- La iniciativa busca homologar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Con el fin de visibilizar y atender la violencia que sufren las mujeres en el espacio público y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, garanticen la erradicación de la misma, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM).
De acuerdo con la diputada ecologista, Mayra Espino Suárez, promoverte de la iniciativa, que se aprobó con 26 votos a favor en dicho grupo de trabajo, la reforma tiene como propósito, homologar este ordenamiento con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que permite incorporar la perspectiva de género en la movilidad.
Otro de los objetivos, dijo, es que se visibilice la violencia de género y sus repercusiones en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas.
Al exponer los motivos de su propuesta, Espino Suárez resaltó que en 2020, México hizo derecho humano la movilidad por lo que, “ahora estamos ciertos de la importancia de incluir la erradicación de la violencia contra las mujeres, armonizando esto con la movilidad”
Añadió que “todas las mujeres, todos en general, pero en especial las mujeres, hacemos largos recorridos por motivos de cuidados a otras personas, trabajo, asuntos domésticos de la casa, todas las labores que implican movilidad y no hay nada más importante que asegurar que los tres órdenes de gobierno estén encargados de garantizar la erradicación de la violencia en estos trayectos que hacemos día con el día las mujeres”
La propuesta, que se turnó a la Mesa Directiva para su trámite legislativo, busca reformar el título del Capítulo III que dice: “De La Violencia en la Comunidad” para quedar “De la Violencia en la Comunidad y en el Espacio Público”.
Asimismo adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para añadir el concepto de “violencia en el espacio público”, el cual se define como los actos individuales o colectivos que generan violencia en razón de género y transgreden la integridad, dignidad y libertad de las mujeres al hacer uso de las vías y el espacio público, limitando su derecho a la movilidad”.
En tanto, la adición al artículo 17 Ter, establece que “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán a las mujeres la erradicación de la violencia en el espacio público”.
- No se trata de un Big Brother, sino de justicia social para 15 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a Internet, afirman.
Senadoras y senadores del Partido Verde en el Senado de la República celebraron la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, una reforma de fondo que garantiza el acceso universal al Internet en México y combate la desigualdad digital que aún excluye a más de 15 millones de personas en comunidades rurales e indígenas y zonas marginadas.
La senadora por Jalisco, Rocío Corona Nakamura, subrayó que esta reforma aprobada por la mayoría de las y los senadores actualiza el marco legal en telecomunicaciones, redistribuye el espectro radioeléctrico hacia sectores marginados y prohíbe la contratación de propaganda extranjera en medios.
Además, tiene como meta conectar a más de 15 millones de personas que hoy carecen de acceso a Internet, sobre todo en comunidades rurales de entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde alrededor de 15 mil localidades aún no cuentan ni con radio ni televisión.
Datos del INEGI revelan que, aunque el 73.6 por ciento de los hogares ya cuenta con conexión a Internet, persiste una brecha entre zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades la cobertura alcanza el 86.9 por ciento, en las comunidades rurales apenas llega al 68.5 por ciento.
"Ante esta desigualdad, la nueva legislación busca cerrar esa brecha digital, modernizar el marco legal y garantizar una distribución justa del espectro radioeléctrico", destacó.
Por su parte, el senador Waldo Fernández González respaldó la aprobación de esta reforma que convierte al Estado mexicano en garante del acceso universal al Internet.
Asimismo, recalcó que millones de personas en México aún viven sin cobertura, sin posibilidad de hacer una denuncia, tener una consulta médica o acceder a la educación en línea. “Esta ley transforma la conectividad en una política social; no más exclusión digital, no más privilegios”, subrayó.
Fernández González aclaró que la ley incluye una comisión reguladora plural que vigilará el equilibrio institucional y que el espectro radioeléctrico sigue siendo propiedad de la nación. También defendió el requisito de identificación para adquirir chips, dada la alta incidencia de fraudes y extorsiones en el país.
En tribuna, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín desmintió las versiones que acusan a la nueva reforma en materia digital de instaurar un “Big Brother” en México. Señaló que los artículos 182 y 183, sobre localización geográfica en tiempo real, ya existían en la ley desde 2014 y fueron aprobados con el respaldo del PRI y el PAN.
Ramírez Marín explicó que el artículo 182 del dictamen deja claro que cualquier solicitud de geolocalización debe ser por escrito, fundada y motivada por una autoridad judicial, por lo que advirtió que los intentos por desinformar solo buscan sabotear un avance histórico para el país.
- Se plantea una jornada máxima de 48 horas semanales, con un periodo mínimo de 16 horas de descanso entre turnos
Ante la preocupante situación que enfrentan los médicos residentes en México, quienes deben soportar jornadas laborales extenuantes, carencia de periodos de descanso y ambientes laborales hostiles, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de mejorar sus condiciones laborales, así como proteger su salud física y mental.
Dentro de su propuesta, la legisladora plantea establecer legalmente una jornada máxima de 48 horas semanales para los médicos residentes, con un periodo mínimo de descanso de 16 horas entre turnos. Esta medida se encuentra alineada con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y busca frenar las actuales jornadas de hasta 80 horas semanales que enfrentan muchos residentes, las cuales incrementan el riesgo de errores médicos y afectan gravemente su bienestar físico y psicológico.
Asimismo, se propone que las instituciones de salud estén obligadas a brindar servicios de apoyo psicológico especializado a los médicos residentes, reconociendo la salud mental como un derecho laboral fundamental. Además, la iniciativa contempla mecanismos claros para que los médicos puedan denunciar actos de violencia, acoso u hostigamiento sin temor a represalias, y que las autoridades competentes actúen de manera inmediata para proteger a los denunciantes y sancionar cualquier conducta indebida.
En el desarrollo de esta propuesta, la diputada Salomón Durán destacó que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), de una muestra de 136 médicos residentes, más del 50 por ciento reportó síntomas del síndrome de burnout en niveles de moderados a severos. Este síndrome también conocido como agotamiento laboral, afecta directamente la salud emocional de los médicos y la calidad de la atención médica que brindan.
"El burnout se manifiesta a través de agotamiento emocional, despersonalización y una disminución en la realización personal. Es una consecuencia directa del estrés prolongado en el entorno laboral, especialmente en condiciones tan demandantes como las que enfrentan los médicos residentes en múltiples instituciones del país", explicó la legisladora.
Además, señaló que, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y diversas investigaciones científicas coinciden en que entre el 25 y el 30 por ciento de los médicos en formación presentan síntomas de ansiedad moderada a severa. "Esta situación refleja una crisis silenciosa dentro del sistema de salud", apuntó.
Por lo anterior, la iniciativa presentada busca no solo visibilizar esta problemática, sino también establecer un marco legal que garantice condiciones dignas de trabajo, promueva el respeto a los derechos humanos de los médicos residentes y contribuya a fortalecer el sistema de salud pública en beneficio de toda la población.
