- Además de las situaciones médicas ocasionadas por el embarazo y el parto, las mujeres pueden sufrir diversas dolencias ginecológicas que se presentan en diferentes etapas del ciclo de vida.
Con la finalidad de ampliar el enfoque de salud hacía las mujeres, evitando que la atención ginecológica se limite sólo al embarazo, parto y puerperio, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que busca, entre otras cosas, que se reconozca la atención ginecológica integral en todas las etapas de la vida de la mujer, como un objetivo del Sistema Nacional de Salud.
La propuesta presentada por los senadores ecologistas pretende también establecer que la atención ginecológica sea considerada como un servicio básico de salud; emprender acciones de promoción, prevención, atención en ginecología integral, que abarquen más allá del embarazo y el puerperio; coordinar los servicios en materia de planificación familiar con la atención ginecológica integral, a fin de garantizar acciones de prevención, diagnóstico y acompañamiento que fortalezcan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las etapas de su vida.
Reconocieron que pese a los avances obtenidos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún enfrentan brechas estructurales que limitan su pleno desarrollo, particularmente en el acceso a servicios de salud, en donde se enfrentan a discriminación, violencia, desigualdades socioeconómicas y factores biológicos específicos de su sexo.
Señalaron que según la Organización Mundial de la salud (OMS), cada año más de 500 mil mujeres fallecen por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y la salud reproductiva, por lo que aseguraron que la atención ginecológica integral surge como un tema de especial relevancia en la agenda internacional de salud.
Dijeron que además de las situaciones médicas ocasionadas por el embarazo y el parto, las mujeres pueden sufrir diversas dolencias ginecológicas que se presentan en diferentes etapas del ciclo de vida, como la dismenorrea, el síndrome premenstrual, las hemorragias disfuncionales, el dolor pélvico, la endometriosis, los quistes de ovario, el síndrome de ovario poliquístico, los miomas, la displasia cervical, las infecciones por el virus de papiloma humano (VPH), la incontinencia urinaria y el prolapso genital.
Señalaron que en ocasiones las patologías antes mencionadas no dan sintomatología, por lo que los especialistas recomiendan acudir al ginecólogo de forma rutinaria, sin embargo, a menudo las mujeres no realizan esta práctica debido a problemas como el miedo, tabú, la falta de recursos, el acceso limitado a servicios de salud y la falta de información, además de que no se ha incentivado la cultura de la prevención, lo que provoca que la búsqueda de especialista médicos sea cuando ya una enfermedad está avanzada.
Destacaron que el sistema mexicano prioriza sus esfuerzos en temas de concepción, prevención de embarazos en niñas, y adolescentes y en atención integral en la salud materno y perinatal, por lo que subrayaron que el acceso y la calidad de la atención ginecológica y obstétrica siguen siendo un área de preocupación.
Por ello, recalcaron que la ausencia de un enfoque integral en la atención ginecológica que abarque la promoción, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también perpetúa las brechas de género en materia de salud a nivel global.
- La propuesta permitiría que egresados con alto rendimiento académico enfrenten menos obstáculos para incorporarse al mercado laboral formal.
La senadora Jasmine Bugarín Rodríguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para eximir del pago de derechos de registro y ejercicio profesional a los egresados con promedio igual o superior a 8.5, una propuesta que busca eliminar barreras económicas que impiden a miles de estudiantes obtener su título, diploma de especialidad o tramitar su cédula profesional.
Dijo que actualmente los trámites de registro profesional pueden superar los $1,500 pesos, lo que representa una barrera económica significativa para quienes recién inician su vida laboral, y recordó que, aunque la Secretaría de Educación Pública digitalizó el trámite desde 2018, los costos que deben cubrir los recién egresados persisten, dificultando su incorporación al mercado laboral.
Bugarín Rodríguez subrayó que esta situación no solo afecta la economía personal, sino que puede desincentivar la formalización profesional y limitar la competitividad laboral, por lo que indicó que eliminar estos pagos no solo facilita la titulación, sino que permite que el Estado recupere de manera más efectiva su inversión en educación pública, al asegurar que jóvenes altamente capacitados ingresen al mercado laboral sin obstáculos financieros.
Asimismo, advirtió que mantener estas cuotas contradice la reforma constitucional de 2019, que estableció que la educación superior debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Por ello, insistió en que la exención propuesta es coherente con el mandato constitucional y contribuye a cerrar la brecha entre la formación gratuita y la autorización legal para ejercer una profesión.
Explicó que su propuesta, que adiciona un párrafo tercero al artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, busca que egresados con alto rendimiento académico enfrenten menos obstáculos para incorporarse al mercado laboral formal, beneficiando tanto a su desarrollo profesional como al fortalecimiento del capital humano del país.
La legisladora por Nayarit subrayó que la exención del pago de derechos sería un incentivo directo para la excelencia académica, alineado con políticas nacionales e internacionales que premian el rendimiento destacado. Además, contribuiría a consolidar una fuerza laboral más capacitada y formalmente acreditada.
Finalmente, Jasmine Bugarín afirmó que esta reforma representa un acto de justicia para quienes se han esforzado en sus estudios y una inversión estratégica para impulsar una fuerza laboral más calificada, competitiva y equitativa en todo el país.
- Las mujeres desempeñan un papel esencial en la conservación, restauración y uso racional de los ecosistemas acuáticos.
Con la finalidad de reconocer, promover y proteger el papel de las mujeres en el sector pesquero, así como fortalecer la equidad y justicia social, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para establecer en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que las mujeres son agentes estratégicos en la gobernanza de los ecosistemas acuáticos, su restauración y aprovechamiento sustentable.
Reconocieron que históricamente la pesca y la acuacultura en México se consideran actividades dominadas por hombres, lo que invisibiliza el papel de miles de mujeres que participan en las diversas acciones relacionadas, como recolección, procesamiento, comercialización y gestión comunitaria de los recursos acuáticos, exclusión que ha limitado el ejercicio de sus derechos y la eficacia de las políticas públicas orientadas a la sostenibilidad pesquera.
Además, sostuvieron que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA) y la CONAPESCA, han reconocido que las mujeres son actores clave en la actividad pesquera, especialmente en la acuacultura rural y familiar, así como en la pesca de pequeña escala, no obstante, este reconocimiento institucional no se ha traducido en un principio normativo que guíe la política nacional, ni en disposiciones jurídicas que aseguren su participación plena y efectiva.
Por ello, a través de su propuesta buscan contribuir a una transformación estructural en el sector pesquero y acuícola, basada en la inclusión, la equidad y el respeto por quienes, históricamente, han sido guardianas del territorio, del agua y de la vida.
Resaltaron que al establecer como principio el reconocimiento del papel de las mujeres en la pesca y la acuacultura sustentable, se fortalece la coherencia normativa del sistema jurídico ambiental mexicano, alineando la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con las disposiciones ya contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con lo que se permite consolidar un enfoque de justicia ambiental con igualdad de género, reconociendo que no puede haber sustentabilidad sin inclusión.
