- Se trata de una propaganda disimulada, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas
A fin de erradicar toda forma de corrupción en la administración pública, la diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta administrativa grave el uso de colores, símbolos o frases partidistas en bienes e instalaciones destinadas al servicio público.
Al presentar su propuesta para añadir un artículo 64 Quáter a la citada ley, la legisladora explicó que el servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos, y el derecho a la buena administración.
Pinete Vargas apuntó que el hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues, lejos de servir a la ciudadanía, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas.
“La cuestión es grave ya que, en el trasfondo de este frecuente acto, se encuentra un velado acto pro partidista, equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales, a través del intento por inducir a la ciudadanía a simpatizar con el partido de origen de los gobiernos, administraciones y servidores públicos, que se encuentren ejerciendo el poder en cualquier municipio o entidad federativa”, afirmó la legisladora.
Resaltó que de acuerdo con lo que establece el artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No obstante, señaló que estamos ante una ignorada responsabilidad administrativa, porque se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional pues esta práctica de utilizar los colores y símbolos partidistas en inmuebles destinados al servicio público, “carece de toda imparcialidad, y desde luego que también entraña una considerable influencia negativa en la equidad de la competencia electoral”.
- Actualmente, el 71 por ciento de los procedimientos en materia familiar son abandonados por las víctimas antes de concluirse
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la diputada Claudia Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, lo que agrava la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos.
Durante su participación, la diputada Sánchez Juárez, señaló que en la actualidad el 71 por ciento de los procedimientos en materia familiar son abandonados por las víctimas antes de su conclusión, y el 3 por ciento de estos llega a tener sentencia.
“Esto se debe, en gran medida, a que la ley y la jurisprudencia han negado el reconocimiento de la peligrosidad procesal de los agresores domésticos, bajo el erróneo supuesto de que la capacidad para evadir juicios y resoluciones judiciales es exclusiva del ámbito penal”, explicó.
Asimismo, señaló que la ineficacia material de los fallos judiciales demanda una respuesta urgente. "No podemos permitir que sean las mujeres y sus hijos quienes, en condiciones de extrema precariedad, localicen a los deudores que se esconden durante años para evitar el emplazamiento, o que las víctimas se enfrenten a quienes ocultan bienes e ingresos para perpetuar el daño económico y emocional", resaltó.
La iniciativa también busca honrar el compromiso del Estado con la defensa de las mujeres que solas sacan adelante a sus hijos, y de las cuales, más del 70 por ciento, lo hacen con un salario mínimo.
Finalmente, dio a conocer que, recientemente, la revista del Vaticano L'Osservatore Romano, realizó una publicación sobre el colectivo "CASO 992", más conocido como "Las Novias", del cual forma parte y que se ha dedicado a visibilizar la cruda realidad que enfrentan las madres de familia en México, destacando que hogares monoparentales así conformados, tras incidentes de violencia vicaria, afectan a más de 32 millones de mexicanas y mexicanos.
- 14 millones de mujeres solteras mayores de 12 años en México son madres
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, a nombre del diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo, propuso agregar un artículo 46 Ter a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución a fin de que ninguna trabajadora pueda ser despedida si se encuentra embarazada o si es madre soltera.
La iniciativa detalla que, en caso de ser madre soltera, deberá tener una antigüedad de 4 años para poder aplicar el presente impedimento y solo por los supuestos establecidos en la fracción V del artículo 46 podrá cesarse a las mujeres que estén embarazadas o sean madres solteras, por ejemplo, cuando cometa alguna falta de probidad u honradez, violencia, si falta más de tres días a sus labores, etcétera.
El legislador detalló que la iniciativa tiene como objetivo establecer en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, el impedimento para que madres solteras y mujeres embarazadas sean despedidas, como una manera de eliminar la discriminación que prevalece en nuestra sociedad hacia el género femenino.
El diputado ecologista recalcó que a pesar de que la Secretaría del Bienestar ha creado políticas para ayudar a este sector poblacional, no se puede dejar de lado que en nuestro marco legal existe una omisión, al dejar el campo abierto para que, de manera arbitraria y sin pruebas contundentes, se pueda despedir a una madre soltera, bajo argumentos de no cumplimiento con el deber, el cual muchas veces no toma en cuenta la realidad que estas mujeres deben padecer.
"Aunque las políticas e iniciativas en favor de las mujeres han logrado cambios históricos en beneficio de la sociedad, existen prácticas desiguales en el mercado laboral y el desarrollo humano que impiden que toda persona crezca, se desarrolle y potencialice sus capacidades", señaló Delgado Carrillo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), excluyendo a las mujeres separadas, divorciadas o viudas, aproximadamente 14 millones de mujeres solteras mayores de 12 años en México son madres, es decir, hoy en México la estructura social y la forma de entender la relación entre el individuo y el entorno no es adecuada para las mujeres porque la realidad es arbitraria e irracionalmente excluyente.
Asimismo, subrayó que con base en el cumplimiento de los objetivos y metas del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, esta iniciativa busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, así como promover el crecimiento inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, y reducir la desigualdad en y entre los países.
