Con la venia de la presidenta;
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores;
Quiero decir que cada mañana desde muy temprano nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y su gabinete se reúnen para evaluar la situación de seguridad del país y tomar las decisiones necesarias en esta materia, gracias a lo cual desde el sexenio anterior, se han logrado avances importantes en cuanto a la reducción de diversos delitos, la coordinación entre autoridades federales y estatales, ha permitido mejorar la prevención del delito, enfrentar con decisión a los criminales y proteger la integridad y los derechos de las personas, con el propósito de preservar el orden y la paz.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para alcanzar el México que todas y todos anhelamos, por ello, fortalecer las capacidades técnicas y operativas de nuestros cuerpos de seguridad, brindarles una formación sólida en entrenamiento constante y las herramientas jurídicas necesarias para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía es indispensable.
Hoy enfrentamos una de las más grandes amenazas que es muy dolorosa, la extorsión, este delito se ha extendido como una sombra que lacera nuestro tejido social, a nuestra economía, y a nuestras familias.
La extorsión afecta el patrimonio, destruye la confianza de las personas, así como la libertad y la paz de nuestras familias, de nuestros comerciantes, de nuestros campesinos, de los transportistas y de las pequeñas y medianas empresas, es una violencia silenciosa que esclaviza la sociedad a través del miedo, en muchas regiones del país la extorsión ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una práctica sistemática que desafía la autoridad del Estado.
Cada vez que un comerciante se ve obligado a pagar para poder trabajar, o cuando una familia teme denunciar por miedo o represalias, estamos frente a un estado que debe responder con firmeza, con inteligencia y con solidaridad, es radicar la extorsión no es únicamente una tarea policial, es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, los poderes legislativo y judicial, así como la sociedad civil.
En el ámbito que nos ocupa, se requiere una ley especial para combatir este delito, investigaciones más sólidas, fiscales y jueces comprometidos, pero también políticas de prevención, educación y generación de oportunidades. Acabar con la extorsión es una condición indispensable para la paz, la inversión y la justicia social, es una deuda con quienes viven bajo el miedo y una obligación con las generaciones venideras.
De acuerdo con datos del INEGI en 2023, se registraron 4.9 millones de casos de extorsión en México, lo que equivale a una tasa de 5 mil 200 extorsiones por cada 100 mil habitantes, estas cifras reflejan de manera contundente, la magnitud del reto al que enfrentamos y la urgencia de actuar ahora, de actuar inmediatamente.
La seguridad pública es un deber constitucional, nace el pacto social que nos une como Nación y constituye la obligación ineludible del Estado mexicano de garantizar la vida, la libertad y el patrimonio de todas las personas que habitan en nuestro territorio. No podemos hablar de justicia social, ni de desarrollo, si las familias mexicanas no cuentan con un entorno seguro, debemos dejar claro que la seguridad es la base sobre la cual se construye el ejercicio pleno de los derechos y de las libertades.
La diversificación y complejidad del crimen organizado, su poder económico y su armamento de alto calibre constituyen graves riesgos para nuestra libertad. Por ello es indispensable homologar las sanciones contra extorsión a nivel nacional, a fin de cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la respuesta del Estado mexicano. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos convencidos de que la seguridad pública exige visión de largo plazo, compromiso y unidad, defenderemos siempre la tranquilidad de las y los mexicanos, por eso hoy votaremos a favor del presente dictamen.
Es cuanto compañeros.
