- Plantea incorporar su función en la Ley de la FGR para darle el carácter institucional que merece y pueda operar con mayores garantías de estabilidad y eficacia
Ante la urgente necesidad de contar con una estructura institucional sólida y eficaz para atender los delitos que atentan contra el medio ambiente en México, el diputado Fausto Gallardo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde (GPPVEM), propuso incluir dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
Lo anterior, mediante su incorporación en los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República. De esta forma, explicó el legislador, su función no sólo quedará claramente delimitada en la norma, sino que se le otorgará el rango institucional que merece, permitiéndole operar con mayores garantías de estabilidad y eficacia.
Gallardo García explicó que actualmente, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en leyes especiales se encarga de estas tareas dentro de la FGR, sin embargo, su existencia no está contemplada en la Ley de la Fiscalía General de la República, sino únicamente en un acuerdo administrativo que carece de la fuerza jurídica de una ley, lo que implica que la fiscalía puede ser modificada o eliminada a discreción del fiscal general, sin necesidad de que el Congreso de la Unión intervenga.
Por ello, dijo "contar con una Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales con sustento legal fortalecerá las capacidades del Estado mexicano para investigar y sancionar delitos que afectan directamente a los ecosistemas y a la biodiversidad. Además, permitirá una mejor coordinación con dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Guardia Nacional, lo que optimizará la respuesta institucional ante casos de daños ecológicos".
De acuerdo con la propuesta, corresponde a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, la investigación, prevención y persecución de los delitos contra el ambiente, incluyendo aquellos tipificados en el Código Penal Federal, así como en leyes especiales en materia ambiental y cualquier otro ordenamiento aplicable.
Su competencia abarca los delitos relacionados con la contaminación de cuerpos de agua, suelos y atmósfera; la gestión de residuos y sustancias peligrosas; el manejo inadecuado de actividades tecnológicas de alto riesgo; la afectación de áreas naturales protegidas; la deforestación y aprovechamiento ilícito de recursos forestales; el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre; la bioseguridad y la alteración de ecosistemas, entre otros.
Para el ejercicio de sus funciones, la fiscalía podrá actuar de oficio o a petición de parte, en coordinación con las dependencias y entidades competentes, garantizando la protección del derecho humano a un medio ambiente sano conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los compromisos internacionales en la materia.
- Esto generará beneficios importantes en materia de productividad, competitividad, empleo, salud, gasto público, reducción de las desigualdades, entre otros.
A fin de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores de nuestro país, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral máxima de 48 horas semanales a 40 horas.
La diputada Gabriela Benavides destacó que esta propuesta incluye el aumento de los días de descanso semanal de uno a dos días, lo que generará beneficios significativos en áreas como productividad, competitividad, empleo, salud, gasto público, reducción de las desigualdades y bienestar no material”.
Además, la diputada explicó que establecer jornadas laborales más razonables no solo incrementará el bienestar de los trabajadores, sino que también mejorará los esfuerzos de contratación y retención de personal, aumentará la participación laboral de las mujeres, facilitará la toma de decisiones familiares y optimizará los servicios públicos.
Lo anterior, a su vez, impulsará la eficiencia de los sistemas de transporte y fomentará la sostenibilidad ambiental.
Por otro lado, mencionó que en un estudio publicado en el 2021 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que trabajar más de 55 horas a la semana causó 745 mil muertes por accidente cerebrovascular y enfermedades cardiacas en 2016.
"La evidencia sugiere que un horario laboral prolongado puede ser perjudicial para la salud personal. Por ejemplo, se observa un aumento significativo en los niveles de estrés y ansiedad, así como en problemas como la lumbalgia y la hipertensión arterial en quienes realizan jornadas laborales extensas", afirmó la legisladora.
Finalmente, la diputada, en representación del GPPVEM, subrayó que, con la aprobación de esta reforma, México tiene oportunidad de convertirse en pionero en la reducción de la jornada laboral y ser el tercer país de América Latina en implementar esta medida trascendental.
- Entre 2017 y 2021 se abrieron 5 mil 829 carpetas de investigación por delitos ambientales, de las cuales 50.5 por ciento se concentraron en sólo ocho entidades federativas
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa que faculta a la Guardia Nacional para que pueda actuar de manera directa en la protección de los recursos naturales.
La iniciativa, que reformaría las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Federal de Responsabilidad Ambiental, y la de la Guardia Nacional, daría a la Guardia Nacional el marco normativo para que participe en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales y colabore directamente en la inspección y vigilancia de áreas naturales protegidas.
Los diputados verdes enfatizaron que las zonas forestales en México tienen una gran importancia social, además de ecológica, ya que el país alberga una gran diversidad de especies y recursos genéticos en sus ecosistemas forestales.
Señalaron que, de acuerdo con el INEGI, sólo en 2023, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, que equivale al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto.
En cuanto a denuncias por delitos ambientales, indicaron que, de 2017 a 2021, se abrieron 5 mil 829 carpetas de investigación, de las cuales 50.5 por ciento se concentraron Campeche, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, estados que cuentan con el mayor porcentaje de recursos naturales y biodiversidad del país.
Sin embargo, indicaron que existe un importante porcentaje de delitos que no se reporta y, en consecuencia, no se persigue, en parte por la poca capacidad institucional que existe para atender esta problemática.
Lamentablemente, abundaron los legisladores del Partido Verde, los esfuerzos para combatir estos delitos recaen principalmente en las autoridades ambientales y locales que no cuentan con recursos suficientes.
Sin embargo, la Guardia Nacional, que cuenta con despliegue nacional y capacidades operativas avanzadas, por lo que puede desempeñar un papel crucial en la prevención y combate de los delitos ambientales.
Con la iniciativa, apuntaron, se otorgaría a la Guardia Nacional competencia explícita en esta materia para no limitar su intervención y eficacia en la protección de los recursos naturales.