- La reforma, que se aprobó por unanimidad, prohíbe la reproducción de estos ejemplares con fines distintos a la reintroducción, repoblación o traslado para su conservación
En un paso firme hacia la protección y el bienestar animal, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), que reforma la Ley General de Vida Silvestre. La iniciativa prohíbe el uso de mamíferos marinos en espectáculos y regula estrictamente su manejo en cautiverio.
La reforma, que se aprobó ayer en el pleno legislativo con la unanimidad de 415 votos, tiene como objetivo la conservación, el respeto y la protección de especies como delfines, ballenas, manatíes, focas y leones marinos.
Al hablar en pro de la reforma, el diputado Carlos Puente Salas, coordinador de la bancada del Partido Verde, externó que después de 14 años de trabajo de sensibilización, se logró aprobar en ambas cámaras la propuesta del Verde Ecologista que incluye sanciones severas para quienes incumplan la ley.
“Hoy reconocemos y le decimos a México que hemos cumplido, que desde el Verde cumplimos una palabra empeñada y que seguiremos adelante con una agenda en la cual vamos a seguir haciendo una amplia convocatoria a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República para que podamos construir un mejor país a favor de esos seres vivos, de esos animales que también sienten, que también sufren y que no podemos anteponer el egoísmo de los humanos donde les arruinamos la vida por diversión o por negocio”, aseveró.
Puente Salas agradeció a México y dijo que “desde el Verde nos sentimos muy orgullosos de haber cumplido con un compromiso y avanzar en tener una mayor conciencia ambiental y sobre todo el poder darles protección a nuestros animales, en este caso en específico a los mamíferos marinos, terminando con este mal negocio mal llamado delfinarios”.
Entre los principales cambios a la ley, que se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, se encuentran prohibir el uso de mamíferos marinos en espectáculos públicos y actividades que no tengan fines de investigación científica o educación orientada a su conservación.
Asimismo, se prohíbe la reproducción de estos ejemplares con fines distintos a la reintroducción, repoblación o traslado para su conservación y se regula estrictamente la captura de mamíferos marinos, sólo permitida bajo protocolos científicos avalados por instituciones académicas o de investigación registradas.
También contempla la obligación de presentar un protocolo completo al solicitar la captura de ejemplares, que deberá ser evaluado por la autoridad correspondiente y reconoce los derechos adquiridos de propietarios y poseedores de mamíferos marinos bajo cuidado profesional, permitiendo la continuidad de las actividades aprobadas previamente hasta el fallecimiento de los ejemplares actuales.
Además, establece un régimen transitorio, para propietarios de mamíferos marinos que los obliga a presentar un inventario detallado de los ejemplares bajo su custodia en un plazo de 90 días.
Con los cambios, se obliga a los propietarios y poseedores a financiar la manutención y cuidados de crías nacidas en cautiverio, a no utilizar ejemplares para fines lucrativos, les pide notificar a la SEMARNAT sobre nacimientos y posibles liberaciones de ejemplares en su hábitat natural y solo permitir actividades con cetáceos que impliquen interacciones limitadas y sin contacto físico invasivo.
Con esta reforma, los diputados Verdes reafirman su compromiso con la defensa de los derechos de los animales y el desarrollo de políticas públicas orientadas a una convivencia más ética y responsable con la naturaleza.
- La propuesta busca facultar a la Guardia Nacional para colaborar y coordinarse con autoridades ambientales en la salvaguarda de cualquier ecosistema
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reserva, presentada por el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué del Partido Verde Ecologista de México, a la Ley de la Guardia Nacional, que tiene como objetivo fortalecer la protección de los bosques, selvas y áreas naturales del país. La iniciativa propone que la Guardia Nacional pueda coadyuvar y coordinarse con las autoridades ambientales competentes para salvaguardar estos ecosistemas esenciales para la vida.
La propuesta establece que la Guardia Nacional actuará en conjunto con las autoridades ambientales en la protección de los recursos naturales, así como en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales que representen un riesgo para la seguridad pública, tales como la tala ilegal, el tráfico de especies y la degradación o contaminación de ecosistemas.
Durante su intervención, el diputado Bolaños-Cacho destacó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cinco actividades más lucrativas del crimen organizado en el mundo son, narcotráfico, falsificación, tráfico humano, tráfico ilegal de petróleo y tráfico de vida silvestre. En este contexto, señaló la necesidad de dotar a la Guardia Nacional de herramientas jurídicas más amplias y claras para salvaguardar el patrimonio natural del país, integrando de forma explícita entre sus funciones la protección y conservación del medio ambiente.
Finalmente, el legislador del Partido Verde agradeció a los diputados de todas las fuerzas políticas por respaldar esta propuesta, que busca asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones. “Dotaremos a nuestros bosques, selvas y áreas naturales de la protección de la Guardia Nacional”, subrayó.
- Los recursos recaudados a través de estas multas serán destinados a la creación y mantenimiento de centros especializados en atención a perros y gatos
El diputado Iván Marín Rangel, integrante del Grupo Parla del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esta propuesta busca establecer multas que van de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes realicen actividades clandestinas de crianza y comercialización de perros y gatos, así como a quienes maltraten a estos animales.
De acuerdo con la propuesta del diputado Marín Rangel, los recursos recaudados a través de estas multas serán destinados exclusivamente a la creación y mantenimiento de centros especializados en la atención canina y felina.
“Con estos espacios se buscará brindar cuidado adecuado a los animales que son víctimas de abandono, maltrato o que simplemente requieren un entorno seguro y digno para su desarrollo”, explicó.
La propuesta enfatiza la importancia del vínculo afectivo entre humanos y animales de compañía. “Este vínculo mejora la calidad de vida y fomenta un ambiente de respeto y responsabilidad social hacia los seres vivos”, señaló el legislador.
Sin embargo, la realidad en México refleja un panorama preocupante en cuanto a la protección animal. Según el Índice de Mascotas sin Hogar presentado por Mars Pet, aproximadamente 27.9 millones de perros y gatos viven en la calle. De los 88 millones de estos animales en el país, sólo 60 millones cuentan con un tutor, mientras que millones se encuentran en situación de abandono o en albergues con recursos limitados, problema que se agrava año con año y deja visible la falta de empatía y responsabilidad en el cuidado animal.
Por lo anterior, esta iniciativa busca enfrentar esta problemática con multas ejemplares para desalentar la crianza clandestina, la comercialización irregular y el maltrato de perros y gatos, esto ayudará a promover una cultura de respeto y bienestar animal, erradicando el sufrimiento físico y psicológico que padecen miles de ejemplares.
La iniciativa establece que únicamente se permitirá la crianza, reproducción y comercialización de perros y gatos en lugares autorizados conforme a las normas oficiales mexicanas. “Las entidades federativas, junto con municipios y alcaldías, serán responsables de imponer las multas correspondientes a quienes violen estas disposiciones”, detalló el diputado ecologista.
Finalmente,el legislador resaltó que esta iniciativa representa un paso significativo hacia la consolidación de un marco legal más riguroso en favor del bienestar animal en México.
