- Plantea que los trabajadores mayores de 60 años no sean asignados a puestos que representen un riesgo para ellos
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de fortalecer la protección de las y los trabajadores mayores de 60 años, un sector particularmente vulnerable a los riesgos derivados del entorno laboral.
La propuesta del legislador establece que los empleadores deberán garantizar condiciones laborales que consideren las necesidades específicas de este grupo etario.
Además, plantea que los trabajadores mayores de 60 años no sean asignados a puestos que, debido a sus características físicas o cognitivas, representen un riesgo para ellos mismos, sus compañeros o cualquier persona relacionada con el centro de trabajo.
En su propuesta, Carrillo Soberanis señaló que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. En 2020 ya se contabilizaban mil millones de personas en este rango de edad y se proyecta que esta cifra se eleve a 1,400 millones para 2030 y a 2,100 millones para 2050, reflejando el acelerado envejecimiento de la población global.
"El envejecimiento es un fenómeno complejo que impacta de forma transversal en distintos sectores: la familia, el sistema económico, la seguridad social, los servicios de salud y, por supuesto, el mercado laboral, esto hace indispensable la generación de políticas públicas que respondan a las nuevas necesidades de la población adulta mayor", afirmó el legislador.
"De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es común que muchas personas mayores continúen en el ámbito laboral debido a su buen estado de salud. Esta realidad exige una legislación que proteja sus derechos sin limitar sus posibilidades de participación en la vida productiva del país", señaló.
Por lo anterior, el diputado del Partido Verde subrayó la necesidad de legislar para garantizar que los empleos desempeñados por las personas adultas mayores sean seguros y no representen ningún riesgo para su salud o integridad física.
- Si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.
La corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas, aseguraron senadores y senadoras del Partido Verde en el Senado de la República, quienes presentaron una iniciativa para establecer mayores penas contra estos actos.
Las y los senadores del Partido Verde, Jasmine Bugarín, Karen Castrejón, Rocío Corona, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virginia Magaña, Luis Armando Melgar, Virgilio Mendoza, Maki Ortiz, Jorge Carlos Ramírez, Luis Alfonso Silva y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Detallaron que algunas de las prácticas de corrupción comunes en nuestro país en el sector salud, son: el robo de medicamentos por los propios médicos, el uso de medicamentos caducos o que rompieron las cadenas de custodia para mantener su temperatura, la venta de medicamentos en el mercado negro, la mala práctica médica y los médicos que ejercen sin una cédula profesional, los cuales, afirmaron, atentan contra el derecho humano fundamental de la salud.
Subrayaron que según datos de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), el impacto económico de la corrupción en nuestro país equivale a más de 500 mil millones de pesos anuales, lo cual representa aproximadamente el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Agregaron que uno de los sectores más afectados por la corrupción es el sector salud, en el que no existen cifras oficiales, pero “cuesta miles de vidas y compromete este derecho y el bienestar de los mexicanos”.
Explicaron que si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.
Y es que apuntaron que “la corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas”, por lo que insistieron en que es necesario que los delitos relacionados con la corrupción en este sector sean tratados con toda la fuerza del Estado.
Detallaron que los actos de corrupción en el sector salud implican desde el soborno para la asignación de contratos, hasta la falsificación de medicamentos o la malversación de recursos destinados al tratamiento de enfermedades, conductas que “no solo socavan el sistema de salud, sino ponen en riesgo la salud pública y, en el peor de los casos, pueden contribuir al aumento de enfermedades o muertes”, dijeron.
Finalmente, insistieron en que los actos de corrupción en el sector salud generan daños que van más allá de lo económico, afectan a la vida humana y a la dignidad de las personas, por lo que afirmaron que “es justo que quienes cometen estos delitos enfrenten sanciones proporcionales a la magnitud del daño causado a la colectividad”.
- Se busca, además, el reconocimiento de la labor de los Heroicos Cuerpos de Bomberos como servicio público de alta especialización y no solo como cuerpo voluntario.
Ante la necesidad de incorporar a los Cuerpos de Bomberos de las Entidades Federativas a los mecanismos que regula el Sistema Nacional de Protección Civil y con el objeto de reconocerlos como servicios públicos de alta especialización, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa que propone modificar diversos aspectos a la Ley General de Protección Civil.
La senadora explicó que con su propuesta se busca, además, el reconocimiento de la labor de los Heroicos Cuerpos de Bomberos como servicio público de alta especialización y no sólo como cuerpo voluntario; la creación de Cuerpos de Bomberos en las 32 Entidades Federativas bajo la misma naturaleza legal, a fin de que los Congresos Locales puedan regular su actividad a partir del mismo modelo administrativo y legal; así como la creación por mandato de ley del Sistema de Profesionalización de los Heroicos Cuerpos de Bomberos.
Y es que la senadora lamentó que a pesar de que los Cuerpos de Bomberos son de las instituciones con mayor credibilidad ciudadana, ha sido evidente el abandono del Estado mexicano con respecto a su incorporación en el régimen legal, lo que ha generado que a la fecha, la actual Ley General de Protección Civil no lo menciona en una sola ocasión.
Aseguró que, consecuencia de este abandono, uno de los problemas más evidentes, es que no se encuentran insertos como participantes en el Sistema Nacional de Protección Civil, lo que genera que en las políticas, programas, acciones y definiciones en la materia no exista la obligación legal de considerar su experiencia, su opinión y su formal integración a este mecanismo.
Subrayó que en nuestro país, a los bomberos se les sigue viendo como una labor altruista o voluntaria, más que como una profesión, por lo que no se les incorpora en el desarrollo de políticas públicas en materia de gestión de riesgos, ni en la distribución de presupuesto, pues en muchos estados operan con donaciones y bajo mecanismos de voluntariado, por lo que no se han dimensionado correctamente sus necesidades de capacitación, de desarrollo profesional, de presupuesto y de equipamiento.
Recalcó que con esta propuesta se establecerían las bases para que los servicios que prestan los Cuerpos de Bomberos en los 32 estados se realicen de manera profesional, acorde a su realidad y circunstancias particulares, además de que se compensaría con este heroico cuerpo una deuda histórica pendiente, que si bien no se agota con esta iniciativa, “sienta las bases para encaminar a los Bomberos Mexicanos hacia mecanismos de profesionalización respetando su autonomía y vocación de servicio”, finalizó.
