fortalecer su desarrollo integral y cortar el ciclo de vulnerabilidad social al que han estado expuestos.
Detalló que este programa reconoce que la educación es la herramienta más poderosa para prevenir la reincidencia y promover la movilidad social de los hijos de personas privadas de la libertad.
Agregó que en el estado de Sonora también se implementa un programa de "Becas educativas para hijas e hijos de personas privadas de la libertad"; mientras que en Chihuahua se ofrece el "Apoyo económico a personas cuidadoras de las hijas e hijos de personas privadas de la libertad en centros de reinserción social en el estado de Chihuahua".
Aseguró que estas experiencias en diversos estados de la República muestran que es factible construir presupuestos que atiendan la vulnerabilidad a la que están expuestos las y los hijos de las personas privadas de su libertad, con los cuales los gobiernos locales pueden liderar iniciativas de impacto social, fortaleciendo el cumplimiento del derecho a la educación.
Finalmente, subrayó que un programa focalizado para hijas e hijos de personas privadas de la libertad debe fortalecerse con actividades que permitan un desarrollo integral de las niñas y niños como actividades físicas, artísticas y teatrales, tutorías y apoyo socioemocional, ya que afirmó que la permanencia escolar depende tanto de condiciones económicas como de entornos de aprendizaje seguros y significativos.
- “Sin toallas ni agua, vivir la menstruación en la cárcel es más que dolor corporal”
Con la finalidad de garantizar una menstruación digna en los centros penitenciarios, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para que las mujeres privadas de libertad en estos centros puedan acceder a productos de gestión menstrual, espacios dignos y servicios de salud, reconociendo la menstruación como un derecho fundamental y promoviendo la reinserción social.
Reconoció que el manejo de la higiene menstrual es un tema marginado de las agendas de desarrollo, lo que priva a mujeres y niñas de áreas seguras, accesibles e higiénicas para ello, además de que en ocasiones no cuentan con acceso a toallas sanitarias y otros insumos de higiene menstrual, o no son asequibles.
Aseguró que “la imposibilidad de controlar de una forma digna y segura la gestión menstrual impacta negativamente los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas”, más aún si se encuentran en una situación de vulnerabilidad como lo es estar privadas de la libertad.
Recalcó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mostró su preocupación por las condiciones y el trato que se les da a las mujeres en los centros penitenciarios, por lo que las autoridades encargadas del sistema deben tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas mujeres.
Dijo que de acuerdo con esta dependencia, aproximadamente 15 o 17 entidades federativas del país, no tienen asignada una partida presupuestal para garantizar una gestión menstrual digna en los centros penitenciarios del país, quienes dependen exclusivamente de donaciones o de los familiares que llevan estos enseres a las mujeres.
Agregó que el 31 de agosto del 2021, esta Comisión emitió una recomendación donde destaca “la insuficiencia de acciones en los centros penitenciarios del país para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y mujeres privadas de la libertad, así como para asegurar una gestión e higiene menstrual digna a las mujeres y personas menstruantes en dichos lugares”.
Insistió en la pertinencia de su propuesta ya que la atención de mujeres en reclusión ha sido materia de diferentes señalamientos, por la falta de servicios y suministros de productos para su atención personal, y recalcó que “sin toallas ni agua, vivir la menstruación en la cárcel es más que dolor corporal”, por lo que recalcó que el Estado debe asignar mayor presupuesto a los centros de reinserción social para atender esta problemática y brindar a las mujeres los elementos necesarios para una menstruación digna.
Aseguró que “el acceso a productos sanitarios para las mujeres privadas de su libertad es un derecho que se debe hacer valer y respetar, no un privilegio”, por lo que su iniciativa busca garantizar que las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios cuenten con instalaciones adecuadas y espacios necesarios para una estancia digna y segura, incluidas aquellas destinadas para su gestión e higiene menstrual; además de los suministros necesarios, entre ellos, tampones, copas menstruales, papel higiénico y medicamentos para tratar los trastornos o el dolor relacionados con la menstruación.
Finalmente, recalcó que con su propuesta se busca robustecer el marco jurídico y brindar mayor seguridad a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en especial a las mujeres privadas de libertad, para que su menstruación, siempre, sea de la manera más digna posible.
- “Garantizar el bienestar animal no es un gesto de compasión, es una responsabilidad moral, ambiental y social que debemos asumir como país”, afirma Sen. Rocío Corona.
El Partido Verde en el Senado de la República presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para incorporar el concepto de “Condiciones de Bienestar Animal” como un elemento jurídico esencial en la protección de los seres vivos bajo custodia humana.
La propuesta, impulsada por la senadora Rocío Corona Nakamura, plantea adicionar una fracción V Ter al artículo 3º de la Ley, definiendo las “Condiciones de Bienestar Animal” como el conjunto de requisitos mínimos que deben garantizarse en todo momento, como son: la provisión de espacios adecuados para su movilidad, ventilación adecuada, limpieza, control de temperatura e higiene constante.
Además, reforma el artículo 87 Bis 2 para establecer la obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal, de aplicar estos principios de trato digno y respetuoso.
Por otra parte, subrayó que mantener animales en condiciones insalubres, sin ventilación o en hacinamiento, constituye un acto de crueldad, que no sólo afecta su salud y dignidad como seres sintientes, sino que impacta directamente en la salud pública.
La legisladora indicó que su propuesta coloca a México con los estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y con los compromisos de la Agenda 2030, particularmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 11 y 15, relativos a la salud, las comunidades sostenibles y la vida de ecosistemas terrestres.
Corona Nakamura enfatizó que al mejorar el bienestar animal se fortalece la inocuidad alimentaria, la productividad en el sector pecuario y la relación responsable entre humanos y animales.
En ese sentido, dijo que su propuesta atiende una deuda histórica con los animales y con la sociedad mexicana, al reconocerlos como seres sintientes que merecen una vida libre de sufrimiento.
“Garantizar el bienestar animal no es un gesto de compasión, es una responsabilidad moral, ambiental y social que debemos asumir como país”, concluyó la senadora ecologista.
