- Propuesta corrige inequidades y fortalece la responsabilidad ambiental de los grandes consumidores.
- Agroindustria y minería deberán pagar hasta 20% más por el uso de agua y territorio nacional.
La senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, presentó ante el pleno del Senado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos con el fin de establecer un esquema más equitativo en el pago por el uso del agua y actualizar las cuotas de concesiones mineras, corrigiendo un modelo que actualmente beneficia principalmente a los grandes consumidores y empresas extractivas, dejando en desventaja a los pequeños productores y a la sociedad en general.
La legisladora explicó que actualmente el sector agropecuario, pese a consumir alrededor del 81 por ciento del agua concesionada en el país, no paga por el uso del recurso, salvo en casos de excedente, donde la tarifa es de apenas 24 centavos por metro cúbico. Esta situación, señaló, genera un subsidio implícito a la agroindustria, desincentiva el ahorro e ignora los costos ambientales de la sobreexplotación hídrica.
Castrejón Trujillo señaló que su iniciativa plantea un incremento del 20 por ciento en las tarifas por hectárea minera y en la cuota base de agua para la agroindustria, lo que permitirá fortalecer la recaudación y destinar recursos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para ampliar la cobertura de dispositivos de medición y tecnificación en el campo, priorizando a los pequeños productores.
De acuerdo con la legisladora, este ajuste no introduce nuevos impuestos ni genera distorsiones abruptas, sino que corrige un esquema obsoleto y regresivo. “No se puede seguir subsidiando el uso indiscriminado del agua y el territorio en beneficio de unos cuantos. Esta reforma garantiza justicia social, responsabilidad ambiental y sostenibilidad para el futuro”, afirmó.
Además, plantea cuotas diferenciadas de acuerdo con el volumen consumido, la zona de disponibilidad y el tipo de fuente (superficial o subterránea). De esta forma, se busca incentivar la reducción de la demanda en zonas con alta presión hídrica y proteger a los pequeños productores, quienes quedarán exentos del pago mientras no rebasen su concesión.
Castrejón Trujillo explicó que la iniciativa está alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento. “Con esta reforma México da un paso firme para asegurar que los grandes consumidores paguen lo que corresponde y que esos recursos se reinviertan en la conservación y el manejo responsable del agua y el territorio nacional”, apuntó.
