- Busca garantizar derechos sociales a migrantes, desplazados y retornados con nuevos indicadores en la Ley de Desarrollo Social.
- En regiones fronterizas y de tránsito, miles de personas carecen de servicios básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para adicionar la fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, con el fin de que el Estado mexicano incorpore en la medición de la pobreza, indicadores que reflejen las condiciones de movilidad, desplazamiento y retorno de la población, particularmente en zonas fronterizas y de tránsito.
“Se busca atender una realidad cada vez más visible en las regiones fronterizas y de tránsito, donde miles de personas viven en asentamientos temporales o sin acceso a servicios básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad”, agregó la legisladora.
Corona Nakamura dijo que esta modificación permitirá que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incorpore en su medición multidimensional indicadores de tipo territorial, institucional y comunitario, lo que resulta clave para medir la pobreza estructural en regiones fronterizas y zonas de tránsito.
Destacó que la pobreza no se limita a la falta de ingresos, sino que también refleja privaciones en derechos fundamentales como salud, vivienda, educación, alimentación y cohesión social. “La pobreza es una negación de los derechos humanos porque atenta contra la libertad, destruye la dignidad e implica discriminación e injusticias”.
Al presentar la iniciativa, la legisladora enfatizó que la pobreza en contextos de movilidad humana debe analizarse con un enfoque de derechos, independientemente del estatus migratorio de las personas. “Las personas migrantes en tránsito representan una población en constante movilidad, con muchas necesidades, pero también con dignidad y derechos que deben respetarse”, puntualizó.
La iniciativa subraya que el desarrollo social debe evolucionar para garantizar condiciones mínimas de bienestar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo el papel del Estado en la reducción de desigualdades estructurales.
Finalmente, la legisladora del Partido Verde sostuvo que esta reforma permitirá diseñar políticas públicas más efectivas, orientadas a reducir las desigualdades estructurales y garantizar condiciones mínimas de bienestar para quienes hoy permanecen en condiciones de vulnerabilidad.
“La iniciativa que hoy presento a nombre de quienes formamos parte del Partido Verde Ecologista de México, tiene como objetivo reforzar las actividades que los Comités de Medio Ambiente realizan dentro de los condominios, ya que la crisis ambiental actual exige que cada comunidad asuma un papel activo”, señaló
Con el objetivo de respaldar y fortalecer el trabajo que realizan los Comités de Medio Ambiente de los condominios de la Ciudad de México y “aprovechar todos los recursos que se tienen a la mano para la preservación del medio ambiente en la capital del país”, el coordinador de la bancada ambientalista del Congreso CDMX, diputado Manuel Talayero Pariente, propuso mediante una iniciativa, ampliar las funciones que realizan estas agrupaciones vecinales.
El congresista del PVEM destacó que los Comités de Medio Ambiente dentro de los condominios representan un pilar fundamental para el bienestar de la comunidad y la preservación del entorno, ya que su labor trasciende la simple organización de actividades, pues son los encargados de fomentar una cultura de responsabilidad ambiental entre las y los residentes mediante el impulso de prácticas sostenibles que generan beneficios colectivos y perdurables como la promoción del reciclaje, el uso responsable de los recursos, la protección de áreas verdes y el ahorro de energía y agua.
Al referirse a su propuesta legislativa, el diputado Talayero Pariente detalló que el objetivo es incorporar en el artículo 82 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles local, que el Comité de Medio Ambiente realice la promoción Y conservación de áreas verdes y la agricultura urbana; fomente el reciclaje de los residuos mediante contenedores diferenciados para su recolección por el servicio público de limpia; la tenencia responsable y esterilización de animales de compañía; y garantizar la existencia de cuando menos el 10 por ciento de superficie verde en todos los espacios abiertos del condominio.
El legislador ecologista destacó la importancia de estas acciones, pues señaló que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se requieren de al menos 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar y “desafortunadamente, en la Ciudad de México, se tienen en promedio 5 metros cuadrados, por lo que no sólo afectamos al medio ambiente, nuestra salud también está en riesgo”.
“Desde campaña, nuestra actual Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó la importancia de valorar y considerar las áreas verdes como una estrategia para mejorar la calidad de vida en la ciudad, por lo que a través de esta iniciativa no sólo se velará por el cuidado del entorno, sino que se impulsará la transformación de los condominios en ejemplos de sostenibilidad urbana y garantizaremos el cumplimiento de normas y regulaciones, también generaremos un sentido de corresponsabilidad entre vecinos y el cuidado del medio ambiente”, concluyó el diputado Manuel Talayero.
- Los prejuicios negativos hacia las personas que presentan comportamientos de riesgo provocan mayores condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en la limitación del acceso a una atención oportuna.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemoró este 10 de septiembre, la senadora Rocío Corona Nakamura, hizo un llamado a las y los legisladores a crear las medidas necesarias desde el ámbito legislativo para brindar el apoyo necesario a las personas con ideas suicidas, pero principalmente para reemplazar la narrativa estigmatizante sobre el suicidio y fomentar una cultura de apoyo y comprensión.
Y es que apuntó que uno de los mayores obstáculos para la prevención de esta problemática es el estigma, por lo que se debe promover la comprensión tanto para la persona que lo presenta, como para la familia, e incluso, el personal de salud que lo atiende, ya que los prejuicios negativos hacia las personas que presentan comportamientos de riesgo provocan mayores condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en la limitación del acceso a una atención oportuna.
Afirmó que el comportamiento suicida constituye un problema de salud pública importante, por lo que hizo énfasis en que las estrategias para visibilizar su ocurrencia y abordaje, son esenciales dentro de las políticas de salud y bienestar social.
Recordó que en octubre de 2019 se planeó en México el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, y en mayo de 2020 se implementaron las acciones formales que incluyen estrategias de coordinación, prevención, atención, posvención, vigilancia, capacitación e investigación para atender a las personas que solicitan atención por comportamiento suicida y reducir la mortalidad por suicidio.
En este sentido, insistió en que la prevención del suicidio podría considerarse una estrategia pilar en la construcción de la justicia y la paz en nuestro país, además de que la posvención es una herramienta esencial para restablecer el funcionamiento de las personas impactadas por el suicidio.
Finalmente, destacó la urgencia de acciones integrales y personalizadas, ya que “estos comportamientos no se pueden afrontar con una sola fórmula, cada uno requiere de atención distinta, como de la intervención de personal profesional”, apuntó.