• Al extender el horario escolar no solo se contribuye a mejorar el aprendizaje, también ayuda a madres y padres que trabajan, ofreciéndoles un espacio seguro y formativo para sus hijos.
Los senadores Karen Castrejón Trujillo y Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, presentaron una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, con el objetivo de establecer, de manera gradual y progresiva, escuelas con horario completo en todo el país. La propuesta contempla jornadas escolares de 6 a 8 horas que incluirán alimentación gratuita, educación física y artística, así como programas de salud preventiva infantil, lo que ayudará a impulsar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los alumnos.
Señalaron que la propuesta retoma el modelo de “Escuelas de Tiempo Completo”, que entre 2007 y 2018 benefició a más de 3.6 millones de alumnos en 25 mil 134 planteles de todo el país, de los cuales el 60 por ciento eran escuelas rurales e indígenas, lo que demuestra que las escuelas con horario extendido favorecen a estudiantes y familias en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, indicaron que su propuesta, que reforma el artículo 9 y agrega un párrafo al artículo 37 de la ley General de Educación, también responde a las necesidades de las familias mexicanas que enfrentan condiciones laborales complicadas y no pueden garantizar el cuidado de sus hijos al término del horario escolar.
En ese sentido, Castrejón Trujillo comentó que al extender el horario escolar no solo contribuye a mejorar el aprendizaje, sino que también ayuda a madres y padres que trabajan, ofreciéndoles un espacio seguro y formativo para sus hijos. “Además, de que las horas adicionales pueden ser aprovechadas para reforzar el aprendizaje escolar e impulsar las actividades deportivas”, destacó la legisladora.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva destacó que esta iniciativa se alinea con el compromiso número 26 del documento 100 pasos para la transformación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual plantea extender gradualmente los horarios escolares para incluir actividades artísticas y físicas.
Además, contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 de la ONU, relativo a garantizar una educación de calidad.
Finalmente, los legisladores señalaron que la reforma contempla que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá emitir los lineamientos para la instalación y operación de estas escuelas, dando prioridad a las zonas con mayores niveles de marginación y pobreza en el país.
- Aseguró que dulces y juguetes en forma de cigarrillos son inofensivos y no representan una amenaza, pero son detonantes y una vía temprana de acercamiento y familiarización de los menores de edad con el cigarro.
Con el objetivo de proteger a la población infantil y a los futuros adultos del tabaquismo y sus consecuencias en la salud, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para prohibir en nuestro país la fabricación, comercio, distribución o venta de juguetes y dulces con aspecto similar o réplica a productos del tabaco.
Agregó que con esta iniciativa que propone adicionar una fracción IV al artículo 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, se busca coadyuvar en la lucha frontal contra el tabaquismo y sus efectos en la salud pública.
La senadora lamentó que los niños y adolescentes en nuestro país son, a menudo, “presa de toda una maquinaria comercial, propagandística, tecnológica y social, que los han convertido en objetivo primordial de productos adictivos, como el alcohol y el tabaco”, y aseguró que, al enganchar a un niño o adolescente, no solo se garantiza el consumo de estas substancias o productos durante esa etapa, sino también durante la edad adulta; garantizando con ello el consumo permanente y por décadas.
La senadora aseguró que los juguetes y dulces con forma de cigarrillos o pipas, se encuentran disponibles a muy bajo costo, además de que se pueden comprar en cualquier esquina, tienda o mercado de nuestro país, pero que, aunque su intención es que los niños se diviertan y en apariencia son inofensivos y no representan una amenaza, en realidad son detonantes y una vía temprana de acercamiento y familiarización de los menores de edad con el cigarro.
"Esos juguetes o dulces son el medio de iniciación socialmente aceptado y tolerado por el cual nuestros menores tienen contacto con el cigarro, adicional al acercamiento que la misma familia, la sociedad en general y los medios de comunicación y de publicidad ofrecen", declaró la senadora Corona Nakamura.
Detalló que de acuerdo con datos de la UNAM, el grupo más vulnerable al tabaquismo entre nuestra población son los jóvenes de 12 a 15 años de edad, además de que la edad promedio en nuestro país para iniciar a fumar es a los 13 años, lo cual, aseguró, es sumamente peligroso ya que a esa edad el aparato respiratorio es aún inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco, además de que el sistema nervioso central concluye su maduración alrededor de los 21 años, por lo que las afectaciones por fumar son mayores y con peores consecuencias en la edad adulta.
Finalmente, hizo énfasis en que esta situación u omisión de permitir la disposición de juguetes o dulces con forma de cigarro a nuestra población infantil, indudablemente la debemos de detener, afirmó que no se puede seguir permitiendo, tolerando ni solapando, por lo que insistió en que “necesitamos proteger a toda nuestra población infantil de todas las vertientes o escenarios que los acerquen de una u otra forma con el cigarro”.
- Se busca eliminar el límite de 12 años para castigar delitos ambientales y asegurar justicia incluso décadas después del daño causado.
- Tras nueve años del derrame tóxico de Grupo México en río Sonora, aún persiste la contaminación; limitar su persecución representa una grave omisión del Estado.
Para frenar la impunidad en los crímenes contra el medio ambiente, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa de reforma constitucional para establecer la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, con el objetivo de garantizar que los responsables de ecocidios enfrenten la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometieron los daños.
A nombre de la bancada ecologista, la senadora Maki Ortiz Domínguez comentó que su propuesta reforma el párrafo sexto del artículo 4º constitucional para eliminar el plazo actual de prescripción de 12 años, al reconocer que los efectos de los crímenes ambientales pueden manifestarse décadas después, por lo que limitar su persecución representa una grave omisión del Estado.
La legisladora recordó el caso del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, donde nueve años después aún persiste la presencia de contaminación en agua, aire, flora y fauna, lo que demuestra que los daños ambientales no prescriben con el tiempo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2012 y 2023 se registraron 15 mil 749 delitos ambientales, concentrados en estados como Quintana Roo, Chiapas y el Estado de México.
La senadora comentó que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que más del 70 por ciento de los delitos no se denuncian, lo que evidencia una cifra negra alarmante y la urgente necesidad de brindar respaldo institucional a la ciudadanía para proteger su entorno.
“A pesar de estos datos, muchos delitos quedan impunes debido a la falta de denuncias, vacíos legales y plazos restrictivos, lo que ha dejado la mayoría de los casos impunes”, alertó Ortiz Domínguez.
Asimismo, señaló que países como Ecuador y Brasil ya reconocen la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, como un derecho humano fundamental, imprescriptible e intergeneracional.
“Esta reforma es un paso firme hacia la reparación real del daño y la protección efectiva de los derechos ambientales de las presentes y futuras generaciones”, concluyó la senadora ecologista.
