- “No se trata de debilitar al sector, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, afirmó.
- Solo el 10% de los mexicanos cuenta con seguro médico; el resto enfrenta altos costos de salud con su propio bolsillo.
Frente al alza desmedida en los seguros médicos y la falta de transparencia en sus condiciones, la senadora Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, propuso reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para frenar los abusos en la fijación de primas, exigir claridad en los contratos y garantizar que los asegurados puedan cambiar de compañía sin perder derechos adquiridos.
Ortiz Domínguez expuso que actualmente solo el 10 por ciento de la población en México cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, mientras que el resto enfrenta los altos costos de salud con recursos propios.
La falta de competencia ha permitido que sólo cuatro compañías controlen el 75 por ciento del mercado, limitando opciones y elevando precios sin justificación técnica, de acuerdo con el estudio de Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Ante esta situación, la legisladora señaló que su iniciativa plantea la adición de los artículos 200 Bis, Ter, Quáter y Quintus, así como un nuevo inciso al artículo 485, con el propósito de frenar las prácticas abusivas de las aseguradoras que hoy mantienen cautivos a sus clientes mediante contratos restrictivos.
Además, busca garantizar el derecho de portabilidad, que permitirá cambiar de aseguradora sin perder antigüedad, cobertura o beneficios adquiridos; el retorno a un plan superior sin penalizaciones para quienes hayan reducido temporalmente su cobertura; y la creación de un bono sin reclamo para premiar la prevención y la permanencia en el sistema.
De acuerdo con el Informe de tendencias de tasas médicas globales de 2025 emitido por AON, mientras en América Latina y el Caribe la inflación médica disminuye, en México se proyecta un aumento del 11.2 por ciento, reflejo de un mercado sin regulación efectiva ni transparencia. Esta situación se agrava por la falta de regulación efectiva, el uso de cláusulas abusivas y la exclusión de personas mayores o con enfermedades preexistentes.
En ese sentido, Ortiz Domínguez también propuso que las aseguradoras estén obligadas a proporcionar información clara y accesible sobre sus pólizas y justificaciones técnicas de los incrementos. Asimismo, plantea proteger a adultos mayores que han mantenido una póliza activa durante más de 10 años, limitando el incremento de sus primas.
“Proteger su derecho a regresar a una mejor cobertura sin castigo fortalece la dimensión social del seguro, lo convierte en un mecanismo solidario y no solo financiero”, enfatizó.
Finalmente, la senadora ecologista dijo que esta reforma representa un acto de justicia para millones de familias mexicanas que han sido víctimas de un sistema opaco y desequilibrado. “No se trata de debilitar al sector asegurador, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, enfatizó.
