- Es de suma importancia que los estados y municipios con menor percepción de seguridad, tomen en consideración el programa “PILARES” para devolver a la ciudadanía espacios seguros de recreación, cultura y deporte.
Como parte de la estrategia de políticas públicas para impulsar la reconstrucción del tejido social en zonas prioritarias y con altos índices de violencia, la senadora Maki Ortiz Domínguez presentó un punto de acuerdo para exhortar a las y los titulares de gobierno de las 32 entidades federativas a adoptar y adaptar el programa denominado "Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, PILARES" en estos lugares.
Detalló que según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del primer trimestre de 2024 (ENSU 2024), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, el 61 por ciento de la población de 18 años y más, residentes de 90 ciudades de interés consideran inseguro vivir en su ciudad, además los encuestados señalaron haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, como consumo de alcohol en las calles, robos o asaltos, vandalismo en las viviendas o negocios, venta o consumo de drogas, entre las más destacadas.
La senadora afirmó que estos datos reflejan la realidad de muchos barrios, comunidades, colonias y municipios de nuestro país, donde el tejido social se encuentra desgastado, por lo que consideró que se deben “impulsar programas que fomenten la educación, cultura, deporte y oficios que promuevan valores de familia, recreación y su posible inserción en el campo laboral”.
En este sentido, destacó el programa educativo y social llamado "Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, PILARES", al cual calificó como uno de los proyectos sociales más relevantes de la Ciudad de México, que trata de atender de manera directa las necesidades educativas de una población que vive con altos índices de marginación social.
Recordó que con este programa, la administración de la Ciudad de México buscó disminuir violencias y desigualdades, regenerar el tejido social en zonas prioritarias mediante la participación de sus habitantes y acercar la educación, cultura y deporte como un derecho social para todos y todas.
Por ello, la senadora aseguró que "es de suma importancia que los estados y municipios con menor percepción de seguridad, tomen en consideración dicho programa para adoptarlo en cada uno de sus modelos y devolver a la ciudadanía espacios seguros de recreación, cultura y deporte", y agregó que estos espacios incluyen ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de emprendimiento y capacitación para el empleo, con la finalidad de crear ambientes sanos donde las y los jóvenes se sientan atraídos y se alejen de las organizaciones delictivas.
- Se busca proteger al menos el 30% del territorio nacional antes de 2030, para cumplir con los compromisos internacionales como la Meta 30x30 del Convenio sobre Diversidad Biológica.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República, Karen Castrejón Trujillo, presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de reconocer legalmente nuevas figuras de conservación conocidas como “Otras Medidas Eficaces de Conservación Basadas en Áreas”, una figura clave para avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de biodiversidad.
La propuesta legislativa -respaldada por los diputados Joaquín Zebadúa Alva y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de Morena- busca armonizar el marco jurídico nacional con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Meta 30x30 del Marco Mundial Kunming-Montreal, que establece conservar al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, marinas y de aguas continentales para el año 2030.
Castrejón Trujillo destacó que la reforma contempla la creación del Registro Nacional de Otras Medidas Efectivas de Conservación (RENOM). Además, plantea adicionar nuevas disposiciones que permitan el reconocimiento, monitoreo y registro de zonas que, sin ser Áreas Naturales Protegidas (ANP), cumplan funciones clave para la biodiversidad, al tiempo que son gestionadas por comunidades locales, pueblos originarios y ejidos.
También plantea que quienes obtengan dicho reconocimiento puedan acceder a instrumentos económicos para impulsar la protección y restauración de sus territorios.
“Esta reforma representa un paso firme hacia un modelo más inclusivo y efectivo de conservación ambiental. Reconocer legalmente estas zonas permitirá fortalecer la protección de ecosistemas únicos y fomentar su gestión comunitaria con respaldo institucional”, afirmó Castrejón Trujillo.
La senadora subrayó que esta reforma busca armonizar el marco legal nacional con los compromisos internacionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte que establece el derecho humano a un medio ambiente sano, así como la función ecológica de la propiedad.
“Con esta iniciativa se podrá complementar adecuadamente las estrategias de protección de los recursos naturales emprendidas por el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum en beneficio del pueblo mexicano y, por supuesto, de nuestros recursos naturales”, concluyó la legisladora ecologista.
- Si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.
La corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas, aseguraron senadores y senadoras del Partido Verde en el Senado de la República, quienes presentaron una iniciativa para establecer mayores penas contra estos actos.
Las y los senadores del Partido Verde, Jasmine Bugarín, Karen Castrejón, Rocío Corona, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virginia Magaña, Luis Armando Melgar, Virgilio Mendoza, Maki Ortiz, Jorge Carlos Ramírez, Luis Alfonso Silva y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Detallaron que algunas de las prácticas de corrupción comunes en nuestro país en el sector salud, son: el robo de medicamentos por los propios médicos, el uso de medicamentos caducos o que rompieron las cadenas de custodia para mantener su temperatura, la venta de medicamentos en el mercado negro, la mala práctica médica y los médicos que ejercen sin una cédula profesional, los cuales, afirmaron, atentan contra el derecho humano fundamental de la salud.
Subrayaron que según datos de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), el impacto económico de la corrupción en nuestro país equivale a más de 500 mil millones de pesos anuales, lo cual representa aproximadamente el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Agregaron que uno de los sectores más afectados por la corrupción es el sector salud, en el que no existen cifras oficiales, pero “cuesta miles de vidas y compromete este derecho y el bienestar de los mexicanos”.
Explicaron que si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.
Y es que apuntaron que “la corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas”, por lo que insistieron en que es necesario que los delitos relacionados con la corrupción en este sector sean tratados con toda la fuerza del Estado.
Detallaron que los actos de corrupción en el sector salud implican desde el soborno para la asignación de contratos, hasta la falsificación de medicamentos o la malversación de recursos destinados al tratamiento de enfermedades, conductas que “no solo socavan el sistema de salud, sino ponen en riesgo la salud pública y, en el peor de los casos, pueden contribuir al aumento de enfermedades o muertes”, dijeron.
Finalmente, insistieron en que los actos de corrupción en el sector salud generan daños que van más allá de lo económico, afectan a la vida humana y a la dignidad de las personas, por lo que afirmaron que “es justo que quienes cometen estos delitos enfrenten sanciones proporcionales a la magnitud del daño causado a la colectividad”.
