Con la venia de la presidencia;
Desde hace décadas nuestro país enfrenta grandes desafíos en diversos ámbitos; Rezagos en educación y en salud, marcadas desigualdades sociales, corrupción e impunidad son problemas respecto de los cuales debemos encontrar soluciones efectivas y definitivas con urgencia. De todos los problemas que nos aquejan, el tema de la seguridad se ha vuelto prioritario en la agenda pública, pues la crisis que actualmente vivimos en la materia les restringe a los ciudadanos de diversas regiones del país el ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos, impide el buen funcionamiento de las instituciones, limita el desarrollo de las personas y obstaculiza el progreso.
Puede haber diferencias en la percepción que se tiene sobre la magnitud de la crisis a la cual nos enfrentamos dependiendo del lugar en donde se resida, pero el miedo, los delitos de alto impacto y la violencia son una pesadilla que afecta, lamentablemente, a millones de familias mexicanas.
Las constantes agresiones de los delincuentes hacia la sociedad y sus instituciones requieren por parte del Estado de una respuesta contundente para resolver un problema que nos agobia desde hace por lo menos dos sexenios y eso es precisamente lo que este Congreso y el Gobierno de la República pretenden que sea la Guardia Nacional.
Durante estos primeros nueve meses del nuevo Gobierno concluyó el ciclo legislativo de la conformación de la Guardia Nacional con la reforma al texto constitucional y con la expedición de su correspondiente legislación reglamentaria. Para mi grupo parlamentario, lo anterior es algo que debemos reconocer porque representa un esfuerzo decidido para cumplir de manera efectiva con el deber del Estado de asegurarle a la población la paz y la tranquilidad que demanda y merece.
La nueva institución ya se encuentra operando desde el 30 de junio con más de 58 mil elementos en 150 regiones del país para garantizar la seguridad pública y proteger a la población. Es innegable que falta mucho por hacer para alcanzar una paz duradera en todo el territorio y para que todos los ciudadanos se sientan seguros, pero deben reconocerse los esfuerzos que se están realizando para lograrlo por parte de diversas instancias del Estado Mexicano, tales como el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
La integración de la Guardia Nacional permite, por un lado, subsanar la omisión normativa en la cual, obligadamente, habían tenido que operar nuestras Fuerzas Armadas por falta de regulación respecto a su participación en tareas policiales y, por otro, posibilita la consolidación en los próximos años de un cuerpo de seguridad altamente disciplinado y profesional, con las capacidades suficientes para encargarse de la seguridad ciudadana y del orden público, desde un enfoque eminentemente civil y basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Enfrentar con éxito la crisis que hoy vivimos implica, invariablemente, la reconstrucción del tejido social y la implementación de una efectiva política de prevención que, tal como lo plantea el Gobierno federal, combata las causas que generan el delito mediante la operación de programas sociales dirigidos a quienes pudieran ser atraídos hacia la delincuencia.
Por otra parte, es indudable que el sello característico del nuevo Gobierno de la República es su compromiso con el combate a la corrupción. En este orden de ideas, destacamos los esfuerzos por construir una nueva ética pública, basada en la transparencia y la rendición de cuentas, cuyo propósito es erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad en el ejercicio del poder público. A todos nos conviene que la percepción de corrupción en la cosa pública se disipe para efectos de fortalecer nuestro sistema de partidos e instituciones.
En este sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por este Congreso de la Unión, sentó las bases para el rediseño de la estructura gubernamental con el fin de eliminar duplicidades, crear mecanismos de control a la discrecionalidad de un Secretario de Estado, así como centralizar la operación en una sola unidad o coordinación y con ello ahorrar recursos cuya aplicación es muy necesaria en otras áreas sustantivas para el bienestar de la población.
Combatir la corrupción eficazmente permite no sólo fortalecer el estado de derecho, sino también impulsar el desarrollo económico y contribuir a la superación de la pobreza, pues para nadie es un secreto que los recursos que se desvían o que no llegan al Estado a causa de la corrupción son recursos destinados la mayoría de las veces a atender a los que más lo necesitan. En este sentido, acabar con la corrupción es una condición fundamental para construir una sociedad más justa y con menos desigualdades.
Finalmente, quiero resaltar el empeño del nuevo Gobierno de la República por instaurar una nueva forma de ejercer el poder y de relacionarse con la ciudadanía, en virtud de la cual se ha impulsado la creación y fortalecimiento de diversos mecanismos de democracia participativa, como la revocación de mandato y las consultas populares.
Celebramos que, a través de lo anterior, el Gobierno federal, con el concurso de esta soberanía, promueva el fortalecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos. Estamos convencidos de que la revocación de mandato puede ser un instrumento que nos conduzca a tener mejores gobernantes, pues les permite a los ciudadanos reconocer el trabajo bien hecho o, en su caso, castigar el ejercicio deficiente o deshonesto de un gobierno al decidir sobre la continuidad o no del mismo.
De igual forma, el mejoramiento de la figura de la consulta popular pretende involucrar de manera efectiva a la ciudadanía en las decisiones relevantes de la vida pública, lo cual, sin duda, obliga a los gobernantes a escuchar y tomar en cuenta la opinión de los gobernados y a mandar obedeciendo.
