- Destacó que la falta de una regulación específica a nivel federal ha permitido que este delito quede prácticamente impune.
La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el propósito de proteger la identidad de las personas en el entorno digital y sancionar la suplantación de identidad como un delito grave en todo el país.
Durante su intervención, la legisladora del Partido Verde Ecologista de México, señaló que esta propuesta responde a una de las principales preocupaciones ciudadanas: la seguridad y protección de los datos personales en un entorno tecnológico cada vez más vulnerable.
“La suplantación de identidad no es un fenómeno aislado ni menor; es un delito que amenaza la seguridad, la confianza y la vida cotidiana de millones de personas”, advirtió.
Explicó que entre 2022 y 2023, los reportes por robo de identidad en México aumentaron más del 200 por ciento, y que, según la Condusef, más del 70 por ciento de los fraudes en 2023 fueron cibernéticos, con pérdidas superiores a 20 mil millones de pesos.
Destacó que la falta de una regulación específica a nivel federal ha permitido que este delito quede prácticamente impune, pese a que algunos estados ya lo han incorporado en sus códigos penales.
Por ello, la iniciativa plantea reformar el Título Noveno del Código Penal Federal para crear un nuevo Capítulo Tercero denominado “Delitos contra la Identidad de las Personas”, que contempla dos figuras principales:
- Suplantación de identidad, para sancionar a quien se apropie ilícitamente de los datos personales de otra persona con el fin de obtener un beneficio, causar perjuicio o cometer un delito.
- Falsificación informática, para castigar la alteración, introducción o eliminación de datos digitales con el propósito de presentarlos como auténticos o darles efectos legales.
Asimismo, se establecen agravantes cuando el delito sea cometido por servidores públicos, mediante documentos o firmas digitales falsas, o cuando la información personal sea transferida a terceros.
“Con estas reformas cerraremos una laguna jurídica que hoy actúa a favor de la delincuencia. Daremos mayor protección a las víctimas y enviaremos un mensaje claro: en México, la identidad de las personas será protegida con toda la fuerza de la ley”, afirmó.
- Indispensable asegurar la incorporación obligatoria y gratuita de las personas con discapacidad a los servicios públicos de salud.
- También es fundamental fortalecer el acceso a los servicios médicos en la población de niñas, niños y adolescentes.
Para garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad, además de proteger su salud y promover la igualdad de oportunidades, las y los senadores del Partido Verde presentaron una propuesta que busca que las personas con discapacidad puedan incorporarse a un servicio gratuito de salud, así como registrar a niñas y niños ante alguna institución de seguridad médica.
Reconocieron que aunque los sistemas públicos de salud han evolucionado con la finalidad de que toda persona tenga acceso a los servicios básicos, actualmente aún se enfrentan desafíos constantes en esta materia, por lo que en todo el mundo se han planteado diversas políticas públicas para enfrentar estos desafíos a través del fortalecimiento de los sistemas de salud y se garantice el ejercicio pleno del derecho humano.
Explicaron que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial una de cada seis personas sufre de alguna discapacidad importante, además de que el 50 por ciento de este sector social no tiene acceso a sanidad.
Destacaron que además de padecer una discapacidad, sufren diversas desigualdades en materia de salud, las cuales crean factores estructurales, como estigmatización y discriminación, además de que las leyes y políticas no incluyentes limitan el derecho a tomar sus propias decisiones y perpetúan las prácticas nocivas en el sector salud.
Agregaron que dentro de este sector social, las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad enfrentan también situaciones de marginación y exclusión. Explicaron que según datos de la UNICEF, en América Latina y el Caribe hay 8 millones de niñas y niños menores de 14 años y 6,5 millones de jóvenes de 14 a 19 años que tienen alguna discapacidad y enfrentan barreras para acceder a la atención médica y recibir atención de calidad.
Subrayaron que, en México, la población de 5 y más años, con discapacidad es de aproximadamente 8.8 millones. De este total se estima que 2.61 millones de personas se encuentra entre cero y 17 años.
Ante este panorama, insistieron en que resulta necesario analizar la realidad nacional para dimensionar el alcance de este desafío en México, donde la población con discapacidad constituye un sector amplio y diverso, y dentro de este, las niñas, niños y adolescentes representan un grupo prioritario cuya atención integral no puede posponerse.
Por ello, hicieron énfasis en que es indispensable asegurar la incorporación obligatoria y gratuita de las personas con discapacidad a los servicios públicos de salud, evitando que el acceso dependa de la existencia de programas que en ocasiones tienden a tener una temporalidad o están sujetos a cambios administrativos. Agregaron que también es fundamental fortalecer el acceso a los servicios médicos en la población de niñas, niños y adolescentes para garantizar su bienestar, proteger su salud, promover la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza.
- El gasto en salud mental apenas representa el 3.19% del presupuesto total de salud.
- La salud mental debe ser considerada una prioridad nacional y un derecho humano fundamental.
Ante el impacto económico y social que generan los trastornos mentales en el país, el Partido Verde en el Senado de la República hizo un llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que destine mayores recursos a los programas e instituciones encargados de atender la salud mental, con el fin de garantizar atención digna, oportuna y accesible a toda la población, en el marco del análisis del Paquete Económico 2026.
Los legisladores advirtieron que los trastornos mentales y las adicciones continúan en aumento, tanto en México como a nivel mundial, mientras los presupuestos públicos siguen rezagados frente a la magnitud del problema, por lo que destacaron que la salud mental debe ser considerada una prioridad nacional y un derecho humano fundamental, tal como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según este organismo, más de mil millones de personas en el mundo —el 14 por ciento de la población global— viven con algún trastorno mental, mientras que el 71 por ciento de quienes padecen psicosis no reciben atención médica.
En México, los padecimientos más frecuentes son la ansiedad (52.8 por ciento) y la depresión (25.1 por ciento), de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. Por su parte, el INEGI registró en 2023 un total de ocho mil 837 suicidios, los cuales representaron la decimonovena causa de muerte a nivel nacional, con una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes.
Los senadores del Verde destacaron que el costo promedio de una terapia psicológica en nuestro país, oscila entre 500 y 2 mil pesos por sesión, los medicamentos psiquiátricos pueden superar los 3 mil pesos mensuales, lo que limita el acceso a la atención para la mayoría de las familias.
Señalaron que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal, el gasto en salud mental apenas representa el 3.19 por ciento del presupuesto total de salud, cuando debería triplicarse para atender la magnitud del problema. Por ello, destacaron la importancia de fortalecer el presupuesto público y consolidar instituciones como la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).
Por otra parte, indicaron que, mientras el gasto total del Ramo 12 “Salud” se ha reducido en más de 68 por ciento desde 2023, el presupuesto específico para salud mental apenas registra un incremento nominal de 1.23 por ciento para 2026—, sin considerar la inflación.
Los legisladores reconocieron los esfuerzos del Gobierno Federal por mantener recortes menores en esta materia; sin embargo, advirtieron que los recursos actuales siguen siendo insuficientes ante el creciente impacto económico y social que representan los trastornos mentales. “Invertir en salud mental es invertir en la productividad, la cohesión social y el bienestar de las familias mexicanas”, enfatizaron.
