• Secretarios del comité estatal y diputados locales agradecen a líderes ecologistas capitalinos por su esfuerzo y compromiso con la familia verde
El Comité Ejecutivo del Partido Verde Ecologista (PVEM) de México de la Ciudad de México logró la afiliación de 50 mil simpatizantes al PVEM y junto a sus diputados y diputadas locales del Congreso de la Ciudad de México, así como con concejales y coordinadores ecologistas celebraron haber logrado esta primera meta ya que el objetivo principal es lograra 100 mil afiliados para noviembre de este año.
Durante el evento, los secretarios de Organización y del Medio Ambiente del PVEM-CDMX, Iván Rebollar y Yolanda López agradecieron a todos los líderes ecologistas en la capital del país su persistencia y compromiso con el medio ambiente para sumar más integrantes a la familia verde que lidera el secretario general del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez.
Por su parte los diputados del Poder Legislativo local, Manuel Talayero Pariente, Paulina Pérez Córdoba, Claudia Morales Cervantes y Yolanda García Ortega reconocieron el trabajo de afiliación que han logrado los coordinadores y concejales pevemistas capitalinos por lo que agradecieron a cada uno de los presentes para reforzar su compromiso y lograr la meta de afiliar a 100 mil simpatizantes en el próximo mes de noviembre.
"Me consta del gran esfuerzo que ha hecho nuestro dirigente Jesús Sesma Suárez para hacer crecer esta gran familia verde y de la cual estoy muy orgulloso de pertenecer, hoy somos 50 mil afiliados, 50 mil personas reales. Mi mayor reconocimiento para todos ustedes", finalizó Talayero Pariente.
Partido Verde Ecologista de México
Ciudad de México
- Plantea que los trabajadores mayores de 60 años no sean asignados a puestos que representen un riesgo para ellos
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de fortalecer la protección de las y los trabajadores mayores de 60 años, un sector particularmente vulnerable a los riesgos derivados del entorno laboral.
La propuesta del legislador establece que los empleadores deberán garantizar condiciones laborales que consideren las necesidades específicas de este grupo etario.
Además, plantea que los trabajadores mayores de 60 años no sean asignados a puestos que, debido a sus características físicas o cognitivas, representen un riesgo para ellos mismos, sus compañeros o cualquier persona relacionada con el centro de trabajo.
En su propuesta, Carrillo Soberanis señaló que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. En 2020 ya se contabilizaban mil millones de personas en este rango de edad y se proyecta que esta cifra se eleve a 1,400 millones para 2030 y a 2,100 millones para 2050, reflejando el acelerado envejecimiento de la población global.
"El envejecimiento es un fenómeno complejo que impacta de forma transversal en distintos sectores: la familia, el sistema económico, la seguridad social, los servicios de salud y, por supuesto, el mercado laboral, esto hace indispensable la generación de políticas públicas que respondan a las nuevas necesidades de la población adulta mayor", afirmó el legislador.
"De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es común que muchas personas mayores continúen en el ámbito laboral debido a su buen estado de salud. Esta realidad exige una legislación que proteja sus derechos sin limitar sus posibilidades de participación en la vida productiva del país", señaló.
Por lo anterior, el diputado del Partido Verde subrayó la necesidad de legislar para garantizar que los empleos desempeñados por las personas adultas mayores sean seguros y no representen ningún riesgo para su salud o integridad física.
- Si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.
La corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas, aseguraron senadores y senadoras del Partido Verde en el Senado de la República, quienes presentaron una iniciativa para establecer mayores penas contra estos actos.
Las y los senadores del Partido Verde, Jasmine Bugarín, Karen Castrejón, Rocío Corona, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virginia Magaña, Luis Armando Melgar, Virgilio Mendoza, Maki Ortiz, Jorge Carlos Ramírez, Luis Alfonso Silva y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Detallaron que algunas de las prácticas de corrupción comunes en nuestro país en el sector salud, son: el robo de medicamentos por los propios médicos, el uso de medicamentos caducos o que rompieron las cadenas de custodia para mantener su temperatura, la venta de medicamentos en el mercado negro, la mala práctica médica y los médicos que ejercen sin una cédula profesional, los cuales, afirmaron, atentan contra el derecho humano fundamental de la salud.
Subrayaron que según datos de la Cámara Internacional de Comercio (ICC México), el impacto económico de la corrupción en nuestro país equivale a más de 500 mil millones de pesos anuales, lo cual representa aproximadamente el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Agregaron que uno de los sectores más afectados por la corrupción es el sector salud, en el que no existen cifras oficiales, pero “cuesta miles de vidas y compromete este derecho y el bienestar de los mexicanos”.
Explicaron que si bien existen tipos penales para sancionar los actos de corrupción, es indispensable implementar sanciones ejemplares con penas elevadas cuando se trate de delitos que afecten al sector salud para inhibir este tipo de acciones.
Y es que apuntaron que “la corrupción en el sector salud no es un problema menor, es una amenaza directa a la vida, la salud y el bienestar de las personas”, por lo que insistieron en que es necesario que los delitos relacionados con la corrupción en este sector sean tratados con toda la fuerza del Estado.
Detallaron que los actos de corrupción en el sector salud implican desde el soborno para la asignación de contratos, hasta la falsificación de medicamentos o la malversación de recursos destinados al tratamiento de enfermedades, conductas que “no solo socavan el sistema de salud, sino ponen en riesgo la salud pública y, en el peor de los casos, pueden contribuir al aumento de enfermedades o muertes”, dijeron.
Finalmente, insistieron en que los actos de corrupción en el sector salud generan daños que van más allá de lo económico, afectan a la vida humana y a la dignidad de las personas, por lo que afirmaron que “es justo que quienes cometen estos delitos enfrenten sanciones proporcionales a la magnitud del daño causado a la colectividad”.
