- Reforma al ISR e IMSS busca construir una sociedad más justa e incluyente
A fin de promover el acceso de las personas con discapacidad a un empleo digno, un derecho consagrado en la Constitución Política, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Ley del Seguro Social (IMSS) para establecer que los patrones que empleen personas con discapacidad puedan obtener un estímulo fiscal consistente en el equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas contratadas.
Asimismo, plantea que los empleadores estén exentos de pagar las cuotas de seguridad social correspondientes a las personas con discapacidad que empleen.
La iniciativa, presentada ante el pleno por el diputado ecologista José Luis Hernández, señala que "se trata de promover el acceso de las personas con discapacidad a la justicia social y al ejercicio pleno de los derechos que nuestra Constitución consagra para todos los miembros de la sociedad, pero también de incentivar a los empleadores que, más allá de los apoyos y asistencia que el Estado está obligado a otorgar a quienes viven con esta condición, apuestan por la responsabilidad social e incluyen en su fuerza laboral a quienes necesitan una oportunidad para mejorar su calidad de vida".
Resalta que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del total de población en el país (126 millones 14 mil 24 personas), 5.7 por ciento (7 millones 168 mil 178 personas), tiene discapacidad y/o algún problema o condición mental.
Al presentar la propuesta el diputado Hernández Pérez resaltó que "aún enfrentamos importantes desafíos que debemos atender para asegurar que podamos disfrutar plenamente de todos nuestros derechos. Estas dificultades se ven reflejadas principalmente en las marcadas brechas que aún existen entre las personas con y sin discapacidad, especialmente en áreas cruciales para nuestro desarrollo como la participación en la comunidad o el acceso a oportunidades de empleo".
Añadió que la inclusión laboral nos beneficia a todos, por un lado, las personas con discapacidad que son empleadas encuentran alta satisfacción en su entorno laboral gracias a que se sienten útiles y productivas, asimismo, se convierten en una parte importante para la economía familiar al aportar ingresos a sus hogares, gozan de mayor autonomía e independencia, pero sobre todo mejoran significativamente su calidad de vida. Por su parte, las empresas que han contratado a personas con discapacidad las han catalogado como trabajadores leales y estables, con baja tasa de rotación y ausentismo.
Indicó que el trabajo no puede ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas el cual permite a quienes lo ejercen vivir de manera plena e independiente.
"Desde el Partido Verde, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por y para los mexicanos, especialmente por aquellos que han sido históricamente vulnerados y discriminados. Estamos convencidos que un país más equitativo y justo es posible, y es nuestra responsabilidad garantizar que cada ciudadano, sin importar su origen, condición o capacidad, tenga acceso a las mismas oportunidades de desarrollo y derechos", resaltó.
La propuesta de reforma al artículo 186 de la Ley del ISR y a los artículos 25, 106, 107 y 147 de la Ley del Seguro Social, señala que el estímulo fiscal a que se refiere la iniciativa, se otorgará a quienes contraten personas con discapacidad motriz y para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas y; discapacidad mental, auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes.
Dicho estímulo consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto equivalente al doble del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.
- En Guerrero, alrededor de 197 localidades y aproximadamente 39 mil habitantes han sido afectados por el paso del huracán
Durante una rueda de prensa, la diputada Ma. Del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, expresó su apoyo total a las víctimas del Huracán John y señaló la importancia de establecer un puente aéreo para entregar víveres a las comunidades más afectadas en la sierra, ya que las condiciones actuales de los caminos impiden el acceso a alimentos y medicamentos esenciales a los habitantes de estas zonas.
Cabrera Lagunas explicó que el huracán John ha generado deslaves, inundaciones, caminos colapsados y cosechas devastadas, por ello es necesario tomar medidas inmediatas para abordar esta crisis humanitaria y garantizar el bienestar de las personas afectadas en las zonas altas de Guerrero.
Asimismo, enfatizó que los niños y adultos mayores son unos de los sectores más afectados. De acuerdo a sus declaraciones, alrededor de 197 localidades y aproximadamente 39 mil habitantes han sido afectados en los municipios de Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Petatlan, Zihuatanejo de Azueta, Coyuca de Catalán, Ajuchitlan del Progreso, San Miguel Totolapan y General Heliodoro Castillo, entre otros, en la mayoría de estos municipios solo se puede ingresar vía aérea.
Afirmó que los comisarios, delegados, ciudadanos de la sierra, han levantado la voz para solicitar apoyo en alimentos, pues las ayudas llegan a la parte baja, además de que en el centro de Guerrero se instalaron comedores comunitarios y comedores de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), pero la legisladora pide no dejar desamparados a los habitantes de la sierra, los de la montaña y la costa chica.
La diputada Cabrera Lagunas también agradeció el compromiso de las Fuerzas Armadas para auxiliar a la población, destacando que su apoyo es invaluable para cientos de familias que esperan recibir ayuda, y este puente aéreo les será de gran utilidad para trasladar alimentos y medicinas.
Finalmente, convocó a todas las personas, incluyendo empresarios y fundaciones, a que no olviden a la gente de la sierra y sobre todo a los pueblos afromexicanos, así como a los pueblos indígenas, quienes están sufriendo mucho por la falta de víveres.
Ejidatarios de la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, afectados por la crisis hídrica de la Cuenca del Río Colorado demandan una distribución justa y equitativa de los recursos del Programa de Conservación de Agua, acordado en marzo pasado, para solventar su situación económica con un programa de descanso de tierras e infraestructura hidroagrícola.
Representados por la diputada federal Ana Erika Santana González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, comisariados ejidales del Valle de Mexicali y usuarios del Distrito de Riego 014, expusieron que su situación es crítica y externaron la necesidad de contar con el 90 por ciento de los recursos disponibles, es decir 54 millones de dólares para un programa de descanso de tierras que beneficie directamente a los usuarios del riego afectados y, por otra parte, un 10 por ciento, seis millones de dólares, para infraestructura hidroagrícola, infraestructura y crisis hídrica.
La diputada por Baja California, explicó que la Cuenca del Río Colorado, abastece a más de 40 millones de personas, en siete estados de la Unión Americana, así como a la región fronteriza de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. Sin embargo, este río enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, la mayor sequía en los últimos 100 años, acentuada desde finales de los años noventa.
Ante ello, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y su contraparte estadounidense, la IBWC, acordaron como medidas adicionales de emergencia, en el Acta 330, firmada el 21 de marzo de este año, un programa de conservación de agua, lo que implica que dejará de enviar a México, 493.4 millones de metros cúbicos en el inter de los años 2024, 2025 y 2026.
Así mismo, en el acta, se establecieron 65 millones de dólares como compensación por los recortes que afectan directamente a los derechos de riego de los usuarios y a partir de ello, se propuso por parte de los usuarios de riego, un pago de mil 250 dólares por hectárea que se decida voluntariamente poner en descanso.
Los comisariados ejidales precisaron que las tierras que se descansan, son las menos productivas, las que se irrigan con agua de gravedad y donde se siembran cultivos con precios deprimidos,
No obstante, señalan que la situación es crítica considerando las condiciones productivas de esas tierras, de esta manera, dicha compensación de CILA representa en la actualidad el único sustento de los agricultores.
Por otra parte, indican que la cantidad que sugiere la autoridad de agua, la Conagua y el DR 014, para el descanso de tierras, siete mil pesos por hectárea, no es suficiente para la supervivencia y recuperación económica de los agricultores, por lo que recibir dicha cantidad generaría graves problemas sociales y productivos.
La diputada ecologista, resaltó que es por esta razón que los usuarios proponen una distribución más justa, equitativa, transparente y humanitaria de los acuerdos y, además, proponen utilizar los recursos aún disponibles del orden de 21.5 millones de dólares, del Acta 323, firmada en el 2017, para ejercerlos en el desarrollo de infraestructura hidroagrícola.
