Con el permiso de la presidencia;
El Estado tiene como objetivo fundamental la protección de la vida y la integridad de las personas, en este contexto, es responsabilidad de las instituciones públicas garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo de su población, basado en el respeto de los derechos humanos y en el cumplimiento de las leyes.
El principio de legalidad, en su esencia, significa que todas las acciones del Estado están sujetas a la ley, ninguna autoridad, sin importar su jerarquía, puede actuar de manera arbitraria ni fuera de los límites que la norma establece.
En este sentido, hasta antes de la entrada en vigor de las reformas constitucionales y legales por la que se creó y reglamentó la actuación de la Guardia Nacional, no existía fundamento jurídico que facultará al titular del Ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por lo cual, su uso era discrecional y tuvo como resultado graves violaciones a los derechos humanos en sexenios pasados.
Sabemos que la seguridad pública implica un compromiso de largo plazo, por lo que es necesario consolidar la Guardia Nacional y dotarla de todos los elementos de los que disponemos para que pueda hacer frente al enorme desafío de pacificar el país, esto implica por supuesto, adecuar el marco jurídico en el que se sustentan sus funciones administrativas y operativas.
Por todos es conocido que el crimen organizado se ha fortalecido enormemente y que lleva a cabo acciones cada vez más violentas, por lo que hoy más que nunca necesitamos al Ejército y a la Marina para que nos otorgue la tranquilidad que anhelamos, asegurar lo contrario resultaría falso, pues nuestras fuerzas armadas son las instituciones más preparadas actualmente para enfrentar esta amenaza.
Hoy en día, los grupos criminales están involucrados en actividades como el narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico ilícito de madera, entre otros delitos de alto impacto.
Estas acciones no solo vulneran los derechos y libertades, sino que también deterioran el tejido social que, aunado al tráfico de armas, principalmente desde Estados Unidos, ha intensificado la violencia en varias partes de nuestro país.
Ante esta situación, el Gobierno del Presidente López Obrador implementó una política de seguridad enfocada en atacar las causas de la inseguridad, la protección de los derechos humanos y la profesionalización de las fuerzas policiales, con la Guardia Nacional desempeñando un papel clave en la pacificación del país.
Sin lugar a dudas, debemos enfrentar el problema de la inseguridad y entender de una vez por todas que necesitamos una institución fuerte encargada de prevenir y combatir la violencia que nos aqueja.
La oposición señala que se está militarizando al país y que esta reforma es un paso más hacia una dictadura, pero evita mencionar que en muchos otros países existen instituciones similares a la Guardia Nacional, como en los Estados Unidos de América, donde ésta funciona como una fuerza de reserva militar que puede ser movilizada tanto a nivel estatal como federal y es utilizada por los gobernadores de los estados para controlar situaciones de emergencia que superen la capacidad de la policía local.
A diferencia de nuestro vecino del norte, nuestra Guardia Nacional se enfoca en tareas de seguridad pública, combate el crimen organizado y apoya a las autoridades locales, su formación incluye un enfoque en derechos humanos y un uso regulado de la fuerza y actúa como un complemento a las fuerzas policiales estatales y municipales con el concurso de los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas.
Esta modificación constitucional propone la adscripción de la Guardia Nacional en la Secretaría de Defensa Nacional para que existan reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial, para prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades o en la extralimitación en éste, en particular en el campo de la seguridad pública.
La protección de la vida y la integridad de las personas es una obligación primordial de las instituciones estatales y dicha protección solo puede realizarse plenamente cuando estas instituciones actúan en estricto apego a los principios de legalidad y certeza jurídica pues solo a través de un marco normativo claro podemos construir una realidad en la que los derechos fundamentales de las personas estén verdaderamente garantizados.
El desafío es grande, pero también lo es nuestra convicción de lograr la pacificación de nuestro país para que todas las mexicanas y mexicanos puedan vivir y trabajar en paz.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde seguirá siendo consistente en su actuar y votará a favor del dictamen, pues estamos seguros de que este es el camino que debemos seguir para hacer frente de manera seria e integral al problema de la inseguridad.
Hoy soy la voz de Baja California Sur, hablo por mi Gobernador, hablo por los Cabos, por la Paz y (inaudible) y son la voz de los alcaldes electos y los que están en funciones, bienvenida la mano amiga de la Guardia Nacional, bienvenida la mano amiga del Gobierno Federal para fortalecer la tarea primordial que las ciudadanas y ciudadanos exigen de un gobierno que es tranquilidad para sus familias. Hago un llamado a la mal llamada resistencia, que como dice mi amigo Guillermo Santiago no es resistencia es decadencia, para que nos dejemos de politiquerías y nos enfoquemos en el mandato popular, aquí no se viene a legislar con ocurrencias, aquí los ciudadanos, la mayoría, el pueblo de México nos dictó hacia donde hay que guiar este país.
Es cuánto. Muchas gracias.
