- No se trata de un Big Brother, sino de justicia social para 15 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a Internet, afirman.
Senadoras y senadores del Partido Verde en el Senado de la República celebraron la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, una reforma de fondo que garantiza el acceso universal al Internet en México y combate la desigualdad digital que aún excluye a más de 15 millones de personas en comunidades rurales e indígenas y zonas marginadas.
La senadora por Jalisco, Rocío Corona Nakamura, subrayó que esta reforma aprobada por la mayoría de las y los senadores actualiza el marco legal en telecomunicaciones, redistribuye el espectro radioeléctrico hacia sectores marginados y prohíbe la contratación de propaganda extranjera en medios.
Además, tiene como meta conectar a más de 15 millones de personas que hoy carecen de acceso a Internet, sobre todo en comunidades rurales de entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde alrededor de 15 mil localidades aún no cuentan ni con radio ni televisión.
Datos del INEGI revelan que, aunque el 73.6 por ciento de los hogares ya cuenta con conexión a Internet, persiste una brecha entre zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades la cobertura alcanza el 86.9 por ciento, en las comunidades rurales apenas llega al 68.5 por ciento.
"Ante esta desigualdad, la nueva legislación busca cerrar esa brecha digital, modernizar el marco legal y garantizar una distribución justa del espectro radioeléctrico", destacó.
Por su parte, el senador Waldo Fernández González respaldó la aprobación de esta reforma que convierte al Estado mexicano en garante del acceso universal al Internet.
Asimismo, recalcó que millones de personas en México aún viven sin cobertura, sin posibilidad de hacer una denuncia, tener una consulta médica o acceder a la educación en línea. “Esta ley transforma la conectividad en una política social; no más exclusión digital, no más privilegios”, subrayó.
Fernández González aclaró que la ley incluye una comisión reguladora plural que vigilará el equilibrio institucional y que el espectro radioeléctrico sigue siendo propiedad de la nación. También defendió el requisito de identificación para adquirir chips, dada la alta incidencia de fraudes y extorsiones en el país.
En tribuna, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín desmintió las versiones que acusan a la nueva reforma en materia digital de instaurar un “Big Brother” en México. Señaló que los artículos 182 y 183, sobre localización geográfica en tiempo real, ya existían en la ley desde 2014 y fueron aprobados con el respaldo del PRI y el PAN.
Ramírez Marín explicó que el artículo 182 del dictamen deja claro que cualquier solicitud de geolocalización debe ser por escrito, fundada y motivada por una autoridad judicial, por lo que advirtió que los intentos por desinformar solo buscan sabotear un avance histórico para el país.
- Se plantea una jornada máxima de 48 horas semanales, con un periodo mínimo de 16 horas de descanso entre turnos
Ante la preocupante situación que enfrentan los médicos residentes en México, quienes deben soportar jornadas laborales extenuantes, carencia de periodos de descanso y ambientes laborales hostiles, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de mejorar sus condiciones laborales, así como proteger su salud física y mental.
Dentro de su propuesta, la legisladora plantea establecer legalmente una jornada máxima de 48 horas semanales para los médicos residentes, con un periodo mínimo de descanso de 16 horas entre turnos. Esta medida se encuentra alineada con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y busca frenar las actuales jornadas de hasta 80 horas semanales que enfrentan muchos residentes, las cuales incrementan el riesgo de errores médicos y afectan gravemente su bienestar físico y psicológico.
Asimismo, se propone que las instituciones de salud estén obligadas a brindar servicios de apoyo psicológico especializado a los médicos residentes, reconociendo la salud mental como un derecho laboral fundamental. Además, la iniciativa contempla mecanismos claros para que los médicos puedan denunciar actos de violencia, acoso u hostigamiento sin temor a represalias, y que las autoridades competentes actúen de manera inmediata para proteger a los denunciantes y sancionar cualquier conducta indebida.
En el desarrollo de esta propuesta, la diputada Salomón Durán destacó que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), de una muestra de 136 médicos residentes, más del 50 por ciento reportó síntomas del síndrome de burnout en niveles de moderados a severos. Este síndrome también conocido como agotamiento laboral, afecta directamente la salud emocional de los médicos y la calidad de la atención médica que brindan.
"El burnout se manifiesta a través de agotamiento emocional, despersonalización y una disminución en la realización personal. Es una consecuencia directa del estrés prolongado en el entorno laboral, especialmente en condiciones tan demandantes como las que enfrentan los médicos residentes en múltiples instituciones del país", explicó la legisladora.
Además, señaló que, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y diversas investigaciones científicas coinciden en que entre el 25 y el 30 por ciento de los médicos en formación presentan síntomas de ansiedad moderada a severa. "Esta situación refleja una crisis silenciosa dentro del sistema de salud", apuntó.
Por lo anterior, la iniciativa presentada busca no solo visibilizar esta problemática, sino también establecer un marco legal que garantice condiciones dignas de trabajo, promueva el respeto a los derechos humanos de los médicos residentes y contribuya a fortalecer el sistema de salud pública en beneficio de toda la población.
- Guardia Nacional alcanza 75% de aceptación ciudadana; se consolida como el cuerpo de seguridad más importante del país.
- Politizar la seguridad ha costado vidas; hay estados que gastan más en comunicación social que en proteger a su gente.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado respaldó la aprobación de la una nueva Ley de la Guardia Nacional, así como diversas disposiciones del marco legal en materia de seguridad pública, y destacó que esta legislación representa un paso crucial para consolidar la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Legisladoras y legisladores que integran la bancada ecologista destacaron que, a seis años de su creación, la Guardia Nacional cuenta con un 75 por ciento de aceptación ciudadana, lo que refleja la confianza social en su desempeño, por lo que esta reforma responde al llamado ciudadano por seguridad, profesionalización, disciplina y resultados tangibles.
La senadora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Guardia Nacional, subrayó que este nuevo modelo fortalece la estrategia nacional de seguridad al incorporar inteligencia, coordinación y legalidad, sumadas a la disciplina de las Fuerzas Armadas.
Dijo que el rediseño de la Guardia Nacional representa la respuesta clara del Estado mexicano ante la exigencia ciudadana de vivir en paz, por lo que aseguró que operará con un equilibrio entre disciplina militar y formación policial, incorporando personal civil en tareas técnicas, así como labores de inteligencia e investigación en coordinación con fiscalías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“Respaldar esta reforma es legislar con responsabilidad y en congruencia con la confianza del pueblo. El 75 por ciento de las y los mexicanos creen en la Guardia Nacional; nosotros debemos hacer lo propio desde el Senado”, destacó Guerra Mena.
Por su parte, el senador Luis Alfonso Silva Romo Silva Romo recordó que la creación de la Guardia Nacional en 2019 marcó el inicio de una política de seguridad distinta, que hoy se fortalece con un cuerpo permanente, coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y operado bajo mando civil.
El legislador destacó que el nuevo marco jurídico se basa en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de inteligencia, coordinación interinstitucional y consolidación de la Guardia Nacional. “Legislar por la seguridad es hacer patria. No hacerlo sería traicionar a los millones de mexicanas y mexicanos que exigen vivir en paz”, subrayó.
Insistió en que esta reforma no excluye a las policías locales, sino que fortalece a los tres órdenes de gobierno para combatir al crimen organizado de forma integral.
Durante su intervención, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, destacó la importancia de actualizar el marco legal de la Guardia Nacional, pues de lo contrario podría dejar a marinos y soldados sin becas, pensiones, estímulos ni protección jurídica. “Sería un acto de incongruencia e irresponsabilidad”, afirmó.
El también vicepresidente de la Mesa Directiva recordó cómo la politización de la seguridad ha impedido construir una estrategia sólida desde sexenios anteriores, y criticó que muchos estados gasten más en comunicación social que en seguridad pública. “No puede ser que entidades con altos índices de desapariciones invierten menos del 1 por ciento de su presupuesto en seguridad”, subrayó.
Al reiterar que la seguridad pública es ya un tema de seguridad nacional, Ramírez Marín pidió dejar atrás las contradicciones y actuar con seriedad: “Hacer patria es legislar por quienes todos los días se juegan la vida por México”, enfatizó.
