- Más de 200 mil pastillas de fentanilo y 100 artefactos explosivos asegurados con apoyo de binomios caninos entrenados bajo estrictos protocolos.
- Estos ejemplares son clave en seguridad y protección civil; urge informar que su entrenamiento es ético y libre de maltrato.
El Partido Verde en el Senado de la República reconoce la labor de los binomios caninos en tareas de seguridad y protección civil, por lo que exhortó a la Guardia Nacional y demás instituciones gubernamentales a informar de manera clara sobre los cuidados que reciben estos ejemplares durante su preparación, con el fin de desmentir los falsos rumores sobre su presunta exposición a sustancias tóxicas durante el entrenamiento.
Mediante un Punto de Acuerdo senadoras y senadores del Verde indicaron que los perros entrenados para la detección de narcóticos son parte fundamental en las tareas de seguridad, sanidad y protección civil, por lo que es indispensable garantizar y comunicar el trato digno, ético y profesional que reciben durante su preparación y servicio.
Actualmente, instituciones como la Guardia Nacional, la SEDENA, SENASICA y la Agencia Nacional de Aduanas trabajan con binomios caninos especializados que han demostrado una efectividad de hasta el 99 por ciento en la detección de estupefacientes, armas y explosivos, gracias a métodos de adiestramiento basados en recompensas, sin contacto directo con drogas reales.
Tan solo hasta septiembre de 2024, la Compañía Canina de la Guardia Nacional reportó el aseguramiento de más de 15 mil 700 kilos de marihuana, 211 mil pastillas de fentanilo, mil 500 kilos de metanfetamina y más de 100 artefactos explosivos gracias a la labor de sus 340 ejemplares, entre ellos pastores belgas malinois, pastores alemanes y labradores.
Los legisladores subrayaron que los falsos rumores sobre la inducción de adicciones en los perros entrenados carecen de fundamento, pues existen protocolos rigurosos, basados en aromas sintéticos y métodos científicos, que aseguran su bienestar físico y emocional.
Por ello, propusieron una campaña nacional de difusión que refuerce la confianza ciudadana en el trabajo de los binomios caninos y en el compromiso institucional con la protección animal, en congruencia con el artículo 4º constitucional y la legislación ambiental vigente.
- “La lucha contra el cambio climático debe ser una política pública integral, no un pretexto para recaudar sin resultados”, advirtió el senador ecologista.
Para evitar que los gobiernos estatales impongan impuestos ambientales sin criterios técnicos y contrarios a la estrategia nacional, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde, presentó una iniciativa para que sea exclusivamente el Gobierno Federal quien tenga la facultad de fijar contribuciones relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Esta reforma añade un nuevo párrafo al artículo 94 de la Ley General de Cambio Climático que busca alinear las acciones climáticas de México bajo un modelo federal coordinado, conforme a los compromisos internacionales que ha firmado el país.
El senador advirtió que imponer impuestos estatales sin sustento científico ni un inventario de emisiones resulta ineficaz, ya que genera fuga de emisiones, frena la competitividad y obstaculiza el cumplimiento de las metas climáticas globales. Además, señaló que estas medidas no contribuyen de manera real a la mitigación del cambio climático.
Ramírez Marín explicó que, a diferencia de los contaminantes locales que afectan la calidad del aire y se regulan a través de normas mexicanas específicas, los gases de efecto invernadero tienen una distribución homogénea en todo el planeta, por lo que las políticas para su mitigación deben tener un enfoque coordinado desde la federación, y no decisiones aisladas desde los estados.
"La lucha contra el cambio climático debe ser una política pública integral, no un pretexto para recaudar sin resultados", advirtió el senador ecologista.
Asimismo, indicó que su iniciativa también establece que solo el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), podrá coordinar un sistema de comercio de emisiones alineado a compromisos climáticos globales. Este incluirá a sectores que generen más de 25 mil toneladas anuales de GEI, y permitirá identificar proyectos compensatorios que puedan ser financiados con recursos internacionales.
Recordó que fenómenos como el huracán Otis, que devastó Acapulco en octubre de 2023, evidencian la urgencia de actuar de manera coordinada y responsable frente al cambio climático, con políticas públicas basadas en ciencia y no en ocurrencias recaudatorias.
Finalmente, el senador yucateco reafirmó que su iniciativa es necesaria para fortalecer la gobernanza climática, evitar contradicciones entre órdenes de gobierno y cumplir con los compromisos internacionales de México. “La lucha contra el cambio climático requiere unidad, visión nacional y políticas públicas con base científica, no improvisaciones estatales”, concluyó Ramírez Marín.
- El manejo inadecuado de estas baterías genera efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas*
Con el propósito de garantizar la gestión responsable, eficiente y segura de las baterías de ion-litio que utilizan los automóviles eléctricos, el diputado Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) con el fin de establecer un plan adecuado para el manejo de estos desechos.
Gallardo García, señaló que el uso masivo de estas baterías representa nuevos desafíos ambientales y de salud pública. "Aunque son altamente eficientes generan residuos que, si no se manejan adecuadamente, pueden causar incendios, explosiones y la liberación de sustancias químicas tóxicas, con efectos en el medio ambiente y en la salud de las personas", mencionó el legislador.
De acuerdo con, cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México las ventas de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido significativamente, tan sólo en el 2024 se reportó un incremento del 75.9 por ciento.
Asimismo, recordó que actualmente, la legislación mexicana no clasifica de manera específica al ion-litio como un residuo peligroso, lo que limita el tratamiento adecuado de este material. “Esta omisión ha permitido prácticas no reguladas en su disposición final, generando impactos negativos en los ecosistemas, en las comunidades y en los procesos de reciclaje”, afirmó.
Resaltó que diversos estudios científicos y organismos internacionales han señalado la necesidad urgente de establecer lineamientos claros sobre la recolección, reciclaje y disposición final de las baterías de ion-litio.
Por estas razones, Gallardo García subrayó la importancia de que este tipo de desechos estén sujetos a un plan de manejo responsable para que México avance de forma coherente hacia un modelo de movilidad sustentable, sin descuidar la protección del medio ambiente, ni la salud de la población.
“Esta iniciativa representa un paso necesario para consolidar una política pública integral frente al acelerado crecimiento de la electromovilidad en el país”, afirmó el diputado ecologista.
