Con el permiso de la presidencia,
Compañeras y compañeros legisladores y pueblo de México,
Hoy nos convoca un tema trascendental para la seguridad y la estabilidad de nuestro país, me refiero a la inaplazable necesidad de adaptar nuestra legislación para combatir eficazmente el financiamiento de actividades y organizaciones delictivas, no podemos ignorar que el dinero es el motor que impulsa la maquinaria del crimen organizado y que, sin abordar este flujo de recursos, nuestros esfuerzos por desmantelar sus estructuras serán siempre incompletos.
Es un hecho innegable que las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el secuestro, operan bajo una lógica empresarial perversa, buscan maximizar sus ganancias, diversificar sus inversiones y blanquear sus capitales para integrarlos en la economía formal, obteniendo así, una apariencia de legalidad perpetuando su poder interminablemente.
Esta sofisticación financiera del crimen nos obliga a ser igualmente sofisticados en nuestras herramientas para combatirlo, la legislación actual si bien ha logrado detener operaciones con recursos obtenidos ilegalmente, presenta aun fisuras y deficiencias que son hábilmente explotadas por aquellos que se dedican a cometer este tipo de delitos. La velocidad con la que evolucionan las redes criminales, la emergencia de nuevas tecnologías financieras, así como la creciente interconexión global, hacen que las leyes queden obsoletas rápidamente, no podemos quedarnos rezagados ante este escenario.
Desde esta tribuna insistimos en que la lucha contra el financiamiento de organizaciones delictivas no es sólo una cuestión de seguridad, sino un asunto de mera justicia social, de integridad económica y de consolidación democrática, por eso cuando el dinero ilícito contamina nuestras instituciones o cuando corrompe funcionarios públicos, la base misma de nuestra convivencia se ve vulnerada.
Cuáles son entonces las áreas clave donde necesitamos actuar.
1. Es crucial fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, necesitamos herramientas más robustas para identificar, rastrear y analizar transacciones sospechosas. Esto implica invertir en tecnología, capacitar a nuestros analistas y garantizar una fluidez de información que le permita a la Secretaría de Hacienda, a las distintas agencias de seguridad y a las instituciones financieras, hacer si eficazmente su trabajo.
2. Día con día, las tipologías delictivas, evolucionan y nuestra legislación debe ser lo suficientemente flexible para abarcar nuevas modalidades y complejidades, incluyendo el uso de criptomonedas y otros activos digitales, cuya vigilancia presenta hoy en día desafíos únicos.
3. Las redes criminales operan a nivel transnacional y nuestra capacidad para confiscar activos y desarticular estas redes depende en gran medida de acuerdos bilaterales y multilaterales efectivos, así como la agilidad en el intercambio de información entre nuestros países.
4. Debemos revisar y fortalecer la sanciones penales y administrativas, las penas deben ser lo suficientemente efectivas y acordes con el daño que causan a la sociedad como se propone en esta minuta.
5. Finalmente, es fundamental promover una cultura de cumplimiento normativo y ética empresarial, las instituciones financieras y las actividades no financieras designadas deben de ser corresponsables en la detección y prevención de lavado de dinero.
Sabemos que modificar la legislación es un proceso complejo que requiere diálogo y consenso, pero la inacción no es una opción, el costo de permitir que el dinero del crimen siga fluyendo, es incalculable en términos de vidas humanas. En el Partido Verde seguiremos trabajando para construir un marco legal, sólido, ágil y efectivo. La seguridad de nuestras familias, la estabilidad de nuestra economía y la integridad de nuestras instituciones depende de ello.
Es cuanto presidenta.
