Luego de que se anunciara el incremento de tarifa al transporte público en Nuevo León, los senadores de Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz, presentaron dos herramientas legislativas para dejar sin efectos dicho incremento y evitar que éstos sucedan en un futuro. Los legisladores aseguraron que las nuevas tarifas son una herramienta recaudatoria que afecta gravemente a la economía familiar de los nuevoleoneses, no resuelve la crisis de movilidad y es un duro golpe para la competitividad del Estado.
Los senadores presentaron una iniciativa de reforma al Artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta propuesta busca establecer lineamientos claros y justos para el incremento de tarifas del transporte público, así como garantizar la calidad y accesibilidad de este servicio esencial para los mexicanos.
La iniciativa plantea cinco puntos clave:1. Prohibir el incremento de tarifas abruptas y por encima de la inflación.
2. Establecer la figura de incrementos graduales, ajustables a partir del tercer mes de cada año, para permitir una mejor planificación económica de las familias.
3. Obligar a que antes de cualquier procedimiento de revisión de tarifas, las entidades federativas realicen inspecciones físicas a todas las unidades del transporte público, asegurando que cumplan con las normas de tránsito, universalidad, limpieza, y equipo adecuado para climas extremos.
4. Que los estudios técnicos, económicos y de impacto a la economía familiar sean públicos y transparentes, justificando plenamente cualquier incremento en las tarifas en las entidades federativas.
5. Implementar subsidios dirigidos específicamente a personas de la tercera edad.
Por otro lado, presentaron un Punto de Acuerdo para solicitar al Estado dar marcha atrás al incremento sugerido; exigir transparencia en las decisiones relacionadas con el transporte público y hacer públicos los estudios que justifican este incremento, así como los estudios técnicos y análisis correspondientes del parque vehicular, rutas operativas y condiciones de las unidades concesionadas; y solicita al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal un informe sobre el estado del proyecto del corredor ferroviario García-Aeropuerto.
Así también pide a la Procuraduría Federal del Consumidor evaluar si procede una acción colectiva contra los incrementos de tarifas de los servicios de transporte en el Estado de Nuevo León, y al autoridad federal en materia de libre competencia y concurrencia, antes Comisión Federal de Competencia, iniciar una investigación contra la política tributaria del Gobierno del Estado de Nuevo León, por la imposición de tarifas que distorsiona la competencia en la prestación de servicio de transporte en la entidad.
"No podemos permitir que las decisiones sobre el transporte público sigan tomándose sin un sustento claro y sin considerar el impacto directo que tienen en las familias trabajadoras. Este aumento tarifario es desproporcionado, y en un momento donde el sistema de transporte no garantiza calidad ni condiciones dignas para los usuarios" aseguró Díaz.
Por su parte, Fernández externó su extrañamiento sobre el hecho de que el transporte público que no está en el sistema estatal, el costo se mantiene en 12 pesos, mientras las que sí están integradas el aumento está en 15 pesos y llegará hasta 17, por lo que dijo que es evidente "que es una herramienta recaudatoria y no una que sea congruente con el servicio otorgado al usuario".
Los senadores de Nuevo León reiteraron su compromiso de trabajar por un transporte público justo, accesible y de calidad, estableciendo mecanismos que protejan a los ciudadanos de abusos como el que están viviendo los nuevoleoneses.
- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), subrayó que los miembros del Comité de Evaluación van a hacer las cosas de manera correcta, con total profesionalismo, pulcritud y transparencia
- "Solicitamos ayer al Comité de Evaluación tener una reunión la próxima semana con la finalidad de que presenten su programa de trabajo", adelantó Sesma Suárez
El Coordinador del Partido Verde en el Congreso de la CDMX, Jesús Sesma Suárez, aseguró que el trabajo que realizará el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Local para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la Elección Extraordinaria del 2025, "será transparente, apegado a derecho, profesional y con total pulcritud".
En conferencia de prensa en el Recinto Legislativo de Donceles, el congresista ecologista señaló que desde el día de ayer se le asignó a dicho Comité un espacio de trabajo y todas las herramientas necesarias para recibir y tramitar los expedientes de quienes están interesados en participar en este proceso.
Acompañado de diputadas y diputados de Morena y de las Asociaciones Parlamentarias, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó que la próxima semana sontendrá una reunión con el Comité de Evaluación, con la finalidad de que presenten la cronología y plan de trabajo que realizarán y aseguró que todas las reuniones serán abiertas al público.
Asimismo, respecto a las especulaciones del proceso que realizó la Comisión Especial para la integración del Comité de Evaluación, el diputado local enfatizó que fue transparente y se dio la oportunidad de que todas y todos participarán por lo que lamentó las expresiones dadas por la oposición, particularmente por Acción Nacional y MC sobre este tema.
"Sabemos que este nuevo proceso democrático estará bajo la lupa tanto a nivel local, como nacional e internacional, pero yo, al igual que mis compañeras y compañeros aquí presentes, estamos convencidos que quienes están participando en el Comité de Evaluación harán las cosas de manera correcta, con profesionalismo y lo más importante, apegados a derecho y de manera transparente", concluyó el congresista Jesús Sema.
- El sureste mexicano, donde se desarrolla el Tren Maya, es hábitat de especies clave como el jaguar.
- La senadora aseguró que cualquier acción que implique sacrificio de jaguares, tapires o venados violaría el marco jurídico nacional e internacional que México ha suscrito.
Para garantizar la protección y el cuidado de la fauna ubicada en la zona donde se construye el Tren Maya, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que verifique el cumplimiento de las normas mexicanas e internacionales firmadas por nuestro país en materia de protección y bienestar animal.
La senadora exhortó también a la Secretaría de la Defensa Nacional a informar las especificaciones del contrato firmado por la empresa Susoma Soluciones Ambientales, S. de RL de CV, particularmente en el tratamiento que darán a la flora y fauna de esta zona, mediante el protocolo definido en la prestación de servicios.
Y es que en pasados días, trascendió en diversos medios de comunicación que la Secretaría de Defensa Nacional, y la empresa Tren Maya, S.A. de C.V., firmaron el contrato TM-CGRMSG-SVS-0200/204 con la empresa Susoma Soluciones Ambientales, S. de RL de CV, el cual destacaba el "servicio de manejo de fauna nociva para las operaciones ferroviarias del Tren Maya" con el objetivo de ahuyentarlas, capturarlas, removerlas de las cercanías del tren, e incluso sacrificarlas.
La legisladora subrayó que el sureste mexicano, donde se desarrolla el Tren Maya, es hábitat de especies clave como el jaguar, del cual, estudios recientes afirman que en la península de Yucatán habitan tan solo 750 ejemplares adultos; además de otras especies como el tapir y el venado, todos ellos clasificados como especies endémicas en peligro de extinción, pero que han sido consideradas "peligrosas para mantener los indicadores de seguridad y eficiencia del Tren Maya", de acuerdo con el contrato celebrado con la empresa Susoma.
Aseguró que cualquier acción que implique sacrificio de jaguares, tapires o venados violaría el marco jurídico nacional e internacional que México ha suscrito, como por ejemplo, la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que establece que la conservación de especies endémicas y en peligro de extinción debe ser prioritaria; mientras que la Ley General de Vida Silvestre subraya la responsabilidad de la SEMARNAT en la identificación, protección y recuperación de especies en riesgo.
Dijo que aunque la NOM-033-SAG/ZOO-2014 define la "matanza de control" como una medida para proteger áreas naturales o evitar riesgos graves para la vida humana, animal o medio ambiente, bajo circunstancias específicas, como jaurías o riesgo de ataque a personas o animales, éstas no sustentan la facultad de los prestadores de servicios para realizar matanzas en las circunstancias planeadas, por lo que la senadora consideró indispensable "analizar el contenido del contrato para efectuar la interpretación adecuada y coordinar con las autoridades responsables para evitar prácticas que pongan en riesgo el bienestar de la fauna", apuntó.
Finalmente, la senadora destacó la "urgente necesidad de implementar medidas estrictas de protección frente a cualquier proyecto de desarrollo, incluyendo al Tren Maya".
