Se busca reforzar políticas de seguridad y ayudar a la prevención de delitos a través de medios digitales.
A fin de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil para regular la compra de tarjetas SIM de prepago y combatir el robo de información bancaria y extorsiones por parte de la delincuencia, el diputado del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso una iniciativa que modifica el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El registro y almacenamiento será gratuito y los datos serán eliminados de los registros luego de un año calendario del fin del servicio, por lo que se deberán recabar datos como número telefónico, nombre completo, CURP y número de identificación oficial con fotografía; en caso de ser menores de edad tiene que ser acompañado de una persona adulta que proporcione los datos requeridos y para turistas extranjeros, requerirá su nombre, nacionalidad y número de pasaporte para dicho registro.
Al presentar su propuesta, el legislador ecologista mencionó que a pesar de las propuestas de reforma que se han presentado a dicha ley para establecer un mecanismo que permita tener un control de los usuarios de tarjetas SIM, los delitos que se cometen a través de las redes de comunicación telefónica siguen en aumento, fundamentalmente, porque no son investigados y perseguidos adecuadamente.
Además, de que, según datos de Telecom, del cuarto trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2022, el número de líneas de internet aumentó de 66 a 93 líneas por cada 100 habitantes, mientras que el servicio móvil de telefonía pasó de 93 a 106 líneas por cada 100 habitantes.
Núñez Aguilar comentó que hay datos muy fuertes del INEGI y de diferentes organizaciones internacionales, donde afirman que México está entre los nueve países que más nivel de extorsión tienen a través de telefonía celular porque los usuarios desconocen quien les está llamando e incluso muchos bancos también marcan a los números privados para ofrecer servicios sin el consentimiento de las personas. "¿Quién les da esa información de nosotros?", cuestionó el diputado.
Añadió que debido al flujo de información y la facilidad con la que se pueden adquirir los servicios de internet como de telefonía, la delincuencia aprovecha los medios digitales, tan ricos en aplicaciones, para conocer u obtener información sensible de personas o de empresas para atentar contra la integridad, el patrimonio y la vida de terceros.
El legislador explicó que el padrón para el control de usuarios de telefonía móvil en países como España o Alemania obligan al registro de celulares de prepago como parte de sus políticas de seguridad y como mecanismo que contribuya a la prevención de delitos a través de los medios digitales.
Destacó que, por ello, el contar con un padrón de usuarios en México, ayudará a proteger los derechos de las víctimas y permitiría que las denuncias de este tipo de delitos sean resueltas con mayor agilidad y precisión. Con ello, se trata de facilitar el acceso a la justicia para quienes son perjudicados en su persona o patrimonio.
- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, uno de cada cinco adolescentes en México enfrenta problemas de salud mental
Con el fin de atender de manera prioritaria la salud mental de niños y adolescentes ante situaciones de estrés, ansiedad, acoso sexual, violencia o depresión por la pérdida de algún familiar o mascota, el diputado del Partido Verde, Eruviel Ávila Villegas, propuso reformar las leyes generales de Salud y Educación para que los estudiantes de escuelas públicas y privadas puedan ausentarse hasta cinco días por semestre para atender su situación emocional.
De acuerdo con la iniciativa que se presentó ante el pleno legislativo, hoy en día, la salud mental es reconocida como un componente integral del bienestar general, sin embargo, no existen disposiciones específicas que regulen la salud mental dentro del sistema educativo.
El diputado ecologista destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, uno de cada cinco adolescentes sufre algún tipo de problema de salud mental. De ellos, aproximadamente el 31 por ciento ha experimentado síntomas de depresión y el 16 por ciento ha tenido pensamientos suicidas en algún momento. En tanto, el Informe Mundial sobre Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2022, señala que la pandemia de COVID-19 aceleró de manera alarmante el incremento de trastornos de salud mental a nivel global.
El mismo organismo destaca que, entre los trastornos de salud mental en los jóvenes y que requieren de atención inmediata, están la depresión, la ansiedad, Trastornos del Espectro Autista (TEA), que dificulta la socialización y el aprendizaje; Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que afecta notablemente el rendimiento escolar y las habilidades sociales y, trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia que afectan a los adolescentes, exacerbados por la presión social y los estereotipos de imagen corporal.
Eruviel Ávila señaló que, en la actualidad, los problemas de salud mental son también, una de las principales causas de deserción escolar pues los estudiantes que sufren de ansiedad o depresión tienen hasta tres veces más probabilidades de abandonar la escuela.
Subrayó que, por ello, la propuesta de permitir días de ausencia justificada por salud mental en las escuelas mexicanas, es un paso crucial para abordar estos problemas y ofrecer a los jóvenes el apoyo que necesitan para su desarrollo integral. "La posibilidad de ausentarse de la escuela sin necesidad de justificación médica por razones de salud mental, podría ofrecer a estos jóvenes el tiempo necesario para buscar apoyo, descansar, y afrontar estos padecimientos de manera adecuada, evitando el estrés adicional de tener que cumplir con obligaciones escolares en momentos de crisis", indicó.
Añadió que, "permitir días de ausencia escolar justificada por salud mental, crea un entorno educativo más empático y sensible a las necesidades de los estudiantes. Además, contribuye a reducir el estigma asociado a los trastornos mentales, ya que valida la importancia de la salud emocional de la misma forma que se reconoce la salud física".
La iniciativa señala que el 97 por ciento de juicios familiares son promovidos por mujeres y solo el tres por ciento se concluye
Con el fin de modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, lo que agrava la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta, que se presentó, en conjunto con La Colectiva "Caso 992" (Las Novias), plantea modificar dicho Código para ayudar a las mujeres, especialmente a las que viven en condiciones precarias, a que tengan el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), durante los procesos de emplazamiento y determinación de la capacidad económica de los deudores.
La legisladora ecologista señaló que, al erradicar la peligrosidad procesal, se garantizará que los agresores no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva, suprimiendo la impunidad que enfrentan miles de familias en nuestro país.
Según datos de los Tribunales Superiores de Justicia del país, el 97 por ciento de los juicios familiares relacionados con alimentos, son promovidos por mujeres y lamentablemente apenas el tres por ciento llega a la etapa de conclusión.
De acuerdo con la iniciativa, de los pocos casos donde se dicta una sentencia o pensión alimenticia provisional, apenas el 10 por ciento se cumple, siendo que uno de cada diez menores que tiene derecho a recibir una pensión logra recibir el cobro efectivo antes de alcanzar la mayoría de edad.
Sánchez Juárez, reconoció que, "gracias a este colectivo (Caso 992), la violencia vicaria es visible en este país y ahora muchos colectivos lo están retomando para que esto pare".
Asimismo, mencionó que actualmente, las normas procesales brindan facilidades a fin de que estos agresores oculten bienes e ingresos para evitar cumplir con sus obligaciones, por lo que la carga probatoria recae injustamente sobre las víctimas, quienes deben acreditar el domicilio de los agresores, su solvencia y sus bienes, lo cual resulta imposible para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, la legisladora, en compañía de Tere Alanís, Regidora de Lerma; Ingrid de los Ángeles Tapia, lideresa de la colectiva Caso 992 y los activistas José Tapia y Magdalena Chichino, mencionó que con esta reforma se busca apoyar a las mujeres, que son cabeza de familia, a que no tengan que asignar recursos que pueden ser para sus hijos para cubrir los gastos de un juicio.
