Con la venia de la presidencia,
Nos encontramos hoy en un momento histórico, ante una responsabilidad crucial para el futuro de nuestra Nación. Esta iniciativa más que un conjunto de reformas es un compromiso renovado con la dignidad, la justicia y el progreso.
México ha sido desde su fundación un país que lucha por garantizar los derechos de todas y todos, sin embargo, los desafíos del siglo XXI nos exigen actuar con visión y decisión, el mundo avanza rápidamente, la tecnología transforma nuestras vidas, las demandas sociales cambian y las amenazas a nuestros derechos adoptan nuevas formas, esta ley busca responder a estos retos.
En este contexto se inscribe el paquete económico 2025, presentado por el gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum, del cual forma parte el dictamen que hoy discutimos, es decir, los cambios a la Ley Federal de Derechos.
Este paquete se destaca por priorizar el gasto en rubros fundamentales que han caracterizado a la transformación de la vida pública en nuestro país, además de devolver la trayectoria de la deuda pública a los niveles registrados antes del año 2024, año en que se realizaron inversiones históricas para la conclusión de los proyectos que se establecieron como prioridad al principio del sexenio anterior.
En la misma línea, un punto especialmente relevante del dictamen es la recuperación del cobro de derechos como herramienta para financiar las acciones del gobierno. Este esquema busca alcanzar una retribución justa por el uso de bienes de la nación, mejorar la tecnificación en los procesos de medición y control fiscal e incrementar los ingresos que se dirigen a la reparación de las afectaciones derivadas de la explotación de recursos de la nación.
En cuanto al primer eje, la retribución justa por el uso de bienes reflejada en las cuotas de derechos, la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal contempla un incremento en la tasa del derecho especial sobre minería, que pasa del 7.5 por ciento al 8.5 por ciento y también en la tasa del derecho extraordinario sobre minería, que se eleva del 0.5 por ciento al 1 por ciento.
Estos ajustes reflejan el compromiso del gobierno de garantizar que quienes se beneficien de los recursos naturales de la nación contribuyan de manera justa al desarrollo social.
Es cierto que estos cambios generan debate y habrá quienes intenten descalificarlos, sin embargo, es crucial subrayar dos premisas fundamentales: no se trata de nuevos impuestos ni de un incremento generalizado en la carga tributaria, se trata del aumento de la cuota que se cobra por un derecho. Con esto, reafirmamos nuestro compromiso de no crear nuevos impuestos.
De igual forma, estas medidas reflejan un cambio significativo respecto a administraciones anteriores en el sentido de que tanto la actual como la pasada han asumido la responsabilidad de garantizar un cobro justo por los beneficios derivados del uso de recursos nacionales, fomentando así la progresividad fiscal.
Paralelamente, el dictamen incluye disposiciones para eficientar y transparentar el proceso de determinación y pago de derechos.
Ejemplo de lo anterior son las deducciones al pago de derechos relativos al agua por la compra de aparatos de medición, los cuales ahora deberán estar respaldadas por comprobantes fiscales y dichos aparatos deberán cumplir con las especificaciones técnicas emitidas por la CONAGUA.
Estas medidas, junto con la incorporación de comprobantes fiscales y ajustes en los parámetros para el cálculo de derechos facilitan el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y refuerzan el control gubernamental.
En cuanto a los incrementos en las cuotas por el uso de Áreas Naturales Protegidas, se debe señalar que estas medidas no solo fortalecen la conservación de nuestros ecosistemas, sino que también incorporan descuentos para residentes nacionales y amplían las exenciones para grupos vulnerables, garantizando su acceso a derechos y servicios.
Los ingresos adicionales obtenidos a través de los cambios planteados beneficiarán directamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, promoviendo el manejo sustentable de estos espacios. Esta última acción refleja una aspiración colectiva, lograr una contribución justa por la explotación de los recursos que son propiedad de la nación y garantizar que los beneficios obtenidos se destinen a su conservación.
Por las razones que aquí he expuesto, en el Partido Verde votaremos a favor del dictamen.
Es cuanto.
