- El senador del PVEM solicitó a la SEMARNAT y a la ASEA una evaluación rigurosa del megaproyecto gasífero Saguaro, debido a su posible impacto en el Golfo de California.
- Advirtió sobre los riesgos ambientales de la infraestructura, el tránsito de buques y las emisiones contaminantes en una de las regiones con mayor biodiversidad marina del mundo.
El senador, Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) una evaluación exhaustiva y transparente de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto gasífero Saguaro, en Puerto Libertad, Sonora.
El megaproyecto, una de las iniciativas más ambiciosas para la instalación de una planta de recepción, transporte, licuefacción e importación de Gas Natural Licuado (GNL) en Puerto Libertad, Sonora, ha generado una fuerte controversia debido a su potencial impacto ambiental.
"México debe garantizar que cualquier desarrollo energético se haga con responsabilidad ambiental. El Golfo de California es un santuario natural que no puede ser puesto en riesgo por intereses comerciales sin una evaluación rigurosa", afirmó el senador.
Un megaproyecto con riesgos ambientales y de salud
El proyecto Saguaro contempla la construcción de un gasoducto de 800 kilómetros desde Estados Unidos hasta Sonora, así como una terminal de licuefacción de 400 hectáreas, equivalente a 70 veces el Estadio Azteca, por lo que esta infraestructura implicaría un impacto en el hábitat del ecosistema marino.
"Este proyecto podría comprometer la salud de las comunidades ribereñas y alejar a México de sus compromisos internacionales en la reducción de gases de efecto invernadero, como lo establece el Acuerdo de París", subrayó Ramírez Marín.
El Golfo de California alberga más de 12 mil especies de flora y fauna, incluyendo el 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo y una tercera parte de los cetáceos.
Expertos advierten que la entrada de buques de gran calado podría alterar su comportamiento, provocar colisiones fatales y generar contaminación acústica perjudicial para especies que dependen del sonido para comunicarse y reproducirse.
Ante estos riesgos, el senador presentó un Punto de Acuerdo para que la SEMARNAT y la ASEA lleven a cabo una revisión integral de los permisos de seguridad ambiental y energética del proyecto Saguaro, realicen un análisis detallado de los efectos acumulativos en la biodiversidad y comunidades pesqueras, así como un monitoreo del cumplimiento de México con los acuerdos ambientales internacionales, especialmente el Acuerdo de París.
"No podemos comprometer la riqueza natural de México por intereses a corto plazo. Este proyecto debe evaluarse con total transparencia y responsabilidad ", concluyó Ramírez Marín.
En el marco de su participación en la 69ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) en la ONU, la senadora Virginia Magaña se pronunció sobre la necesidad de incrementar el presupuesto destinado a la atención de la violencia de género y la igualdad de oportunidades para las mujeres en Guanajuato.
"En 2024, su presupuesto se redujo 34 por ciento, y aunque en 2025 hubo un pequeño aumento, el gobierno del estado solo destina 90 millones para atender a tres millones de ciudadanas", explicó la senadora.
A pesar de que en el estado se vive en Alerta de Violencia de Género, los recursos destinados para enfrentar esta crisis han sido insuficientes. Mientras otros países avanzan con marcos institucionales sólidos y presupuestos robustos, en Guanajuato la falta de financiamiento sigue siendo el gran obstáculo.
En el marco del foro global, donde parlamentarias y líderes de todo el mundo han coincidido en que sin presupuesto no es posible avanzar en la igualdad de género ni en la erradicación de la violencia, la senadora Magaña reflexionó sobre la situación del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), el cual ha operado con recursos limitados.
Ante el reciente anuncio de que el IMUG se convertirá en Secretaría, Magaña enfatizó que este cambio debe ir acompañado de un incremento real en el presupuesto y no solo de un ajuste nominal. "Deseo firmemente que esto no sea solamente un cambio de nombre y que sea un cambio de presupuesto público", agregó.
Finalmente, la senadora recordó que, a 30 años de la Conferencia de Beijing, la Declaración y Plataforma de Acción continúan marcando el camino global para la igualdad de género. Sin embargo, en Guanajuato, las decisiones políticas han frenado el progreso en los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género.
"Guanajuato necesita instituciones fortalecidas para garantizar la seguridad y el desarrollo de todas las mujeres", concluyó la senadora Virginia Magaña.
- Se busca transformar la relación del Estado con la ciudadanía mediante la digitalización y la eliminación de la burocracia, impulsando la eficiencia y reduciendo la corrupción.
Senadoras y senadores del Partido Verde respaldaron la reforma constitucional que busca digitalizar y simplificar los trámites administrativos en los tres niveles de gobierno y que responde a la creciente demanda de los ciudadanos por una administración más eficiente y accesible, en un esfuerzo por reducir la carga burocrática y promover la transparencia.
Los integrantes de la bancada ecologista comentaron que esta reforma representa un paso hacia la eficiencia, la reducción de la corrupción y el fomento a la competitividad económica, al eliminar intermediarios y agilizar los procesos para el bienestar de los mexicanos.
La senadora Karen Castrejón Trujillo señaló que esta iniciativa busca hacer más accesibles los servicios gubernamentales, reduciendo tiempos de espera y mejorando la eficiencia del sector público. "Es inaceptable que trámites esenciales sigan siendo burocráticos, lentos y complicados. Con esta reforma, garantizamos procesos más ágiles y transparentes", destacó Castrejón Trujillo.
Además, la digitalización reducirá la corrupción, evitando cobros indebidos y trámites irregulares; agregó que actualmente, millones de mexicanos pierden tiempo y recursos en trámites innecesariamente complejos. “Nadie debería perder tiempo en procesos innecesarios cuando la tecnología nos permite avanzar" destacó la senadora.
Por su parte, la senadora por Jalisco, Rocío Corona Nakamura, indicó que esta iniciativa tiene como objetivo reducir la burocracia, mejorar la eficiencia gubernamental y eliminar los intermediarios que encarecen y retrasan los servicios públicos.
Señaló que los ciudadanos podrán realizar gestiones desde sus teléfonos celulares, evitando largas colas y papeleo innecesario. “Este avance también permitirá eliminar duplicidad de requisitos y mejorar la calidad de los servicios públicos, promoviendo una relación más directa y transparente entre el gobierno y la ciudadanía”.
El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, comentó que esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca eliminar procesos innecesarios, reducir la corrupción y mejorar la eficiencia del sector público. “No es solo eficiencia, sino un acto de justicia para la ciudadanía, garantizamos transparencia y eliminamos barreras que afectan la competitividad del país ", destacó.
“La transparencia y el acceso a la información simple y sencilla con un teléfono celular, evita que haya incentivos para intermediarios, gestores o como se dice en algunos lugares del país, como en mi Estado, coyotes. Además, es una estrategia fundamental para la competitividad y el crecimiento económico”, refirió el legislador.
Dijo que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, más del 50 por ciento de la población aún depende de trámites presenciales, mientras que solo el 16 por ciento los realiza en línea. “La digitalización no es sólo una opción, es una necesidad para poner a México en la vida de la modernidad”.
Finalmente, la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena, señaló que esta medida permitirá agilizar procesos, reducir costos y fortalecer la transparencia en todos los niveles de la administración pública.
"Menos burocracia significa más eficiencia, menos corrupción y mayor acceso a los derechos. Esta reforma moderniza la gestión pública y acerca el gobierno a la ciudadanía", afirmó Guerra Mena.
