- En la Ciudad de México existen once bosques que cubren un área de 44.8 mil hectáreas, ubicados principalmente en las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Álvaro Obregón, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa que son considerados suelo de conservación
La diputada del Partido Verde, Paula Pérez Córdova, propuso diseñar e implementar un programa de pago de incentivos económicos para quienes cuiden espacios verdes, suelo de conservación, suelo forestal y apoyen en el rescate de bosques, ríos y cuerpos de agua en la Ciudad de México.
Dichos apoyos económicos, detalló en Tribuna la legisladora ecologista, se otorgarán a través de la Secretaría de Medio Ambiente local por lo que el Congreso de la Ciudad de México, tendrá la obligación de etiquetar presupuesto suficiente cada año, para cumplir con dicho objetivo.
Al presentar la propuesta de modificación a la Ley Ambiental de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas del Congreso local, destacó la importancia de incentivar a quienes se encargan de la preservación de los bosques, el suelo de conservación, así como los ríos y cuerpos de agua de la capital, ya que dijo, “estos espacios son un tesoro en nuestra ciudad y hay que conservarlos”.
Es importante señalar que la protección de las áreas naturales protegidas en la capital del país, se encuentra regulada en el Código Penal local, con una pena de 20 años a quien tale u ocasione la muerte de uno o más árboles en suelo de conservación, área natural protegida, área de valor ambiental o barranca; y la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene atribuciones para prevenir la comisión de delitos ambientales.
Sin embargo, la congresista ecologista destacó que “es necesario apoyar a quienes cuidan nuestros recursos naturales ya que su labor beneficia a los casi nueve millones de personas que vivimos en la capital del país, además de ser el hábitat de animales y flora nativa de la Ciudad de México”.
En ese sentido, la presente iniciativa propone reformar la Ley Ambiental de la Ciudad de México, para establecer como facultad de la SEDEMA la creación y ejecución de programas de apoyos económicos a quien cuide los espacios verdes urbanos, el suelo de conservación y el suelo forestal y apoye en el rescate de ríos y cuerpos de agua; para llevarlo a cabo, el Congreso deberá etiquetar cada año el presupuesto suficiente para cumplir con dicho objetivo.
El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Manuel Talayero Pariente, confía que esta semana el Congreso de la Unión dé un paso histórico al aprobar la reforma constitucional para facultar al Poder legislativo federal a crear la Ley general para prohibir el maltrato animal. Asimismo, que el congreso capitalino sea el primero en aprobar la minuta en la materia.
Talayero Pariente destacó que en la sesión de hoy martes 12 de noviembre de 2024 de la Cámara de Diputados federal se discuta y vote una reforma constitucional que tiene como objetivo proteger a los animales y poner un freno al maltrato que, lamentablemente, México ocupa el tercer lugar mundial y el primero en América Latina.
"El maltrato animal es un tema prioritario para el Partido Verde porque nuestro país cuenta con altos índices de violencia hacia los animales domésticos y en situaciones de entretenimiento, como las peleas de gallos y las corridas de toros", indicó el diputado animalista del Congreso de la Ciudad de México, Manuel Talayero.
El legislador afirmó que, contar con un marco legal uniforme en todo el país permitirá que las autoridades trabajen de manera coordinada y que las sanciones sean equivalentes sin importar la región donde se cometa el abuso, al tiempo de contribuir a la construcción de una sociedad más pacífica y progresista.
"La creación de una ley general en materia de protección animal válida en todo el país no sólo es un tema de justicia, sino también de bienestar social y de proyección internacional. Debemos acabar con el abuso y las prácticas inaceptables de maltrato a los seres vivos que no tienen voz para defenderse y es gracias a la apropiación del dictamen que busca elevar a rango constitucional la prohibición del maltrato animal, que nuestro país tiene la oportunidad de dar un paso histórico en favor de todos los seres vivos no humanos", finalizó el presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino, Manuel Talayero.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) presidida por el ecologista Jesús Sesma Suárez, instaló el Grupo de Trabajo para la Revisión Integral y Actualización de la Normatividad Interna del Congreso de la Ciudad de México, el cual tendrá como objetivo que la Ley Orgánica y el Reglamento sean modernos, coherentes y alineados con los principios de sostenibilidad, transparencia y representatividad.
Durante la instalación, Sesma Suárez destacó que se busca actualizar la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso para que cumplan con los estándares y principios de la Constitución Política de la Ciudad de México. En ese sentido indicó que la estrategia operativa del Grupo de Trabajo pondrá énfasis en la transversalidad legislativa como un enfoque esencial para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la Carta de Derechos de la Constitución de la Ciudad de México y los principios de la Carta de las Naciones Unidas en el proceso normativo.
“Este enfoque asegura que todas las leyes y reformas sean inclusivas, sostenibles y garanticen el bienestar de la ciudadanía. Además, la división de los temas en grupos especializados permitirá abordar las necesidades operativas del Congreso con un enfoque técnico y sectorial, optimizando los procesos internos y mejorando la claridad y aplicabilidad del marco normativo”.
Cabe destacar que esta estrategia permitiría que los acuerdos colaterales sean emitidos por el Pleno, con el objetivo de evitar una sobrecarga en el Reglamento y permitir actualizaciones rápidas, en línea con las necesidades operativas. Entre las normas susceptibles de traslado a estos acuerdos se sugieren: un Manual de Procedimientos Protocolarios, que aborde reglas específicas para eventos y reconocimientos; Acuerdos sobre el Uso de Tecnología, que regulen aspectos técnicos en sesiones virtuales y el sistema de votación electrónica; y Lineamientos para procesos de Comisiones.
Durante la reunión, los líderes políticos, funcionarios y asesores legislativos coincidieron en que esta revisión de la normatividad interna del Congreso representa el inicio de una modernización efectiva del marco jurídico de la Ciudad que es necesario para abordar de manera inmediata las reformas de armonizar con la Constitución General y las leyes secundarias federales, en paralelo, y para programar acciones que adapten la legislación a los instrumentos de planeación y a los pendientes de la Constitución de la Ciudad.