- Se impondrán hasta 14 años de prisión a quienes realicen traslados médicos ilegales.
- La reforma no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito el uso de vehículos en traslados médicos ilegales, conocidos popularmente como “ambulancias pirata”. La propuesta busca sancionar con penas de cinco a catorce años de prisión y hasta 120 días de multa a quienes ofrezcan este tipo de servicios sin autorización oficial.
Explicó que estas unidades representan un grave riesgo para la salud pública, ya que operan fuera de la ley, sin personal capacitado ni el equipo médico necesario para la atención de emergencias. “Las llamadas ambulancias pirata no solo engañan a los ciudadanos imitando la apariencia de las certificadas, sino que también ponen en peligro la vida de pacientes vulnerables que requieren traslados inmediatos”, señaló.
La senadora advirtió que estas unidades operan al margen de la ley, pues simulan ser ambulancias certificadas sin cumplir la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA2-1994, que regula los servicios de emergencia en el país, lo que representa un riesgo inminente al no contar con personal capacitado ni protocolos de atención adecuados.
En ese sentido, Guerra Mena destacó que la proliferación de estas unidades responde a la falta de regulación eficaz y a la alta demanda de servicios médicos de emergencia, especialmente en comunidades con recursos limitados.
La iniciativa destaca testimonios de pacientes que han sufrido complicaciones durante traslados en ambulancias no certificadas, que van desde el agravamiento de infartos hasta crisis respiratorias mal atendidas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, más del 30 por ciento de los pacientes transportados en estos servicios ilegales enfrentaron complicaciones que pudieron evitarse con atención en unidades autorizadas.
Guerra Mena puntualizó que su propuesta no sólo endurece sanciones, sino que envía un mensaje contundente de “cero tolerancia” a quienes lucran con la salud. Asimismo, confió en que esta medida contribuirá a fortalecer la regulación, a restaurar la confianza ciudadana y a garantizar que la atención médica de emergencia sea un derecho seguro y confiable para todas y todos.
“No podemos permitir que la salud de los mexicanos se ponga en riesgo por servicios irregulares; esta reforma busca salvar vidas y cerrar la puerta a la impunidad”, subrayó la senadora por Morelos.
- La reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso a coordinar acciones nacionales: senadores del Partido Verde.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde en el Senado de la República respaldaron con su voto la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta medida busca homologar criterios en todo el país y cerrar vacíos legales que han permitido la impunidad en este delito.
La senadora Juanita Guerra Mena recordó que desde la LXV Legislatura impulsó esta iniciativa, y destacó que hoy, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, se impulsa una Ley General contra la Extorsión que homologará criterios y cerrará vacíos legales en todo el país.
Señaló que de acuerdo con cifras oficiales, en 2024 se registraron más de 10 mil 500 denuncias y entre enero y julio de 2025, Cuautla, Morelos, encabezó los reportes a nivel nacional. Ante esta situación, llamó a la ciudadanía a utilizar la línea 089 para denunciar de manera anónima. “Ya no más extorsión en Morelos, ya no más extorsión en Cuautla, ya no más extorsión en México”, enfatizó.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo dijo que la extorsión no solo se manifiesta de forma violenta, sino también mediante intimidación psicológica, llamadas telefónicas o el uso de tecnologías de la información, prácticas que mantienen a miles de víctimas en la impunidad. “Legislar en materia de extorsión no es solo un acto jurídico, es un compromiso con la seguridad y la dignidad de las familias mexicanas”, subrayó.
En este mismo sentido, el senador Luis Armando Melgar afirmó que la reforma para legislar en materia de extorsión es una respuesta urgente ante uno de los delitos que más lastima a la sociedad mexicana, afectando tanto a familias como al desarrollo económico del país.
“Esta ley no es un capricho legislativo, es una respuesta urgente a una crisis que afecta a todos los mexicanos. Legislar contra la extorsión es devolverle la confianza al pueblo de México. Nuestro voto será a favor de la paz y de un México seguro”.
Rocío Corona Nakamura, senadora por Jalisco, destacó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch es un paso firme, pero insistió en la importancia de homologar las sanciones: “No puede ser que en Guerrero se impongan hasta 30 años de cárcel y en Jalisco solo uno. Ya basta de extorsión, ya basta de miedo”.
Por su parte, la senadora Maki Ortiz Domínguez alertó que este delito representa una amenaza directa contra la tranquilidad de las familias y la viabilidad de miles de negocios en el país. En el caso de Tamaulipas, su estado natal, las extorsiones crecieron 148 por ciento en el primer semestre de 2025, lo que ha obligado a pequeños empresarios a pagar en promedio dos mil 500 pesos mensuales para proteger su vida y patrimonio.
“Esta reforma aprobada permitirá homologar la tipificación del delito, sancionar con prisión preventiva y facultar al Congreso para coordinar acciones federales y estatales. Queremos que las familias vivan con justicia y en paz”, concluyó la legisladora.
- Se propone establecer lineamientos claros y estrictos para la realización de procedimientos de cirugía plástica o estética en menores de 18 años
Con el compromiso de garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia, el diputado Gerardo Villarreal Solís, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso adicionar el artículo 272 Bis I a la Ley General de Salud, a fin de establecer lineamientos claros y estrictos para la realización de procedimientos de cirugía plástica o estética en menores de 18 años.
Durante la presentación de la propuesta, el legislador destacó que la presente reforma busca establecer candados legales claros, y que las normas oficiales mexicanas ofrezcan una regulación técnica que garantice que únicamente se lleven acabo aquellos procedimientos que, tras evaluaciones médicas, respaldadas por filtros legales, clínicos, sanitarios y psicológicos adecuados, entre otros, respondan de manera efectiva al bienestar de la niñez y la adolescencia.
Asimismo señaló que tan solo en 2023, la Asociación Internacional de Cirugía Plástica Estética reportó casi 35 millones de procedimientos realizados. En América Latina, la tendencia también ha ido en aumento, impulsada por estereotipos difundidos en redes sociales, presión social y una creciente falta de información adecuada sobre los riesgos que implica someterse a este tipo de intervenciones a edades tempranas.
“Un caso reciente que detonó esta iniciativa fue el de una adolescente en Durango, quien lamentablemente perdió la vida tras someterse a una cirugía estética sin el consentimiento de su padre. Este y otros casos similares ponen en evidencia la urgente necesidad de establecer un marco legal más riguroso que garantice la seguridad, salud e integridad de los menores de edad”, resaltó.
De igual forma, mencionó que, el incremento en la demanda de procedimientos estéticos ha ocasionado un crecimiento preocupante de la oferta irregular por parte de personas que se ostentan como cirujanos plásticos, sin contar con la especialidad, la cédula profesional o la certificación correspondiente.
En su propuesta el legislador explicó que no se propone una prohibición absoluta, porque ello podría impedir procedimientos necesarios en beneficio de la salud que con base en dictámenes médicos y psicológico resultan importantes para proteger la integridad física o emocional del menor de edad. “Se busca un equilibrio, cerrar la puerta a intervenciones estéticas que no se recomiendan por la edad y que resulta evidente y totalmente contrarias a su desarrollo”, afirmó.
Finalmente, mencionó la importancia de dejar claro que, tratándose de procedimientos de cirugía plástica y estética en menores de edad, debe prevalecer en todo momento el interés superior de la niñez y se deja excluidas de este marco, las cirugías reconstructivas cuyo propósito terapéutico responde a necesidades de salud y rehabilitación plenamente reconocidas.
