Desde el inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país que hoy impulsa nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la vida de las y los mexicanos se volvió el centro de toda acción gubernamental; desde cambios en aspectos fundamentales como la instauración de programas sociales a nivel constitucional como la implementación de nuevos paradigmas en torno a la vida económica del país con los aumentos históricos al salario mínimo, cada día se demuestra cómo sí se puede ver primero por quienes tienen menos, dejar de lado los abusos y privilegios y asegurar un crecimiento compartido
En este sentido, hoy nos convoca un avance más en la lucha por garantizar los derechos mínimos de la población y un trato justo en todas las áreas de la vida pública, en particular, una reforma enfocada a dar certeza al consumidor y a evitar cobros excesivos cuando contrate servicios de proveeduría como lo es de internet, telefonía, plataformas digitales, entre otros.
Nadie puede negar que por lo menos alguna vez le ha pasado que se vuelve un martirio cancelar algún servicio; intentas de una forma y otra y siempre buscan formas para alargar el proceso o volverlo tan confuso que muchas veces terminamos prefiriendo no cancelarlo.
Esta situación que todos hemos vivido se conjuga con el crecimiento exponencial de servicios el cual hemos sido testigos durante los últimos años, principalmente impulsados por la nueva era digital: las plataformas de entretenimiento, los servicios de streaming y las aplicaciones con modelos de suscripción forman parte de la vida de millones de mexicanos y por supuesto que estamos a favor de esa era tecnológica, por supuesto que estamos a favor de que tengan los mexicanos todos estos servicios a su alcance.
Sin embargo, este avance tecnológico y comercial ha traído consigo prácticas abusivas que colocan a los consumidores en clara desventaja derivado a que muchas veces no se operan bajo mercados competitivos. Me refiero a la existencia de mecanismos complejos, confusos y deliberadamente engorrosos que dificultan o, en algunos casos, imposibilitan la cancelación de estos servicios cuando ya no los queremos.
No podemos permitir que la innovación y el comercio digital o cualquier tipo de comercio enfocado en servicios se conviertan en excusa para atar a los usuarios a contratos que ya no desean mantener. La libertad de elección del consumidor debe respetarse de principio a fin: desde la contratación hasta la cancelación, en el momento en el que el usuario, el ciudadano quiera hacerlo.
Por ello, la iniciativa que hoy somete el Diputado Ricardo Monreal a la consideración de este pleno propone adicionar las fracciones octava y novena al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con esta reforma, se establece de manera clara la obligación de los proveedores de garantizar que los consumidores puedan cancelar sus suscripciones y membresías de forma sencilla, rápida y sin trabas indebidas.
Por ello, la iniciativa que hoy somete el Diputado Ricardo Monreal a la consideración de este pleno propone adicionar las fracciones octava y novena al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Con esta reforma, se establece de manera clara la obligación de los proveedores de garantizar que los consumidores puedan cancelar sus suscripciones y membresías de forma sencilla, rápida y sin trabas indebidas.
De igual manera se busca prohibir los llamados cargos por cancelación, que cuantas veces no los hemos escuchado, que no se tenga justificación legal, evitando que la recesión del servicio se convierta en un castigo económico para el bolsillo de las y los mexicanos, esta medida no solo protege a los consumidores sino también incentiva una competencia más justa en la que las empresas deberán ganarse la lealtad de sus clientes con calidad y no con obstáculos administrativos.
Compañeras y compañeros: el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de actualizar el marco normativo frente a los nuevos retos del mercado digital. Esta reforma representa un paso firme hacia una economía más transparente, competitiva y respetuosa de los derechos de las y los mexicanos. Por estas razones, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde respaldamos esta iniciativa, que coloca en el centro de la política legislativa al consumidor y garantiza su derecho a decidir libremente sobre el uso de su dinero y los servicios que desea contratar y cancelar.
Es cuanto, muchas gracias.
