- Resulta apremiante adoptar medidas que disminuyan la vulnerabilidad de la población guerrerense y de sus ecosistemas.
Con la finalidad de que las autoridades encargadas de proteger a la población de Guerrero ante desastres naturales cuenten con herramientas adecuadas y datos actualizados que faciliten la toma de decisiones, la senadora Karen Castrejón Trujillo exhortó a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ejerza su facultad de supervisar que se realicen y se mantengan actualizados los Atlas de Riesgos de los municipios de dicha entidad.
Explicó que los Atlas de Riesgos son documentos dinámicos cuyas evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables consideran actuales y futuros escenarios climáticos, y son fundamentales para elaborar políticas y programas en cada etapa de la Gestión Integral del Riesgo.
Agregó que es un sistema integral de información sobre agentes perturbadores, así como los daños que se esperan luego de un acontecimiento climático, por lo que entidades federativas y municipios deben contar con datos actualizados que permitan simular escenarios de desastres y planear para reducir lo más posible los daños que pudieran ocasionar.
Lamentó que en el estado de Guerrero, solamente el 5 por ciento de los municipios cuentan con Atlas de Riesgos, por lo que dijo que “es necesario instar a las autoridades municipales a cumplir esta obligación”.
Recordó que en octubre de 2023, el Huracán Otis impactó en Acapulco, Guerrero, con vientos de 270 kilómetros por hora, afectando viviendas, infraestructura, carreteras, el suministro eléctrico y de agua, y, lamentablemente, provocando la pérdida de vidas humanas. Agregó que un año después, en septiembre de 2024, el huracán John impactó en las costas de Guerrero y Oaxaca como tormenta de categoría 3.
La senadora aseguró que este tipo de eventos meteorológicos son síntomas del cambio climático, emergencia mundial que urge a todos los países y a sus gobiernos a tomar acción, por lo que dijo que “resulta apremiante adoptar medidas que disminuyan la vulnerabilidad de la población guerrerense y de sus ecosistemas, por lo que debemos fortalecer la capacidad de resistencia y resiliencia de la sociedad”.
Por ello, afirmó que su propuesta pretende coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta frente a efectos adversos del cambio climático e insistió en que “el estado de Guerrero requiere contar con información actualizada qué permita calcular riesgos a partir de la identificación de peligros; el grado de exposición de agentes afectables, como personas, bienes e infraestructura, y la vulnerabilidad”.
- Cada año, más de 18 mil mexicanos mueren por enfermedades vinculadas al tabaquismo.
- Legisladores de Verde seguirán impulsando reformas, campañas y acciones que frenen esta amenaza a la salud pública y al entorno natural.
En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este 31 de mayo, el Partido Verde en el Senado refrenda su compromiso con la salud pública, la protección ambiental y la defensa de los sectores más vulnerables de la población, al impulsar reformas legislativas para frenar el avance del tabaquismo, una de las principales causas de muerte prevenible en el país.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan solo en México el tabaquismo provoca más de 18 mil muertes al año, principalmente por enfermedades como EPOC, cáncer de pulmón y males cardiovasculares. Además, afecta gravemente a mujeres embarazadas, niñas y niños, provocando asma, bajo peso al nacer y otras enfermedades respiratorias.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela que el tabaco cobra más de 8 millones de vidas al año, de las cuales 1.3 millones corresponden a personas no fumadoras expuestas al humo de segunda mano.
Los legisladores ecologistas explicaron que el tabaco representa no solo una amenaza directa para la salud, sino también un grave riesgo para el medio ambiente. Desde el cultivo de las plantas hasta la producción y el consumo de cigarrillos, su impacto ambiental es significativo: la deforestación asociada al cultivo contribuye a la pérdida de biodiversidad, mientras que el uso de pesticidas y fertilizantes químicos contamina los suelos y las fuentes de agua.
Además, los residuos del tabaco, como colillas y envolturas de cigarrillos, representan una gran amenaza ambiental. Se estima que cada año se desechan alrededor de 5 trillones de colillas al suelo, que contienen sustancias tóxicas que contaminan el agua y dañan la vida marina. Este problema convierte al tabaco en uno de los principales contaminantes a nivel mundial.
Recordaron que el Partido Verde ha acompañado medidas como la Ley General para el Control del Tabaco y, recientemente, la reforma al artículo 4º constitucional, publicada en enero de 2025, que prohíbe toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y vapeadores. También reconoce la implementación de más de tres mil 200 Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones en todo el país.
Este año, el lema mundial es “Desenmascaremos su atractivo: las tácticas de la industria con los productos de tabaco y nicotina al descubierto”, una campaña que busca evidenciar cómo estas industrias manipulan la percepción del público para seguir captando consumidores.
La bancada ecologista ratificó su compromiso de seguir impulsando reformas, campañas y acciones que frenen esta amenaza a la salud pública y al entorno natural. “La lucha contra el tabaco es permanente, porque cada acción preventiva puede salvar vidas y proteger nuestro planeta”, concluyeron.
- “No se trata de debilitar al sector, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, afirmó.
- Solo el 10% de los mexicanos cuenta con seguro médico; el resto enfrenta altos costos de salud con su propio bolsillo.
Frente al alza desmedida en los seguros médicos y la falta de transparencia en sus condiciones, la senadora Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, propuso reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para frenar los abusos en la fijación de primas, exigir claridad en los contratos y garantizar que los asegurados puedan cambiar de compañía sin perder derechos adquiridos.
Ortiz Domínguez expuso que actualmente solo el 10 por ciento de la población en México cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, mientras que el resto enfrenta los altos costos de salud con recursos propios.
La falta de competencia ha permitido que sólo cuatro compañías controlen el 75 por ciento del mercado, limitando opciones y elevando precios sin justificación técnica, de acuerdo con el estudio de Comisión Federal de Competencia (Cofece).
Ante esta situación, la legisladora señaló que su iniciativa plantea la adición de los artículos 200 Bis, Ter, Quáter y Quintus, así como un nuevo inciso al artículo 485, con el propósito de frenar las prácticas abusivas de las aseguradoras que hoy mantienen cautivos a sus clientes mediante contratos restrictivos.
Además, busca garantizar el derecho de portabilidad, que permitirá cambiar de aseguradora sin perder antigüedad, cobertura o beneficios adquiridos; el retorno a un plan superior sin penalizaciones para quienes hayan reducido temporalmente su cobertura; y la creación de un bono sin reclamo para premiar la prevención y la permanencia en el sistema.
De acuerdo con el Informe de tendencias de tasas médicas globales de 2025 emitido por AON, mientras en América Latina y el Caribe la inflación médica disminuye, en México se proyecta un aumento del 11.2 por ciento, reflejo de un mercado sin regulación efectiva ni transparencia. Esta situación se agrava por la falta de regulación efectiva, el uso de cláusulas abusivas y la exclusión de personas mayores o con enfermedades preexistentes.
En ese sentido, Ortiz Domínguez también propuso que las aseguradoras estén obligadas a proporcionar información clara y accesible sobre sus pólizas y justificaciones técnicas de los incrementos. Asimismo, plantea proteger a adultos mayores que han mantenido una póliza activa durante más de 10 años, limitando el incremento de sus primas.
“Proteger su derecho a regresar a una mejor cobertura sin castigo fortalece la dimensión social del seguro, lo convierte en un mecanismo solidario y no solo financiero”, enfatizó.
Finalmente, la senadora ecologista dijo que esta reforma representa un acto de justicia para millones de familias mexicanas que han sido víctimas de un sistema opaco y desequilibrado. “No se trata de debilitar al sector asegurador, sino de fortalecerlo con reglas claras, competitivas y humanas. Un seguro justo no es un privilegio, es un derecho”, enfatizó.
