Con el fin de establecer medidas claras y específicas que garanticen la inclusión laboral de personas con discapacidad en la modalidad de teletrabajo, la diputada Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa plantea que los patrones que implementen la modalidad de teletrabajo, estarán obligados a la contratación inclusiva para personas con discapacidad ofertando la preferencia para ocupar espacios laborales a éstas y eliminando cualquier forma de discriminación.
“Esta iniciativa busca promover un entorno laboral más inclusivo y equitativo, asegurando que las personas con discapacidad tengan acceso a oportunidades laborales dignas y acorde a sus capacidades.”, explica la legisladora ecologista.
La propuesta de adición de un artículo 330-L Ter a la Ley Federal del Trabajo, establece también que los patrones deberán proporcionar los ajustes razonables y tecnologías accesibles que permitan el desempeño adecuado de sus funciones, incluyendo software adaptado, equipos especializados y accesibilidad digital;.
Asimismo garantizar la igualdad de condiciones en materia de derechos laborales, prestaciones y capacitación continua para las personas con discapacidad en la modalidad de teletrabajo.
Además, deberán fomentar la sensibilización y capacitación de empleadores y trabajadores sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, promoviendo una cultura de respeto y equidad.
También plantea la obligación de incorporar un enfoque de género en la aplicación de estas disposiciones, asegurando la igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad y promoviendo medidas que faciliten su acceso y permanencia en el teletrabajo.
Finalmente, establece que los patrones deberán establecer medidas de supervisión y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de estas disposiciones, garantizando la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en el teletrabajo.
Noyola Cervantes resalta que tras la pandemia del COVID-19 en México, entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, en donde establecieron las bases para el trabajo a distancia, conocido coloquialmente como home office , pero en esta reforma no se contemplan las disposiciones específicas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad en esta modalidad, por lo que es necesaria la reforma que se plantea.
- En México, durante el 2023, el 75% de las personas trabajadoras reportaron sufrir estrés laboral o desgaste ocupacional.
La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una propuesta para reformar la Ley del Seguro Social, a fin de establecer que, dentro de los riesgos de trabajo, se considere el intento de suicidio derivado de los trastornos mentales reconocidos en la Ley, estos son: ansiedad; trastornos del ciclo sueño-vigilia; estrés y depresión.
La diputada Licerio Valdés, señaló que la salud mental en el ámbito laboral ha cobrado una creciente relevancia en México y en el mundo. Factores como el estrés crónico, la sobrecarga laboral, el acoso en el trabajo y la falta de acceso a servicios especializados han contribuido a un aumento en las enfermedades psicológicas relacionadas con el empleo. "Reconocer estos riesgos es fundamental para garantizar el bienestar de los trabajadores y fortalecer la protección social", afirmó la legisladora.
Asimismo, señaló que a pesar de los avances en la legislación laboral, la Ley del Seguro Social aún presenta limitaciones. En su artículo 46, se establece que las incapacidades o siniestros ocasionados por intentos de suicidio no están cubiertas, dejando sin protección a quienes sufren afectaciones emocionales graves derivadas de sus condiciones laborales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2019 casi mil millones de personas en el mundo padecían algún trastorno mental, siendo estas condiciones algunas de las principales causas de discapacidad a nivel global. En México, durante el 2023, el 75% de las personas trabajadoras reportaron sufrir estrés laboral o desgaste ocupacional, evidenciando la magnitud del problema.
Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha señalado que México se encuentra entre los países con mayor fatiga por estrés laboral, causada por factores como bajos salarios, falta de prestaciones, largas jornadas, desplazamientos largos, desigualdad de género, además de casos de abuso y acoso en el trabajo.
“Estos factores contribuyen a un deterioro emocional que puede derivar en trastornos mentales severos. Por ello, reconocer esta realidad es crucial para atender el impacto emocional y psicológico que enfrentan los trabajadores en sus condiciones laborales”, afirmó la legisladora.
Cabe resaltar que su propuesta busca que la legislación sea coherente y proteja integralmente a quienes enfrentan trastornos mentales vinculados a su trabajo. Pues, actualmente, el artículo 46 de la Ley del Seguro Social excluye de protección a quienes hayan sufrido un intento de suicidio, sin hacer distinción alguna. Esto implica que, incluso si las lesiones derivan de un trastorno mental relacionado con el trabajo, no están cubiertas, lo que representa una contradicción en la protección social.
Por ello, la diputada Licerio Valdés propone modificar la ley para que los riesgos de trabajo incluyan también las lesiones ocasionadas por trastornos mentales, incluyendo los intentos de suicidio.
Con esta iniciativa, se busca fortalecer el marco legal para proteger la salud mental de los trabajadores y garantizar que la ley refleje la realidad y los desafíos que enfrentan en su día a día laboral y al mismo tiempo reafirma el compromiso del Estado con el bienestar y la dignidad de todos los trabajadores mexicanos.
- La iniciativa busca establecer una compensación mínima del 35 % del costo del boleto
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar el artículo 52 y adicionar el artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de establecer una compensación mínima del 35 por ciento del costo del boleto para los pasajeros afectados por la sobreventa de vuelos comerciales.
La propuesta también contempla que dicha compensación sea cubierta por las aerolíneas en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
En el desarrollo de su iniciativa, el legislador señaló que la normativa vigente permite a las aerolíneas la sobreventa de vuelos, una práctica legal pero problemática para los usuarios del transporte aéreo. “En muchos casos, esta situación vulnera sus derechos como consumidores, generando molestias, retrasos y complicaciones que afectan directamente su experiencia de viaje”, afirmó.
Explicó que la sobreventa responde a una estrategia comercial basada en proyecciones de inasistencia de pasajeros, lo que permite a las aerolíneas maximizar su operación y reducir costos. No obstante, advirtió que esta lógica también puede traducirse en afectaciones significativas para los pasajeros que sí se presentan puntualmente y, aun así, no pueden abordar por falta de espacio disponible.
Quiroga Treviño recordó que, actualmente, la Ley de Aviación Civil establece una compensación del 25 por ciento del valor del boleto, además de la obligación de cubrir gastos como hospedaje y alimentación en ciertos casos. Su propuesta busca aumentar este porcentaje y reducir el plazo para su cumplimiento, garantizando un resarcimiento más justo y oportuno para los pasajeros afectados.
El legislador destacó que en diversos países ya se han implementado regulaciones más estrictas sobre esta práctica, con el fin de proteger los derechos de los consumidores. En ese sentido, su propuesta busca que México avance hacia un modelo que equilibre los intereses de las aerolíneas con los derechos fundamentales de los usuarios del transporte aéreo.
La iniciativa también contempla medidas específicas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que viajan con menores. Entre las disposiciones propuestas se incluye el acceso gratuito al registro en aeropuertos y la garantía de mantener el derecho al pase de abordaje.
Asimismo, se reafirma el derecho de todo pasajero a conservar su pase de abordar siempre que se haya presentado dentro del plazo establecido, conforme a la normativa vigente, evitando así exclusiones arbitrarias por motivos administrativos.
La iniciativa también estipula que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar un proceso de compra y registro claro y transparente, además de promover la disponibilidad de infraestructura operativa gratuita en los aeropuertos, con énfasis en facilitar el acceso a servicios de registro para quienes no cuentan con medios digitales.
“Con esta medida, se busca dar un paso firme hacia una aviación más justa, accesible y equitativa”, concluyó el diputado.