- Necesario regular dispositivos móviles en escuelas para prevenir distracciones, adicciones y daños a la salud de niñas, niños y adolescentes.
- Más de 81% de la población de seis años o más usa celular; el 17.7% de los estudiantes se conecta desde las aulas.
Con el objetivo de frenar el uso desmedido de dispositivos móviles en planteles educativos, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 84 de la Ley General de Educación, a fin de prohibir el uso de celulares y otros dispositivos tecnológicos durante el horario de clases, en escuelas de nivel básico y media superior, salvo en casos de emergencia o con fines educativos.
La legisladora subrayó que el uso excesivo de dispositivos electrónicos está afectando gravemente la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes, provocando alteraciones del sueño, obesidad, adicciones digitales, miopía, ansiedad y sedentarismo, entre otros.
Además, advirtió que los dispositivos se han convertido en distractores que entorpecen el rendimiento escolar, especialmente en niveles básicos de enseñanza. También, alertó sobre los efectos de la luz azul en el desarrollo neurológico infantil y las consecuencias de la sobreexposición a pantallas.
“Debemos sensibilizar a la comunidad educativa y a los padres de familia sobre los efectos negativos en la salud de los menores por el uso excesivo de dispositivos tecnológicos”, subrayó la legisladora.
Según cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (ENDUTIH) 2023, el 81.4 por ciento de la población de seis años o más usa celular; el 71.4 por ciento de los menores de entre 6 y 11 años accede a internet, y el 17.7 por ciento de los estudiantes se conecta desde las aulas.
En 2020, México fue el octavo país del mundo con mayor venta de teléfonos inteligentes, con 70 millones de unidades vendidas. Cada mes se generan 29 mil toneladas de basura electrónica en el país, de las cuales sólo se recicla el 14 por ciento.
Corona Nakamura indicó que su propuesta toma como referencia el modelo implementado en Querétaro, donde más de 362 mil estudiantes de educación básica ya no pueden utilizar celulares en clase, y busca replicar esta medida en todo el país.
“Esta medida no tiene un carácter de castigo, al contrario, responde a un enfoque de corresponsabilidad social donde el Estado, las escuelas, las familias y la comunidad educativa actúen de forma articulada para garantizar entornos de aprendizaje saludables y funcionales para nuestras niñas, niños y adolescentes”, concluyó la senadora.
- Senadoras y senadores proponen regular contenidos que normalizan la violencia para proteger a niñas, niños y jóvenes.
- Más de 45 millones de reproducciones tienen algunos corridos que hacen apología del delito sin contar con advertencia alguna.
En conferencia de prensa, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incluir advertencias explícitas en canciones que hacen apología del delito, la violencia o la denigración de la mujer, con el objeto de alertar a padres de familia sobre el contenido que consumen sus hijas e hijos y sus posibles efectos nocivos.
Señalaron que la iniciativa -respaldada por todos los integrantes el Grupo Parlamentario y coordinada por el senador Manuel Velasco-, plantea que así como los productos ultraprocesados deben advertir sus riesgos para la salud, la sociedad también debe contar con mecanismos que les permitan identificar cuando una canción enaltece a criminales o normaliza la violencia, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.
“No se trata de censurar, sino de advertir y brindar herramientas para que las familias puedan tomar decisiones informadas sobre lo que consumen sus hijas e hijos”, señalaron.
De acuerdo con los legisladores, una sola de estas canciones puede alcanzar más de 45 millones de reproducciones en plataformas digitales, sin ningún tipo de advertencia visible o sonora. Actualmente, algunas canciones contienen un ícono con la letra "E" que indica "lenguaje explícito", pero esto resulta insuficiente y prácticamente invisible.
En ese sentido, el legislador Jorge Carlos Ramírez Marín, destacó en tribuna, que mientras en productos chatarra se colocan etiquetas de advertencia sobre su contenido nocivo, las producciones musicales que exaltan a delincuentes o promueven la violencia incluyan una advertencia sonora clara y contundente: ‘Esta obra contiene elementos que pueden constituir apología del delito, apología de la violencia o denigración de la mujer, y que son contrarios y perseguidos por las leyes mexicanas’.
Señaló que la reforma propone que toda canción con contenido que incite a la violencia o enaltezca el crimen lleve una advertencia sonora y visual previa, alertando a la audiencia sobre su contenido.
“No se trata de censurar géneros ni expresiones artísticas, sino de proteger el derecho de las audiencias a estar informadas sobre lo que consumen. Así como se advierte sobre grasas y azúcares en las Sabritas, también debemos advertir cuando una canción exalta a quienes le han arrebatado la paz a México”, enfatizó el legislador por Yucatán.
Finalmente, los legisladores indicaron que su iniciativa señala que en países como Estados Unidos, Japón y España ya se aplican sistemas de clasificación y advertencias en contenidos audiovisuales. “Es por ello, que México debe avanzar hacia una política pública preventiva que ponga por delante el interés superior de la niñez y frene la normalización de la violencia”, enfatizaron.
• Se busca fortalecer la “Plataforma México”, profesionalizar los cuerpos policiales y crear un Documento Único de Identificación Nacional con datos biométricos.
• Así como el uso de IA, drones y big data para prevenir delitos y fortalecer la justicia.
Ante el aumento de los índices delictivos en diversas regiones del país, senadoras y senadores del Partido Verde, en voz de la senadora Juanita Guerra Mena, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para promover el uso de tecnologías avanzadas para combatir el crimen organizado, en coordinación con la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
En tribuna, la legisladora destacó que la propuesta busca que el Consejo Nacional de Seguridad Pública tenga como atribución impulsar la investigación, desarrollo y adquisición de programas informáticos, sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial, drones, análisis de big data y capacitación en tecnología ética y avanzada, como parte de una política nacional para prevenir y combatir delitos.
“Esta iniciativa deriva de nuestras propuestas de campaña y refrenda nuestro compromiso con la ciudadanía que nos dio su confianza y su voto, y a quienes les debemos gran parte de nuestro trabajo”, indicó la legisladora.
Explicó que México carece de una red de interconexión efectiva entre plataformas federales, estatales y municipales, lo que limita gravemente la capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Por ello, su iniciativa propone fortalecer la interconexión tecnológica entre los tres niveles de gobierno y capacitar a las instituciones de seguridad para optimizar la recolección y análisis de datos.
También retoma experiencias internacionales exitosas, como la del FBI, que procesa más de 140 mil consultas diarias en su base de datos biométrica, o el proyecto INSPECTr de la Unión Europea, que mejora la cooperación policial mediante análisis masivo de datos.
“Mientras países como Estados Unidos y Chile ya han integrado políticas públicas en torno a la revolución tecnológica, México aún carece de una estrategia nacional para aprovechar las herramientas digitales en materia de seguridad”, indicó.
En ese sentido, explicó que su propuesta también prioriza el fortalecimiento de “Plataforma México”, la profesionalización de los cuerpos policiales y la creación de un Documento Único de Identificación Nacional con datos biométricos, como herramientas esenciales para combatir la delincuencia con mayor eficacia.
“Es imprescindible fortalecer la capacidad de las instituciones y las áreas encargadas de impartir la justicia, aprovechando las ventajas que dan las tecnologías emergentes”, subrayó.
Finalmente, señaló que la iniciativa cumple uno de los compromisos planteados durante la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum: hacer de la tecnología una aliada clave para la pacificación del país y la protección de los derechos de todas y todos. Además, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente el Objetivo 16, sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
