- Establece la obligación para que las empresas concesionarias implementen sistemas de detección y prevención de los delitos, en colaboración con FGR y SSyPC
Con el fin de proteger a los usuarios de telefonía móvil de delitos cibernéticos como la extorsión, fraudes electrónicos, robo de identidad, phishing, ciberacoso, extorsión digital, clonación de tarjetas, ataques a sistemas gubernamentales y hackeos masivos de bases de datos personales, la diputada Claudia Sànchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la ley en la materia.
De acuerdo con su iniciativa, las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales estarán obligadas a implementar sistemas de detección y prevención de ciberdelitos, incluyendo el monitoreo de actividades sospechosas en sus redes y alertas tempranas para sus usuarios y tener colaboración directa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Asimismo, deberán proporcionar información sobre posibles actividades delictivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas después de ser requerida por la autoridad competente.
También propone que las empresas concesionarias y autorizadas de servicios de telefonía móvil y plataformas digitales tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en todo tipo de delitos cibernéticos.
La propuesta de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de responsabilidad de las empresas de telefonía celular en la prevención y el combate de ciberdelitos, también propone que las empresas tengan la obligación de diseñar e implementar protocolos de acción inmediata para reportar e inhabilitar números y líneas telefónicas involucradas en fraudes electrónicos, extorsión, phishing y otros delitos cibernéticos.
En caso de omisión o incumplir con las medidas de detección y suspensión de líneas involucradas en ciberdelitos se propone una multa por el equivalente de 2.01 a 6 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado; la suspensión de operaciones hasta por un año en los casos de reincidencia y con la revocación de la concesión en caso de incurrir en incumplimiento tres veces de manera consecutiva.
De acuerdo con la diputada ecologista, la iniciativa busca cerrar la brecha de impunidad en materia de ciberdelitos y fortalecer la seguridad digital de los mexicanos.“Las empresas de telefonía celular tienen una responsabilidad ineludible en la prevención y combate de delitos cibernéticos, por lo que esta reforma busca involucrarlas activamente en la construcción de un entorno digital seguro y confiable”, sostiene en su propuesta.
- Se propone crear programas específicos dirigidos a mujeres de comunidades rurales que se dedican a actividades agropecuarias, con el fin de fortalecer su desarrollo y participación en el sector agroalimentario
La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria aprobó una propuesta presentada por la diputada Fátima Cruz Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, cuyo objetivo es fomentar y crear programas específicos para mujeres que habitan en comunidades rurales y se dedican a actividades agropecuarias, con el propósito de fortalecer su desarrollo, autonomía económica y participación en el sector agroalimentario.
La diputada señaló que esta propuesta reconoce la urgente necesidad de disminuir la brecha de género en el campo, donde históricamente las mujeres han sido desigualmente reconocidas como propietarias de la tierra por ejidos y comunidades. “Este rezago en la agenda pública ha limitado el papel de las mujeres rurales, impidiendo su acceso pleno a la tierra y a los recursos productivos, lo cual repercute en su bienestar y en el de sus comunidades”, afirmó.
Asimismo, Cruz Peláez destacó que estudios y experiencias demuestran que, cuando se les brinda oportunidad, las mujeres del campo se destacan como cuidadoras de la tierra. Gracias a sus conocimientos y habilidades, contribuyen significativamente a la protección y uso sostenible de los recursos naturales, desempeñando un papel clave en la conservación del medio ambiente y en la seguridad alimentaria.
Sin embargo, a pesar de su potencial, muchas mujeres rurales enfrentan múltiples barreras para participar plenamente en el sector agropecuario. Entre estas se encuentran prácticas discriminatorias, falta de acceso a créditos, salarios desiguales, un régimen de tenencia de tierra excluyente y limitada participación en la toma de decisiones. A ello se suma la persistencia de la violencia de género y sexual, que vulnera aún más sus derechos.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2022, existen 876,456 unidades de producción agropecuaria encabezadas por mujeres. Sin embargo, 689,698 de ellas enfrentaron desastres naturales como sequías, inundaciones, incendios, heladas y huracanes, lo que refleja la precariedad de su situación. Las pérdidas por factores climáticos representaron el 58% a nivel nacional, evidenciando la necesidad urgente de brindar apoyos específicos y sostenibles.
Por tal motivo, la legisladora resaltó la importancia de sumar esfuerzos para construir un futuro más igualitario, en el que las mujeres rurales cuenten con las herramientas y condiciones necesarias para convertirse en agentes de cambio.
“Su participación en los procesos de restauración de tierras y adaptación al cambio climático es esencial para aumentar la resiliencia de las comunidades frente a fenómenos como la sequía y fomentar entornos rurales más prósperos”, finalizó.
INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LUIS MIRANDA DEL GPPVEM, EN LA COMISIÓN PERMANENTE, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE RATIFICA DIVERSOS NOMBRAMIENTOS