- Se adicionan dos artículos a la ley vigente para delimitar, supervisar y sancionar el uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos
Con el fin de proteger a los usuarios de llamadas y mensajes no deseados, el diputado Luis Orlando Quiroga, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para delimitar, supervisar y sancionar el uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos.
La iniciativa que propone adicionar un artículo 191 Bis y un artículo 191 Ter a la citada Ley, tiene como objetivo regular las comunicaciones no solicitadas y reforzar los mecanismos institucionales que hoy se tienen de protección a los datos personales y el derecho a la privacidad.
Asimismo, establecer que, en ausencia del consentimiento referido, se considerará como una comunicación no solicitada y será sujeta a sanciones.
También señalar que los concesionarios de telecomunicaciones y cualquier persona física o moral que utilice redes públicas de telecomunicaciones para emitir comunicaciones masivas deberán: consultar los registros establecidos por las autoridades competentes en los que los usuarios se inscriben para evitar publicidad u otros servicios no solicitados.
Además, deberán abstenerse de contactar a quienes figuren en dichos registros; garantizar que sus plataformas tecnológicas implementen filtros de exclusión automatizada y proporcionar mecanismos inmediatos para que el usuario solicite ser eliminado de sus bases de datos.
En su exposición de motivos, el diputado ecologista resaltó que las llamadas y mensajes no solicitados con fines de diversos tipos, entre los que se encuentran los publicitarios y los de cobranza e incluso los fraudulentos, representan una afectación directa al derecho a la privacidad de las personas.
Señaló que este problema ha crecido a la par del uso de tecnologías automatizadas aplicadas al intercambio de datos personales sin autorización para fines comerciales, lo que ha generado molestias cotidianas para las personas, principalmente en relación con estafas, falta de certeza y una percepción ciudadana de indefensión ante los abusos.
Por ello, explicó, la iniciativa tiene como objetivo dotar a la nueva autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de atribuciones claras y precisas para delimitar, supervisar y sancionar el posible uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos.
Asimismo, modifica la Ley para que los concesionarios se vean obligados a consultar los diferentes registros existentes.
Aunado a ello, dado que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la Profeco pasarán por una transformación orgánica, es necesario que una ley vigente cuide la utilización de los datos personales de los usuarios y garantice su derecho a la privacidad.
- Más de 200 mil pastillas de fentanilo y 100 artefactos explosivos asegurados con apoyo de binomios caninos entrenados bajo estrictos protocolos.
- Estos ejemplares son clave en seguridad y protección civil; urge informar que su entrenamiento es ético y libre de maltrato.
El Partido Verde en el Senado de la República reconoce la labor de los binomios caninos en tareas de seguridad y protección civil, por lo que exhortó a la Guardia Nacional y demás instituciones gubernamentales a informar de manera clara sobre los cuidados que reciben estos ejemplares durante su preparación, con el fin de desmentir los falsos rumores sobre su presunta exposición a sustancias tóxicas durante el entrenamiento.
Mediante un Punto de Acuerdo senadoras y senadores del Verde indicaron que los perros entrenados para la detección de narcóticos son parte fundamental en las tareas de seguridad, sanidad y protección civil, por lo que es indispensable garantizar y comunicar el trato digno, ético y profesional que reciben durante su preparación y servicio.
Actualmente, instituciones como la Guardia Nacional, la SEDENA, SENASICA y la Agencia Nacional de Aduanas trabajan con binomios caninos especializados que han demostrado una efectividad de hasta el 99 por ciento en la detección de estupefacientes, armas y explosivos, gracias a métodos de adiestramiento basados en recompensas, sin contacto directo con drogas reales.
Tan solo hasta septiembre de 2024, la Compañía Canina de la Guardia Nacional reportó el aseguramiento de más de 15 mil 700 kilos de marihuana, 211 mil pastillas de fentanilo, mil 500 kilos de metanfetamina y más de 100 artefactos explosivos gracias a la labor de sus 340 ejemplares, entre ellos pastores belgas malinois, pastores alemanes y labradores.
Los legisladores subrayaron que los falsos rumores sobre la inducción de adicciones en los perros entrenados carecen de fundamento, pues existen protocolos rigurosos, basados en aromas sintéticos y métodos científicos, que aseguran su bienestar físico y emocional.
Por ello, propusieron una campaña nacional de difusión que refuerce la confianza ciudadana en el trabajo de los binomios caninos y en el compromiso institucional con la protección animal, en congruencia con el artículo 4º constitucional y la legislación ambiental vigente.
- “La lucha contra el cambio climático debe ser una política pública integral, no un pretexto para recaudar sin resultados”, advirtió el senador ecologista.
Para evitar que los gobiernos estatales impongan impuestos ambientales sin criterios técnicos y contrarios a la estrategia nacional, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, presentó una iniciativa para que sea exclusivamente el Gobierno Federal quien tenga la facultad de fijar contribuciones relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Esta reforma añade un nuevo párrafo al artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático que busca alinear las acciones climáticas de México bajo un modelo federal coordinado, conforme a los compromisos internacionales que ha firmado el país.
El senador advirtió que imponer impuestos estatales sin sustento científico ni un inventario de emisiones resulta ineficaz, ya que genera fuga de emisiones, frena la competitividad y obstaculiza el cumplimiento de las metas climáticas globales. Además, señaló que estas medidas no contribuyen de manera real a la mitigación del cambio climático.
Ramírez Marín explicó que, a diferencia de los contaminantes locales que afectan la calidad del aire y se regulan a través de normas mexicanas específicas, los gases de efecto invernadero tienen una distribución homogénea en todo el planeta, por lo que las políticas para su mitigación deben tener un enfoque coordinado desde la federación, y no decisiones aisladas desde los estados.
"La lucha contra el cambio climático debe ser una política pública integral, no un pretexto para recaudar sin resultados", advirtió el senador ecologista.
Asimismo, indicó que su iniciativa también establece que solo el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), podrá coordinar un sistema de comercio de emisiones alineado a compromisos climáticos globales. Este incluirá a sectores que generen más de 25 mil toneladas anuales de GEI, y permitirá identificar proyectos compensatorios que puedan ser financiados con recursos internacionales.
Recordó que fenómenos como el huracán Otis, que devastó Acapulco en octubre de 2023, evidencian la urgencia de actuar de manera coordinada y responsable frente al cambio climático, con políticas públicas basadas en ciencia y no en ocurrencias recaudatorias.
Finalmente, el senador yucateco reafirmó que su iniciativa es necesaria para fortalecer la gobernanza climática, evitar contradicciones entre órdenes de gobierno y cumplir con los compromisos internacionales de México. “La lucha contra el cambio climático requiere unidad, visión nacional y políticas públicas con base científica, no improvisaciones estatales”, concluyó Ramírez Marín.