- Las propuestas abordan temas en materia de protección del medio ambiente, derechos de los animales y defensa de los pueblos indígenas
Durante su última sesión, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió opiniones favorables sobre cinco de las veinte iniciativas presentadas por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en el primer periodo legislativo. Las propuestas aprobadas abordan temas fundamentales relacionados con la protección del medio ambiente, los derechos de los animales y la defensa de los pueblos indígenas.
La primera iniciativa avalada corresponde a la Ley Nacional de Prevención de Emergencias Ambientales, cuyo objetivo es establecer un marco jurídico integral para prevenir emergencias ambientales en el país, protegiendo la salud pública, el medio ambiente y promoviendo el desarrollo sostenible.
También se aprobó la Ley General de Protocolo para la Gestión de Crisis y Desastres Ambientales, que plantea principios y mecanismos de acción inmediata y coordinada ante emergencias ambientales, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
De igual forma, se emitió opinión favorable respecto a la Ley General de los Derechos de los Animales, que busca establecer un marco jurídico para reconocer y proteger sus derechos fundamentales, promoviendo su bienestar y el cumplimiento de obligaciones éticas hacia ellos.
Finalmente, fue aprobada la iniciativa de Ley Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, cuyo propósito es prevenir y reducir el desperdicio de alimentos en México, fomentando su uso eficiente y equitativo para fortalecer la seguridad alimentaria.
El diputado Ricardo Astudillo destacó que estas iniciativas tendrán un impacto positivo en todo el país, incluyendo al estado de Querétaro, al abordar problemáticas urgentes como los desastres naturales, el maltrato animal, la protección de comunidades originarias y la autosuficiencia alimentaria.
"Estas leyes son pasos firmes hacia un México más justo, más sustentable y con mayor equidad para todos. Estamos legislando con visión de futuro, en defensa de los derechos de las personas, los animales y el planeta", expresó el legislador.
- Las plataformas digitales deberán mostrar el precio total del producto desde el inicio del proceso de compra, esto incluye impuestos, costos de envío y cualquier otro cargo
El diputado Luis Enrique Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso una reforma al artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de garantizar mayor transparencia en los precios del comercio electrónico en México.
En la iniciativa que fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente, el diputado Miranda Barrera destacó la importancia de que todas las plataformas digitales muestren el precio total del producto o servicio desde el inicio del proceso de compra. “Esto incluye impuestos, costos de envío y cualquier otro cargo adicional, a fin de que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y comparativas”, mencionó.
El legislador señaló que el crecimiento del comercio electrónico en México ha sido exponencial en los últimos años, tan solo en 2023, su valor superó los 600 mil millones de pesos, lo que hace fundamental garantizar la transparencia en los precios para proteger los derechos de los consumidores. "La falta de claridad en los precios finales genera confusión y desconfianza, afectando la experiencia de compra y la confianza en el mercado digital", afirmó.
Por ello, la propuesta busca fortalecer la confianza del consumidor en el comercio digital, al promover un entorno más justo y competitivo. Además, contribuirá a eliminar prácticas comerciales desleales y alineará a México como un referente en el desarrollo del comercio electrónico en América Latina, al fomentar un mercado más transparente y ético.
Por lo anterior, el diputado invitó a sus colegas a respaldar esta iniciativa y a sumar esfuerzos para que el crecimiento del comercio electrónico en México se base en principios sólidos y en el bienestar de los consumidores.
“La reforma propuesta es un avance significativo hacia una mayor protección y transparencia en el comercio digital. Esperamos que juntos podamos fortalecer este sector y garantizar un mercado más justo para todos”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis, discusión y eventual dictaminación.
- El legislador plantea incrementar en una mitad la sanción actual contra bandas delictivas que utilizan la tecnología para facilitar sus delitos
Hasta 15 años de prisión contra bandas delictivas que utilizan sistemas de viodeovigilancia para cometer ilícitos, propuso el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, lo que permitirá fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y combatir con mayor eficacia las estrategias de control territorial empleadas por grupos de la delincuencia organizada.
El legislador ecologista planteó reformar el artículo 164 del Código Penal Federal (CPF), a fin de incrementar en una mitad, la sanción penal prevista para el delito de que se trate, “cuando en su comisión se utilice, instale o se valga de sistemas de videovigilancia o cualquier otro medio de captación, grabación o transmisión de imágenes, sonidos o datos, con el propósito de facilitar la comisión del delito, evadir la acción de la justicia, o generar un clima de intimidación o inseguridad pública”.
La Ley actual señala que se impondrá prisión de cinco a diez años y de 100 a 300 días de multa al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, por lo que, con la propuesta del diputado Carrillo Soberanis, la sanción aumentaría hasta 15 años de cárcel y multa de hasta 450 días a quienes utilicen la videovigilancia para cometer sus ilícitos.
En su propuesta, el diputado del Partido Verde, resaltó que lamentablemente, en los últimos años, el crimen organizado ha experimentado una preocupante evolución, no solo diversificando sus actividades ilícitas, sino también incrementando significativamente su capacidad operativa, pero sobre todo tecnológica. Un claro ejemplo de esta tendencia es el uso extendido de sistemas de videovigilancia por parte de grupos delictivos, quienes han logrado instalar y operar redes de cámaras clandestinas para monitorear a autoridades, fuerzas de seguridad y a la propia población civil.
Señaló que, de acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad, se tiene registro de que estas bandas criminales han establecido sistemas de videovigilancia en al menos 23 entidades federativas del país. Esta capacidad de espionaje y control territorial refleja el alto nivel de sofisticación que han alcanzado y representa un grave desafío para las instituciones de seguridad pública, así como una amenaza directa a la gobernabilidad y al Estado de derecho.
Comentó que, frente a un entorno en constante transformación, caracterizado por la creciente sofisticación del crimen organizado, el uso indebido de tecnologías y la expansión de redes delictivas, es indispensableque las instituciones de seguridad actúen con visión estratégica, capacidad de innovación y un enfoque centrado en la prevención, la inteligencia y la cooperación interinstitucional. “Solo así se podrá garantizar una respuesta efectiva y sostenida que fortalezca el Estado de derecho y recupere la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, dijo.
Añadió que el uso de tecnologías por las autoridades en materia de seguridad pública es esencial para enfrentar los grandes desafíos en esta materia, por ello, “no podemos permitir que grupos delictivos se apropien de estas herramientas con el fin de debilitar la capacidad operativa y tecnológica del Estado, de ahí la presente propuesta cuyo objetivo fundamental es sancionar severamente el uso de cámaras de videovigilancia por parte del crimen organizado”.
