- Reconocemos a las Fuerzas Armadas como pilar de la pacificación nacional y respaldamos el liderazgo de la presidenta de México como Comandanta Suprema, comprometida con la seguridad nacional: Velasco Coello.
- 62% de los mexicanos considera que la actual estrategia de combate a la inseguridad está dando resultados.
Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en el Senado de la República, el coordinador de la bancada del Partido Verde, Manuel Velasco Coello, reconoció los avances alcanzados en materia de seguridad durante el primer año de gobierno, al subrayar que la Estrategia Nacional ha logrado reducir los homicidios dolosos en un 32 por ciento a nivel nacional.
En tribuna, el legislador destacó que este avance es reflejo de una política efectiva de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como del trabajo comprometido del Gabinete de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Señaló que en estados como Chiapas los homicidios disminuyeron 73 por ciento; en San Luis Potosí, 71 por ciento; en Jalisco, 62 por ciento; en Nuevo León, 61 por ciento, Guanajuato del 47 por ciento y Estado de México del 43 por ciento, resultados que reflejan una política firme y coordinada.
“Los mexicanos ya estamos viendo los resultados de una estrategia sólida, con liderazgo y coordinación. Además, la mayoría de los senadores reconocemos en el secretario Harfuch a un funcionario respetuoso, cercano y abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas”, enfatizó.
Velasco Coello enfatizó que el 62 por ciento de los mexicanos considera que la actual estrategia de combate a la inseguridad está dando resultados, de acuerdo con la más reciente encuesta de De las Heras/Demotecnia. Reconoció además la labor de las Fuerzas Armadas y el compromiso del Gabinete de Seguridad Nacional, especialmente en acciones como el decomiso sin precedentes de más de 70 millones de litros de combustible robado.
Por otra parte, el líder de la bancada ecologista subrayó que el país requiere invertir más en programas de prevención del delito, rescate del tejido social, fomento al deporte y fortalecimiento de las policías estatales y municipales. “La seguridad —afirmó— es una prioridad nacional que nos debe unir a los mexicanos por encima de las diferencias ideológicas o partidistas”.
- Destacó que la falta de una regulación específica a nivel federal ha permitido que este delito quede prácticamente impune.
La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el propósito de proteger la identidad de las personas en el entorno digital y sancionar la suplantación de identidad como un delito grave en todo el país.
Durante su intervención, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México, señaló que esta propuesta responde a una de las principales preocupaciones ciudadanas: la seguridad y protección de los datos personales en un entorno tecnológico cada vez más vulnerable.
“La suplantación de identidad no es un fenómeno aislado ni menor; es un delito que amenaza la seguridad, la confianza y la vida cotidiana de millones de personas”, advirtió.
Explicó que entre 2022 y 2023, los reportes por robo de identidad en México aumentaron más del 200 por ciento, y que, según la Condusef, más del 70 por ciento de los fraudes en 2023 fueron cibernéticos, con pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos.
Destacó que la falta de una regulación específica a nivel federal ha permitido que este delito quede prácticamente impune, pese a que algunos estados ya lo han incorporado en sus códigos penales.
Por ello, la iniciativa plantea reformar el Título Noveno del Código Penal Federal para crear un nuevo Capítulo Tercero denominado “Delitos contra la Identidad de las Personas”, que contempla dos figuras principales:
- Suplantación de identidad, para sancionar a quien se apropie ilícitamente de los datos personales de otra persona con el fin de obtener un beneficio, causar perjuicio o cometer un delito.
- Falsificación informática, para castigar la alteración, introducción o eliminación de datos digitales con el propósito de presentarlos como auténticos o darles efectos legales.
Asimismo, se establecen agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, mediante documentos o firmas digitales falsas, o cuando la información personal sea transferida a terceros.
“Con estas reformas cerraremos una laguna jurídica que hoy actúa a favor de la delincuencia. Daremos mayor protección a las víctimas y enviaremos un mensaje claro: en México, la identidad de las personas será protegida con toda la fuerza de la ley”, afirmó.
- Indispensable asegurar la incorporación obligatoria y gratuita de las personas con discapacidad a los servicios públicos de salud.
- También es fundamental fortalecer el acceso a los servicios médicos en la población de niñas, niños y adolescentes.
Para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad, además de proteger su salud y promover la igualdad de oportunidades, las y los senadores del Partido Verde presentaron una propuesta que busca que las personas con discapacidad puedan incorporarse a un servicio gratuito de salud, así como registrar a niñas y niños ante alguna institución de seguridad médica.
Reconocieron que aunque los sistemas públicos de salud han evolucionado con la finalidad de que toda persona tenga acceso a los servicios básicos, actualmente aún se enfrentan desafíos constantes en esta materia, por lo que en todo el mundo se han planteado diversas políticas públicas para enfrentar estos desafíos a través del fortalecimiento de los sistemas de salud y se garantice el ejercicio pleno del derecho humano.
Explicaron que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial una de cada seis personas sufre de alguna discapacidad importante, además de que el 50 por ciento de este sector social no tiene acceso a sanidad.
Destacaron que además de padecer una discapacidad, sufren diversas desigualdades en materia de salud, las cuales crean factores estructurales, como estigmatización y discriminación, además de que las leyes y políticas no incluyentes limitan el derecho a tomar sus propias decisiones y perpetúan las prácticas nocivas en el sector salud.
Agregaron que dentro de este sector social, las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad enfrentan también situaciones de marginación y exclusión. Explicaron que según datos de la UNICEF, en América Latina y el Caribe hay 8 millones de niñas y niños menores de 14 años y 6,5 millones de jóvenes de 14 a 19 años que tienen alguna discapacidad y enfrentan barreras para acceder a la atención médica y recibir atención de calidad.
Subrayaron que, en México, la población de 5 y más años, con discapacidad es de aproximadamente 8.8 millones. De este total se estima que 2.61 millones de personas se encuentra entre cero y 17 años.
Ante este panorama, insistieron en que resulta necesario analizar la realidad nacional para dimensionar el alcance de este desafío en México, donde la población con discapacidad constituye un sector amplio y diverso, y dentro de este, las niñas, niños y adolescentes representan un grupo prioritario cuya atención integral no puede posponerse.
Por ello, hicieron énfasis en que es indispensable asegurar la incorporación obligatoria y gratuita de las personas con discapacidad a los servicios públicos de salud, evitando que el acceso dependa de la existencia de programas que en ocasiones tienden a tener una temporalidad o están sujetos a cambios administrativos. Agregaron que también es fundamental fortalecer el acceso a los servicios médicos en la población de niñas, niños y adolescentes para garantizar su bienestar, proteger su salud, promover la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza.
