- Busca garantizar derechos sociales a migrantes, desplazados y retornados con nuevos indicadores en la Ley de Desarrollo Social.
- En regiones fronterizas y de tránsito, miles de personas carecen de servicios básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para adicionar la fracción X al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, con el fin de que el Estado mexicano incorpore en la medición de la pobreza, indicadores que reflejen las condiciones de movilidad, desplazamiento y retorno de la población, particularmente en zonas fronterizas y de tránsito.
“Se busca atender una realidad cada vez más visible en las regiones fronterizas y de tránsito, donde miles de personas viven en asentamientos temporales o sin acceso a servicios básicos, lo que incrementa su vulnerabilidad”, agregó la legisladora.
Corona Nakamura dijo que esta modificación permitirá que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incorpore en su medición multidimensional indicadores de tipo territorial, institucional y comunitario, lo que resulta clave para medir la pobreza estructural en regiones fronterizas y zonas de tránsito.
Destacó que la pobreza no se limita a la falta de ingresos, sino que también refleja privaciones en derechos fundamentales como salud, vivienda, educación, alimentación y cohesión social. “La pobreza es una negación de los derechos humanos porque atenta contra la libertad, destruye la dignidad e implica discriminación e injusticias”.
Al presentar la iniciativa, la legisladora enfatizó que la pobreza en contextos de movilidad humana debe analizarse con un enfoque de derechos, independientemente del estatus migratorio de las personas. “Las personas migrantes en tránsito representan una población en constante movilidad, con muchas necesidades, pero también con dignidad y derechos que deben respetarse”, puntualizó.
La iniciativa subraya que el desarrollo social debe evolucionar para garantizar condiciones mínimas de bienestar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo el papel del Estado en la reducción de desigualdades estructurales.
Finalmente, la legisladora del Partido Verde sostuvo que esta reforma permitirá diseñar políticas públicas más efectivas, orientadas a reducir las desigualdades estructurales y garantizar condiciones mínimas de bienestar para quienes hoy permanecen en condiciones de vulnerabilidad.
- Los prejuicios negativos hacia las personas que presentan comportamientos de riesgo provocan mayores condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en la limitación del acceso a una atención oportuna.
En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemoró este 10 de septiembre, la senadora Rocío Corona Nakamura, hizo un llamado a las y los legisladores a crear las medidas necesarias desde el ámbito legislativo para brindar el apoyo necesario a las personas con ideas suicidas, pero principalmente para reemplazar la narrativa estigmatizante sobre el suicidio y fomentar una cultura de apoyo y comprensión.
Y es que apuntó que uno de los mayores obstáculos para la prevención de esta problemática es el estigma, por lo que se debe promover la comprensión tanto para la persona que lo presenta, como para la familia, e incluso, el personal de salud que lo atiende, ya que los prejuicios negativos hacia las personas que presentan comportamientos de riesgo provocan mayores condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, en la limitación del acceso a una atención oportuna.
Afirmó que el comportamiento suicida constituye un problema de salud pública importante, por lo que hizo énfasis en que las estrategias para visibilizar su ocurrencia y abordaje, son esenciales dentro de las políticas de salud y bienestar social.
Recordó que en octubre de 2019 se planeó en México el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, y en mayo de 2020 se implementaron las acciones formales que incluyen estrategias de coordinación, prevención, atención, posvención, vigilancia, capacitación e investigación para atender a las personas que solicitan atención por comportamiento suicida y reducir la mortalidad por suicidio.
En este sentido, insistió en que la prevención del suicidio podría considerarse una estrategia pilar en la construcción de la justicia y la paz en nuestro país, además de que la posvención es una herramienta esencial para restablecer el funcionamiento de las personas impactadas por el suicidio.
Finalmente, destacó la urgencia de acciones integrales y personalizadas, ya que “estos comportamientos no se pueden afrontar con una sola fórmula, cada uno requiere de atención distinta, como de la intervención de personal profesional”, apuntó.
- El acceso al agua es un derecho humano reconocido en la Constitución; más de 20 millones de mexicanos carecen de este servicio básico.
- En 7 de cada 10 hogares sin agua corriente, son mujeres y niñas quienes cargan con la responsabilidad de recolectar agua.
En respuesta a la crisis hídrica que afecta a millones de mexicanos, la senadora Karen Castrejón Trujillo, líder nacional del Partido Verde y vicecoordinadora de la bancada ecologista en el Senado, presentó una iniciativa para garantizar que los municipios del país destinen al menos el 15 por ciento de su presupuesto a infraestructura y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
Castrejón subrayó que el acceso al agua es un derecho humano reconocido en la Constitución, sin embargo más de 20 millones de mexicanos carecen de este servicio básico. Asimismo, recalcó que la crisis hídrica y el cambio climático han agravado la escasez, colocando a México entre los países con mayor estrés hídrico.
Advirtió que la escasez de agua ya impacta la calidad de vida, la seguridad alimentaria y la estabilidad social en diversas regiones del país, y agregó que las mujeres son quienes más padecen las consecuencias de la falta de agua. "Según organismos de salud y atención de las infancias de las Naciones Unidas, las mujeres y las niñas se encargan de recolectar agua en siete de cada diez hogares sin agua corriente".
En ese sentido, Castrejón Trujillo destacó que la iniciativa plantea adicionar un párrafo al artículo 115 constitucional, a fin de fortalecer la operación local, reducir la dependencia de subsidios federales y anticipar riesgos sociales y económicos derivados de la falta de acceso al agua.
También se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, específicamente el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento, al promover un modelo preventivo y no solo reactivo ante la crisis hídrica.
De acuerdo con cifras oficiales, alrededor del 60 por ciento del país enfrenta sequías recurrentes, lo que compromete la seguridad hídrica y alimentaria nacional. En tanto, el Banco Mundial advierte que la disponibilidad promedio de agua en México cayó de 10 mil metros cúbicos por persona en 1960 a apenas 3.2 mil en la actualidad, con tendencia a reducirse aún más hacia 2030.
"Los municipios son actores clave en la operación del sistema hídrico. No podemos permitir que millones de familias sigan esperando soluciones. Esta iniciativa representa una inversión en justicia, equidad y futuro para México", concluyó Castrejón Trujillo.
