Con la venia de la Presidencia.
Los primeros meses de este año han llegado con un panorama complicado en donde las condiciones económicas del exterior se combinan con un mercado interno disminuido.
Por si fuera poco, el contexto nacional se complica al observar que la relación de cooperación con nuestros vecinos del norte cada vez se ha complicado más, pues ahora recibimos amenazas impositivas en vez de propuestas de trabajo bilateral.
Estamos ante un momento complejo, pero debemos estar ciertos que, ante la crisis, surgen oportunidades para poner en marcha acciones que nos fortalezcan, no debemos caer en la apatía y en la desesperanza.
Ante este contexto, desde el Gobierno Federal se han impulsado diversas acciones que tiene como finalidad apoyar a la economía familiar, se tiene mayor cuidado en el gasto público, se han reduciendo las partidas presupuestales destinadas al gasto corriente en las dependencias federales, se detallaron con precisión los proyectos prioritarios para la nación, se han facilitado las participaciones de los ciudadanos en la revisión de las cuentas públicas.
Pero el reto va más allá de estas acciones y nos exige tomar medidas de mayor impacto, sobre todo en los ámbitos donde se percibe la necesidad de una reducción presupuestal, siendo uno de ellos el tema electoral, específicamente en lo que corresponde a los tiempos y gastos en las campañas electorales.
Por lo anterior, es que presento junto al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, dos propuestas cuya intención es reducir los costos que implican realizar algunas actividades de nuestro sistema político, sin que ello signifique sacrificar ninguno de los derechos civiles y políticos de la población, mucho menos el influir negativamente en el ejercicio de los valores democráticos que con tanto esfuerzo hemos construido en nuestro país.
La legislación actual permite a los actores políticos realizar campañas para dar a conocer a la ciudadanía las plataformas de cada opción política.
Si bien la ley es generosa con el tiempo que otorga para las campañas, también contiene en sí misma un defecto, pues los lapsos manejados en la norma permiten campañas electorales muy largas, las cuales generan tres grandes problemas. Primero, fastidio de la ciudadanía ante la sobre-exposición de mensajes políticos derivados de las pre-campañas y de las campañas; segundo, costos financieros y ambientales muy excesivos; y tercero, agotamiento del personal de las instituciones encargadas de verificar que las campañas se realicen de acuerdo a las reglas del juego.
Grandes cantidades de mensajes emitidos tanto en medios tradicionales como los espectaculares o en volantes, así como el uso de elementos audiovisuales y virtuales, son pagados con dinero de los contribuyentes.
Lamentablemente cantidad no es igual a calidad, y esto ha quedado demostrado en el creciente hartazgo que aumenta en cada proceso electoral.
Spots en radio y televisión a toda hora, sin contar los mensajes en redes sociales y en la vía pública, saturan a los ciudadanos de información que muchas veces no ayuda en el fortalecimiento de la participación ciudadana en democracia.
No hemos mejorado el modelo de comunicación política, que obliga a la generación de miles de mensajes pero con poco contenido, y si en ello hemos fallado, en este momento podemos aligerar la carga presupuestal reduciendo los tiempos y el presupuesto en las actividades previas a una elección.
La propuesta que pretendo explicarles se divide en dos: una reforma constitucional y otra a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Si bien hablo de dos ámbitos de aplicación diferentes, en general ambas iniciativas pretenden reducir los tiempos de las campañas, con el propósito de lograr los siguientes objetivos, reducir el costo de los procesos electorales; incrementar la eficiencia de las campañas electorales; y reducir la exposición de los votantes a contaminación audiovisual.
Por un lado, la iniciativa constitucional pretende establecer un lapso de duración único de 30 días para las campañas electorales de todos los legisladores, ya sean senadores, diputados federales o locales.
En cuanto a la ley secundaria, se presentan modificaciones derivadas de la propuesta de reforma constitucional, pues al reducir el tiempo de las campañas electorales, se debe ajustar también la duración de las precampañas.
Bajo este argumento, propongo que las precampañas para la elección de senadores, diputados federales y locales, queden sujetas a un tiempo máximo de 20 días.
Los beneficios que se obtendrán con la aprobación de estas iniciativas se concentran en la atención del constante clamor ciudadano que pugna por la reducción de la duración y costos de las campañas electorales.
Debemos trabajar para devolver la confianza a las mexicanas y a los mexicanos en sus instituciones, por medio de acciones que escuchen la voz del pueblo.
Termino comentando, que no podemos seguir hablando de impedir una libre participación de los diversos actores políticos en el área electoral, si no tenemos una reducción real de los tiempos asignados para la socialización de ideologías políticas y programas de gobierno, sin distinción alguna.
Es cuanto.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
