INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LUIS MIRANDA DEL GPPVEM, EN LA COMISIÓN PERMANENTE, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE RATIFICA DIVERSOS NOMBRAMIENTOS
- Con dicha propuesta se busca brindar certeza jurídica y pensiones dignas a los trabajadores retirados
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para calcular las pensiones y jubilaciones en el país. La propuesta busca brindar certeza jurídica y pensiones dignas a los trabajadores retirados, así como garantizar su bienestar y el respeto a sus derechos laborales adquiridos tras años de servicio.
La iniciativa presentada por el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas responde a la creciente inconformidad de los pensionados, quienes han visto una disminución considerable en sus ingresos desde que se adoptó la UMA como base de cálculo.
“Aunque la desindexación del salario mínimo se promovió para favorecer a los trabajadores en activo mediante su aumento progresivo, en el caso de los jubilados ha tenido el efecto contrario, generando reducciones en sus pensiones y afectando su calidad de vida”, explicó el legislador.
Por esta razón propuso que el criterio para eliminar la UMA en el cálculo de pensiones sea establecido directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Esto permitiría una aplicación generalizada sin lugar a interpretaciones judiciales que continúen afectando los ingresos de los jubilados, quienes tienen el legítimo derecho a una pensión que les garantice una vida digna y segura en la etapa del retiro”, añadió.
Al comparar el comportamiento del salario mínimo con el de la UMA en los últimos siete años, se hace evidente la desventaja para los pensionados. Mientras el salario mínimo ha aumentado en 173.12 pesos, la UMA sólo ha crecido 30.50 pesos en el mismo periodo, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de los jubilados y demuestra la necesidad urgente de una reforma en este sentido.
Este desfase ha significado que los ingresos de los pensionados no sólo no crezcan al ritmo de la economía, sino que en muchos casos se reduzcan en términos reales, profundizando su vulnerabilidad y alejándolos del ideal de un retiro digno.
En suma, la iniciativa busca corregir una injusticia estructural que afecta a millones de jubilados en México y refrenda el compromiso del Partido Verde con la protección de los derechos de las y los adultos mayores, proponiendo que el cálculo de las pensiones se base nuevamente en el salario mínimo como medida de justicia, equidad y dignidad para quienes han entregado su esfuerzo al desarrollo del país.
- Dicha consulta se realizará respetando en todo momento sus usos y costumbres y en los términos que establecen los tratados internacionales firmados por México en la materia
Con el fin de evitar conflictos, actos de represión y garantizar que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Agraria para regular y establecer que construcciones de carácter público o privado dentro de tierras en las que se asienten comunidades indígenas y afromexicanas pasen por consulta ciudadana previa, libre e informada.
La propuesta contempla adicionar el artículo 9º. Bis a la citada Ley para incluir la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas cuando sus tierras se encuentren contempladas en proyectos de infraestructura que afecten de alguna manera su sana convivencia.
El diputado ecologista explicó que como antecedente de cómo un proyecto de infraestructura puede afectar a las comunidades indígenas está la brutal represión que vivieron los habitantes de Atenco, en el Estado de México, quienes hace unos años no fueron consultados para la construcción de un aeropuerto en sus tierras y ante la expresión de su inconformidad por el Estado recibieron únicamente represión.
"Como diputado federal indígena, representante de Veracruz y estudioso de la historia, quiero presentar esta adición a la Ley Agraria, porque no quiero que mis hermanos indígenas de cualquier parte del país sufran represión o incluso los priven de la vida por oponerse a la creación de infraestructura pública o privada que afecte su sano desarrollo", resaltó.
De acuerdo con la iniciativa, "toda acción gubernamental o privada que implique la ejecución de obras, instalaciones o actividades dentro de tierras pertenecientes o colindantes con comunidades indígenas o afromexicanas deberá garantizarse el derecho de estas comunidades a ser consultadas de manera previa, libre e informada, respetando en todo momento sus usos y costumbres, en los términos que establecen los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la legislación nacional en la materia".
Establece que dicha consulta deberá realizarse de forma oportuna, con la participación efectiva de las autoridades tradicionales, respetando su estructura organizativa, su identidad cultural y su vinculación con el territorio.
Asimismo, señala que su finalidad será conocer y, en su caso, obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar su integridad territorial, sus formas de vida, recursos naturales o desarrollo sostenible.
Precisa que el resultado de la consulta será vinculante y deberá formar parte del expediente administrativo del proyecto correspondiente. Añade que las autoridades competentes deberán abstenerse de otorgar permisos, licencias o concesiones si no se ha cumplido con este procedimiento de manera adecuada y documentada".
Jonathan Puertos indicó que su propuesta, también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
