Tras la reciente reforma constitucional en la materia, dicha ley servirá de instrumento jurídico para definir y homologar las directrices para su protección.
A fin de contar con un instrumento jurídico específico de protección y bienestar animal, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, a nombre de la diputada Gabriela Benavides Cobos, propuso crear la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.
De acuerdo con la diputada ecologista, dicha Ley definirá y homologará las directrices para el tratamiento de las diversas especies, procurando siempre el bienestar animal.
El objetivo, dijo, es establecer la protección de todas las especies animales que se encuentren de forma temporal o permanente en el territorio nacional. “De igual forma establece competencias, concurrencia y coordinación que debe de existir entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales en materia de bienestar animal”, apuntó.
En la nueva Ley se establece la definición de maltrato y de bienestar de los animales y señala qué actos son considerados como maltrato hacia los animales y, por lo tanto, deberán ser sancionados, destacando el hecho de causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue su agonía; dar muerte a animales sanos sin causa o motivo legalmente justificado y todo hecho o acto intencional en contra de los animales que ponga en peligro su vida.
Asimismo, celebrar espectáculos públicos con animales en los que se ejerza violencia contra los mismos para causarles la muerte como sucede en las corridas de toros; así como utilizar ejemplares de vida silvestre en cualquier espectáculo público con fines de lucro, como hoy pasa con los delfinarios.
También se establecen lineamientos de protección para los animales usados para abasto, para trabajo y en laboratorio, así como durante su crianza y transporte.
Al presentar su propuesta ante el pleno legislativo, Benavides Cobos explicó que, con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de Bienestar Animal, se dio un gran paso para lograr el bienestar de los seres vivos que tradicionalmente nos han acompañado a lo largo de nuestra historia y que tiene como propósitos establecer programas educativos y que el Estado garantice su protección.
No obstante “en nuestro país existe un gran número de conflictos relacionados con el trato a los animales, mismos que varían en sus causas, naturaleza y gravedad de acuerdo a la gran diversidad de especies domésticas y no domésticas, entendamos, los animales no son cosas, son seres sintientes, que sufren, que sienten dolor y padecer estrés”.
Por ello, destacó, con la propuesta, se busca no solo dar cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional en materia de bienestar, sino también terminar con el sufrimiento innecesario de seres vivos que son parte de la biodiversidad y parte de nuestra vida.
Llamó a todas las fuerzas políticas a sumarse y enriquecer la propuesta pues resaltó que México, ocupa el tercer lugar a nivel mundial en maltrato animal y el primer lugar en Latinoamérica, se estima que 7 de cada 10 animales domésticos son víctimas de alguna forma de maltrato en nuestro país. Los motivos más reportados de maltrato animal son: Falta de alimento, 14.7 por ciento; agresiones físicas 13.4 por ciento; mantener amarrados a los animales 12.3 por ciento y abandono 8.8 por ciento.
- Se busca reducir un 30 por ciento los residuos que actualmente terminan en vertederos.
- La propuesta incorpora las mejores prácticas de estados como Oaxaca y Ciudad de México, que ya cuentan con leyes locales en economía circular.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República propuso crear la Ley General de Fomento a la Economía Circular que tiene como objetivo establecer un marco legal sólido que impulse prácticas económicas sustentables y socialmente responsables, generando beneficios directos tanto para el medio ambiente como para el desarrollo económico del país.
La senadora Karen Castrejón Trujillo señaló que esta ley también promueve la creación de empresas que maximicen la vida útil de los productos y reduzcan el consumo de energía y recursos naturales. “De esta forma, México podría avanzar hacia una economía más circular, en la que los productos y materiales se mantengan en uso el mayor tiempo posible.
Asimismo, dijo que se busca reducir en un 30 por ciento los residuos que actualmente terminan en vertederos, mediante prácticas de reciclaje y reutilización. “Al adoptar un enfoque de economía circular se podría disminuir en un 25 por ciento el consumo de energía en sectores clave de la economía, lo que representa un ahorro de hasta 10 mil millones de pesos anuales en costos energéticos para las empresas”, indicó.
La también vicecoordinadora del Partido Verde en el Senado explicó que esta ley no sólo busca regular la protección ambiental, sino también promover un crecimiento económico que beneficie tanto a las empresas como a la sociedad en general y posicionar a México a la vanguardia de los países comprometidos con el desarrollo sustentable y la mitigación del cambio climático.
Castrejón Trujillo indicó que la iniciativa incorpora las mejores prácticas de estados como Oaxaca y Ciudad de México, que ya cuentan con leyes locales en economía circular, consolidando así un enfoque de alcance nacional. Además, establece las atribuciones específicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, permitiendo una participación coordinada en la implementación de esta ley.
Adicionalmente, esta propuesta que crea la Ley General de Fomento a la Economía Circular representa una gran oportunidad para transformar el modelo económico del país, así como promover entre la población la adopción de hábitos de consumo responsable de productos que ayuden a reducir los daños ambientales.
“Con esta iniciativa, en el Partido Verde reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, dando un paso importante hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha firmado en la lucha contra el cambio climático y en favor de un país más sustentable”, concluyó la senadora.
- A fin de garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para su salud y nutrición
La diputada del Partido Verde, Casandra de los Santos Flores, propuso modificar la Ley General de Salud con el objetivo de mantener actualizados los protocolos de atención, guías de práctica clínica y normas oficiales mexicanas, relacionadas con los materno infantil y la prematuridad, al menos cada dos años, a fin de garantizar los insumos necesarios para su salud y nutrición.
En el desarrollo de su propuesta, De los Santos Flores, señaló que los prematuros tienen una mayor probabilidad de padecer deficiencias nutricionales debido a su incapacidad para absorber y metabolizar los nutrientes de forma eficiente y esto puede derivar en condiciones que incapacitan como la disminución o pérdida de la vista, el oído, talla baja, así como anemia y pulmón de prematuro.
“La atención materno infantil oportuna, así como la actualización constante de las guías de práctica clínica y las normas oficiales mexicanas relacionadas con la atención materno infantil y de la prematuridad permitirán disminuir las consecuencias funestas del nacimiento anticipado de niñas y niños”, enfatizó.
Asimismo, mencionó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país la mortalidad neonatal prematura es una de las principales causas de muerte infantil.
Tan solo en el 2021, alrededor de siete bebés murieron por cada mil nacidos vivos y una proporción significativa de estas muertes corresponde a los nacidos antes de las 37 semanas de gestación.
La legisladora resaltó que dicha iniciativa tiene un impacto presupuestario nulo, pues no requiere mayores recursos para su implementación. Más bien, lo que se pide es ajustar y adecuar el marco regulatorio, dentro de las condiciones presupuestarias actuales.
“Pero la atención correcta y suministro adecuado de insumos para recién nacidos prematuros sí implica reducciones de costos por hospitalización e intervenciones mayores con un alto impacto a las finanzas públicas”, afirmó.
