PARTIDO VERDE PROPONE REFORMA PARA GARANTIZAR PROTECCIÓN A LA NIÑEZ ANTE CIFRAS DE VIOLENCIA INFANTIL

  • La iniciativa se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de asegurar el derecho de los infantes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos

Con el objetivo de definir de manera precisa el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, garantizando que cumpla con los principios de taxatividad, claridad normativa y respeto al interés superior de la infancia, la diputada Casandra Prisilla de los Santos propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La propuesta, explicó, se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de asegurar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos.
 
La legisladora ecologista resaltó que, a lo largo de los años, el Estado mexicano ha avanzado en su compromiso de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este proceso ha incluido la suscripción de acuerdos y tratados internacionales, los cuales han obligado al país a implementar medidas específicas para garantizar dichos derechos, creando, entre otras cosas, un sistema jurídico de protección.
Refirió las diversas reformas realizadas a la Constitución Política en la materia, así como la promulgación, en 2014, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y refuerza los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el ejercicio de los derechos humanos, en concordancia con lo establecido en la Constitución.
 
No obstante, comentó que a pesar de los esfuerzos legislativos que se han hecho en el país y las políticas públicas orientadas a proteger a los menores, las cifras de violencia sexual siguen siendo alarmantes y las respuestas del sistema judicial y de seguridad no siempre son suficientes ni efectivas. 
 
Señaló que, según el Sistema de Información de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2022 se reportaron más de 11 mil casos de abuso sexual infantil en el país, aunque expertos aseguran que sólo una fracción de estos casos son denunciados debido al miedo, la vergüenza y la falta de confianza en el sistema judicial. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que 70 por ciento de los casos de abuso sexual no se denuncian, lo cual refleja la magnitud oculta de este problema. 
 
Ante ello propuso modificar los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que "es necesario contar con un marco legal que sea más riguroso, adecuado a las necesidades actuales y que garantice una protección real y efectiva a las niñas, niños y adolescentes, adaptándose a las recomendaciones internacionales y a los principios constitucionales que sustentan los derechos de los menores". 
 
Añadió que es fundamental exigir el cumplimiento de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y tomar medidas efectivas para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y abuso sexual en su contra. "Es necesario avanzar en la implementación de acciones que aseguren el respeto al interés superior de la infancia y adolescencia", remarcó.