- Se busca castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir y prevenir la comisión de conductas contra el entorno ecológico
Con el fin de adoptar medidas que fortalezcan la protección del medio ambiente, si como disuadir y prevenir actividades que dañen o destruyan el medio ambiente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar las leyes penales y ambientales para tipificar como delitos graves estas conductas y sancionar hasta con diez años de prisión, cuando el perjuicio al entorno ecológico se realice con dolo, es decir, con el pleno conocimiento de que se está cometiendo un delito.
Para ello, la bancada del Partido Verde, plantea reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código de Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de incluir como delitos graves diversas conductas que dañan el entorno ecológico y elevar las penas vigentes para contemplar hasta diez años de prisión y multas, hasta el doble de severas, para quienes cometan ilícitos como el desmonte y la destrucción de áreas forestales, el transporte y comercio ilegal de maderas, las peleas de perros, la caza ilegal y la comercialización de especies de flora y fauna silvestre.
Asimismo, el daño a ecosistemas críticos como los manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales o de vida silvestre a nuestro país que porten enfermedad contagiosa, y que propaguen la enfermedad en nuestros ecosistemas. También la descarga inapropiada de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, y la disposición de desechos contaminantes en suelos y cuerpos de agua, prácticas que comprometen la salud ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.
De acuerdo con la iniciativa, se propone castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten. Con esto se busca proteger los recursos naturales de cualquier ilícito y garantizar el derecho al medio ambiente sano como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", resalta la propuesta.
Al presentar la propuesta ante el pleno legislativo, la diputada ecologista, Gabriela Benavides Cobos, destacó que es alarmante ver cómo los delitos ambientales son cada vez más frecuentes en nuestro país. Señaló que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2016 estos crímenes ambientales generaron entre 91 mil millones y 259 mil millones de dólares a nivel global, situándolos como el cuarto crimen más lucrativo a nivel internacional, solo por detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.
Añadió que, además, cada año, perdemos aproximadamente 500 mil hectáreas de bosques debido a la tala ilegal, mientras que la caza furtiva y el tráfico de especies en peligro de extinción no solo están diezmando nuestra fauna, sino también debilitando la capacidad de nuestros ecosistemas para sostener la vida.
Es por ello que propuesta del Partido Verde, dijo, se centra en tres pilares fundamentales: Aumentar las sanciones para quienes atenten contra los recursos naturales, como la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la caza y el tráfico ilegal de especies; clasificar los delitos ambientales como graves, para asegurar su plena persecución y, por último, fortalecer la reparación del daño ambiental, exigiendo no solo la compensación económica, sino la restauración de los ecosistemas dañados a través de sanciones y multas adecuadas.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Medio Ambiente para su discusión y dictamen.
- La propuesta busca informar y otorgar a los consumidores el derecho de saber qué adquieren y aplican en el cuerpo
Con el objetivo de proteger la salud de las personas y fomentar el consumo informado, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Partido Verde, propuso reformar el artículo 272 de la Ley General de Salud, para que los productos cosméticos que contienen sustancias con potencial riesgo cancerígeno, como el aluminio o los parabenos, incluyan advertencias sobre riesgos en su etiquetado.
En su propuesta, la legisladora expuso que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es una de las enfermedades de mayor incidencia a nivel mundial, con 2.3 millones de nuevos casos y 670 mil muertes anuales. Tan solo en México, se detectaron 23 mil 700 nuevos casos en 2022 en personas de 20 años o más.
Sánchez Juárez mencionó que de acuerdo con investigaciones científicas diversos productos de cuidado personal, como cosméticos, lociones, shampoos, desodorantes, conservadores, que contienen aluminio y parabenos pueden interferir en el sistema hormonal y aumentar el riesgo de contraer cáncer de mama.
"En un estudio del Reino Unido se encontraron rastros de cinco tipos de parabenos en tumores de mama de 19 de las 20 mujeres examinadas", detalló.
Asimismo, señaló que el Instituto Nacional de Cáncer y otros organismos, han indicado que los compuestos de aluminio y parabenos utilizados en antitranspirantes pueden ser absorbidos a través de la piel y actuar como estrógeno en el organismo, estimulando el crecimiento de células cancerígenas.
Al presentar su propuesta, la legisladora aclaró que esta iniciativa no pretende que el Estado sea prohibitivo con el consumo de estos productos, ni tampoco alarmar a los ciudadanos, sino informar y otorgar a los consumidores el derecho de saber qué adquieren y aplican en el cuerpo.
De igual forma, la diputada, realizó una invitación a los empresarios y fabricantes para innovar y considerar fórmulas libres de estas sustancias potencialmente peligrosas, sumándose a una visión de salud y de responsabilidad social.
PROPONE PARTIDO VERDE GARANTIZAR SEGURO DE GASTOS MAYORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
Buscando construir una sociedad más solidaria y equitativa, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Partido Verde, presentó una propuesta que modifica la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguro a fin de garantizar un seguro de gastos mayores para personas de la tercera edad.
Al presentar su propuesta ante el pleno, Nayeli Fernández indicó que este fondo ayudará a que los adultos mayores de 60 años vean una disminución en las primas de los seguros de gastos médicos, lo que aliviaría una carga económica considerable, siendo que un seguro de esta índole no dependa de la edad, sino del compromiso y la lealtad de quienes han aportado al sistema a lo largo de sus vidas.
El objetivo de esta iniciativa radica en integrar fondos especiales a través de fideicomisos privados irrevocables, para contar con recursos financieros complementarios que sean destinados, como medida de compensación y redistribución, al pago total o parcial de las primas correspondientes a los seguros contratados por personas físicas mayores de 60 años, en los cuales funjan como asegurados.
Se explica que la fuente de recursos para dicho fondo deberá provenir de un porcentaje del monto cobrado por concepto de primas en el ramo de salud, por parte de la Institución de Seguros correspondiente, el cual no podrá ser inferior al 3 por ciento.
Dentro de la iniciativa, también se incluye que en los costos de las primas para gente mayor a 60 años se tome en cuenta para su cálculo, la inflación general y no la inflación médica que llega ser hasta casi tres veces mayor, lo cual daría beneficios a este sector de la población.
“Aunque sigue siendo responsabilidad del Estado garantizar el acceso a servicios de salud, el sector privado puede desempeñar un papel complementario”, explicó la legisladora ecologista.
En el desarrollo de su propuesta, subrayó que los adultos mayores tienen mayores probabilidades de enfrentar problemas de salud que requieren atención médica y según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el costo medio por siniestro en el país es de aproximadamente 129 mil pesos, lo cual equivale a más de once meses de ingresos para los adultos mayores de 60 años.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 2.99 millones de personas en este sector de la población, carecen de acceso adecuado a servicios de salud. Esto preocupa ya que a medida que las personas envejecen, sus ingresos tienden a disminuir y sus probabilidades de sufrir enfermedades aumentan, encontrándose imposibilitados para pagar un seguro médico debido a su edad.
“La situación que enfrentan nuestros adultos mayores es un problema público que requiere nuestra atención y acción inmediata. Al abordar este desafío, no solo estamos protegiendo a un grupo vulnerable, sino que también estamos construyendo una sociedad más equitativa y solidaria”, señaló.
