- Es indispensable reconocer que las carreteras fragmentan el medio ambiente natural, impidiendo que muchas especies animales dispongan de áreas que necesitan para sobrevivir, destacó.
Con el objetivo de proteger la biodiversidad que habita en las zonas donde se construyan carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios, la senadora Jasmine María Bugarín presentó una iniciativa con la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de pasos de fauna.
La senadora destacó que es indispensable reconocer que las carreteras fragmentan el medio ambiente natural, impidiendo que muchas especies animales dispongan de áreas que necesitan para sobrevivir, por lo que su iniciativa propone diversas acciones para proteger a las especies que habitan estas áreas.
Entre ellas, se encuentra definir en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal el término "Paso de Fauna"; establecer como criterio obligado el establecimiento de pasos de fauna en la construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios; señalar la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de emitir Normas Oficiales Mexicanas para establecer los elementos indispensables a considerar para la construcción y establecimiento de pasos de fauna, entre otras.
Explicó que de acuerdo con el Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en carreteras de México, algunos de los principales impactos ambientales que genera la construcción de caminos, son: Reducción de la biodiversidad debido a la fragmentación de los hábitats; reducción de las zonas forestales por la construcción de carreteras y su impacto significativo por el alto valor que tienen los árboles para absorber gases de efecto invernadero (GEI); su incidencia como vector para facilitar la dispersión de especies no autóctonas e invasoras; su impacto en la mortalidad de especies por el atropellamiento; entre otros impactos al suelo y al agua.
Agregó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1997 al 2014, hubo 7 millones 003 mil 762 accidentes automovilísticos, de los cuales 29 mil 289 fueron colisiones con animales.
Ante este panorama, destacó que, según el observatorio, las consecuencias directas de estos accidentes incluyen costos ambientales por la pérdida de especies de fauna, pérdidas y lesiones humanas y daños materiales, con los consecuentes impactos en la economía del país y su sociedad.
Explicó que la construcción de infraestructura como ferrocarriles y carreteras, dividen el territorio fragmentando los hábitats naturales y creando barreras que impiden el desplazamiento de la fauna, además de que muchas especies de insectos, mamíferos y aves no cruzan estas barreras, por lo que las plantas que tienen frutos carnosos o semillas que son dispersados por animales son también afectadas.
En este sentido, recordó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) dice que las carreteras crean una barrera para los movimientos de la vida silvestre y como consecuencia, importantes efectos sobre la demografía de comunidades animales, la reducción de la biodiversidad y el incremento de la tasa de extinción.
Por ello, insistió en la importancia de proteger la fauna y evitar la fragmentación de los ecosistemas, por lo que es indispensable la creación de los denominados pasos de fauna, los cuales permiten a los animales cruzar las barreras impuestas por el ser humano, favoreciendo la conectividad ecológica.
- En 2023 se registraron más de seis mil reclamaciones por incumplimientos de aseguradoras; empresas como MetLife, GNP, BBVA Seguros y Axa encabezan la lista de quejas por negativas de pago e información engañosa en los contratos.
Ante el alarmante incremento de la inflación médica en México, que en lo que va del 2025 ha superado el 14 por ciento, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, hizo un llamado urgente a las autoridades financieras a garantizar mayor transparencia en los contratos de seguros de vida y gastos médicos. Dijo que la falta de claridad en estos acuerdos deja a miles de asegurados en situación de vulnerabilidad financiera.
A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora exhortó a la CONDUSEF y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) implementen mecanismos de supervisión estrictos para garantizar que todas las instituciones aseguradoras informen de manera clara y precisa sobre sus coberturas, exclusiones y costos adicionales, en cumplimiento con el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Además, exige sanciones a aquellas compañías que incurran en prácticas abusivas.
"El derecho a la información es clave en cualquier contrato, por lo que las aseguradoras tienen la obligación de explicar a los asegurados por qué aumentan los costos y bajo qué condiciones. Es por ello, que no podemos permitir que los ciudadanos sigan en la incertidumbre cuando más necesitan respaldo financiero y de salud", señaló la senadora.
Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en 2023 se registraron más de seis mil 100 reclamaciones por incumplimientos de aseguradoras, siendo las principales afectadas las pólizas de vida y gastos médicos.
“Empresas como MetLife, GNP, BBVA Seguros y Axa encabezan la lista de quejas por negativas de pago e información engañosa en los contratos”, comentó la legisladora por Tamaulipas.
Las entidades con mayor número de reclamaciones en materia de seguros de vida son: la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Entre las principales causas se encuentran la negativa en el pago de la indemnización, inconformidad con el tiempo de pago, falta de claridad en los contratos y el rechazo por siniestros excluidos o no cubiertos.
Explicó que la obligación de las aseguradoras no sólo se limita a ofrecer un producto financiero, sino a cumplir con la función social de brindar tranquilidad y respaldo económico a quienes confían en sus servicios.
“Por ello, solicitamos a las instituciones reguladoras intensificar su vigilancia y sancionar a las empresas que no cumplan con las normas de transparencia”, enfatizó Ortiz Domínguez.
- Se busca garantizar la seguridad y los derechos humanos de los connacionales que retornan al país.
- Cada año, más de 1 millón de mexicanos regresan desde EE. UU; muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los mexicanos que retornan al país de forma temporal o definitiva, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración, la cual busca implementar programas permanentes que garanticen el respeto a sus derechos humanos, así como su seguridad personal y patrimonial, mediante una coordinación efectiva con los tres niveles de gobierno.
La propuesta modifica una fracción al artículo 20 de la Ley de Migración para otorgar al Instituto Nacional de Migración (INM) la facultad de establecer convenios con dependencias federales, gobiernos estatales y municipales para llevar a cabo acciones de seguridad y asistencia para migrantes repatriados, con el fin de protegerlos de los riesgos constantes a los que se enfrentan durante su trayecto, tales como extorsiones, robos y violencia física, entre otros.
Cada año, más de 1.4 millones de connacionales regresan a México desde Estados Unidos, principalmente en temporada decembrina. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
“A pesar de estos números, las políticas de apoyo siguen siendo insuficientes, por lo que es momento de que el gobierno actúe con contundencia para proteger a quienes han contribuido al desarrollo de México, dentro y fuera de nuestras fronteras", añadió la legisladora.
Actualmente, más del 97 por ciento de los mexicanos que viven en el extranjero residen en Estados Unidos, lo que equivale a 11.7 millones de personas. Entre 2013 y 2018, alrededor de 870 mil mexicanos migraron al país vecino, pero 710 mil regresaron.
"No podemos permanecer indiferentes ante la vulnerabilidad de nuestros connacionales. Es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar un retorno seguro y digno, así como promover su integración efectiva a la vida social y económica del país", afirmó la senadora Corona Nakamura al presentar su iniciativa ante el pleno del Senado.
