• Más de 300 millones de llantas abandonadas en tiraderos y predios baldíos provocan plagas, contaminan y aumentan el riesgo de incendios.
• Necesario una Estrategia Nacional que unifique y regule el manejo de estos residuos en todo el país.
Debido a que cada año se desechan en el país 37 millones de llantas, de las cuales solo el 10 por ciento se recicla adecuadamente, la senadora Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde, exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a fortalecer la homologación de acciones para la gestión integral de los residuos de neumáticos usados, con el fin de frenar los graves riesgos ambientales y sanitarios que representa su mala disposición.
A la fecha, se calcula que existen más de 300 millones de llantas acumuladas en basureros, predios baldíos y tiraderos clandestinos, lo que incrementa la proliferación de plagas, la contaminación del suelo y agua, y el riesgo de incendios.
La vicecoordinadora de la bancada ecologista subrayó que, aunque algunos estados como la Ciudad de México y Morelos han desarrollado estrategias locales para el manejo de estos residuos, es urgente establecer una Estrategia Nacional que coordine los esfuerzos y garantice una regulación homogénea en las 32 entidades federativas.
“Esto permitiría impulsar modelos de economía circular, fortalecer el reciclaje y promover la valorización de neumáticos mediante la colaboración con el sector privado”, destacó la senadora.
Castrejón Trujillo recordó que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos ya cataloga a los neumáticos usados como residuos de manejo especial. Sin embargo, falta la publicación de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establezca criterios de gestión y responsabilidad compartida, instrumento que aún no ha sido emitido por el Ejecutivo federal.
Por ello, urgió a la Semarnat a avanzar con celeridad en la estrategia nacional y la regulación correspondiente, para garantizar un manejo eficiente y sustentable de este tipo de residuos en todo el territorio nacional.
“Se requiere voluntad política y compromiso interinstitucional para transformar este problema ambiental en una oportunidad para la sostenibilidad y la innovación”, subrayó la legisladora.
Finalmente, Castrejón Trujillo planteó tres acciones concretas para enfrentar esta problemática: la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la publicación de una Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Neumáticos Usados y la elaboración de una Norma Oficial Mexicana específica que establezca criterios claros de reciclaje y responsabilidad compartida.
- La subutilización del espectro radioeléctrico es la parte del servicio que no es efectivamente utilizada por los concesionarios, y es pagado por los usuarios.
- Se debe regular debido a que actualmente no hay un límite legal o técnico definido sobre cuánto margen pueden trasladar al consumidor, destacó.
Para garantizar tarifas justas a los usuarios así como mayor eficiencia y responsabilidad empresarial de las compañías operadoras de telecomunicaciones, el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde, presentó una propuesta para regular el margen de subutilización en tarifas de datos móviles.
Dijo que su propuesta busca incluir el concepto de margen de subutilización, entendido como “la proporción de capacidad técnica instalada en una red pública de telecomunicaciones que no es efectivamente utilizada para la transmisión de datos, pero que es incorporada en el cálculo de las tarifas comerciales como un componente del costo operativo o financiero”.
Explicó que la subutilización del espectro radioeléctrico es la parte del servicio que no es efectivamente utilizada por los concesionarios, y es pagado por los usuarios, sin embargo, genera ingresos para los concesionarios sin contraprestación efectiva, “la ineficiencia de las compañías reflejada en lo que denominamos margen de subutilización, está cargado totalmente al consumidor y la empresa concesionaria en lugar de hacerse responsable por al menos alguna parte de su falta de eficiencia, carga todo al usuario final en el costo del producto”, subrayó.
Sin embargo, aclaró que se debe regular debido a que actualmente no hay un límite legal o técnico definido sobre cuánto margen pueden trasladar al consumidor, lo que puede generar sobrecostos arbitrarios o injustificados para los usuarios.
El senador agregó que con esta propuesta se busca que el factor de subutilización para la tarifa del servicio de datos móviles no exceda el 15 por ciento del precio base técnico determinado por uso de red proyectado con la finalidad de hacer más justo y transparente el costo de las tarifas, así como para evitar que la ineficiencia operativa se traslade íntegramente al consumidor.
Agregó que la propuesta busca también establecer un marco de supervisión y cumplimiento efectivo respecto a la regulación del margen de subutilización, por lo que las empresas tendrán la obligación de informar anualmente el nivel de uso promedio de la red, la capacidad contratada contra la utilizada y el margen de subutilización aplicado a sus tarifas.
El legislador subrayó que con esta iniciativa se buscan los siguientes beneficios: Reducción gradual de los precios al consumidor final, mayor eficiencia y responsabilidad empresarial, transparencia tarifaría y mejor vigilancia del mercado, así como mejora en el acceso digital, especialmente en zonas marginadas.
- Con la firma de este tipo de instrumentos, se obtienen beneficios para el medio ambiente y las comunidades y poblaciones indígenas.
Las y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México presentaron un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Permanente a expresar su beneplácito por la firma de acuerdos en materia ambiental entre la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del estado de Chiapas.
Aseguraron que con la firma de este tipo de instrumentos, se obtienen beneficios para el medio ambiente y las comunidades y poblaciones indígenas, además de que se obtienen beneficios en bienes y servicios ambientales que las acciones en materia forestal y en áreas naturales protegidas tendrán y contribuirán a la reducción de la vulnerabilidad climática, la recarga de acuíferos o la captación y purificación de agua.
Detallaron que Chiapas es una de las entidades federativas con mayor riqueza biológica, hídrica y biocultural; en cuanto a diversidad de especies, ocupa el primer lugar nacional por el número de especies de mamíferos y el segundo en cuanto a las especies de anfibios; además de que también destaca por su riqueza hídrica.
Señalaron que a pesar de esta riqueza, el gobierno estatal actual de Chiapas es consciente de que hay serios problemas que amenazan la conservación de la riqueza biológica e hídrica en la entidad, como la pérdida de biodiversidad por cambio de uso de suelo forestal a agrícola, el tráfico de especies, la tala ilegal, la degradación del hábitat, la pérdida de recursos forestales por incendios de origen antropogénico, por lo que ha implementado diversas acciones en materia ambiental.
Sin embargo, reconocieron que más allá de las acciones implementadas por el gobierno estatal, hay algunas que requieren la coordinación de diversos organismos federales para su implementación, como es el caso de los instrumentos signados recientemente en materia ambiental.
Explicaron que estos son el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, que busca “impulsar el desarrollo forestal sustentable en el estado, mediante la conservación, protección, restauración, aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos forestales con un enfoque ecosistémico y la promoción de programas productivos”.
Además del Acuerdo General de Coordinación para la preservación de las áreas naturales protegidas, que tiene por objeto “identificar acciones y proyectos ambientales que permitan la restauración de ecosistemas y el desarrollo sustentable de las áreas naturales protegidas, los humedales de importancia internacional, de las regiones prioritarias para la conservación y la protección de la diversidad genética de las especies de flora y fauna”.
Considerando los beneficios de estos acuerdos firmados por el estado de Chiapas y diversas dependencias federales, los legisladores ecologistas también exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal a evaluar la posibilidad de suscribir convenios en materia forestal con los gobiernos de otras entidades federativas, como Coahuila, Durango, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, Quintana Roo y Campeche.
Finalmente, “las legisladoras y legisladores del Partido Verde consideramos oportuno que esta Soberanía exprese la satisfacción que le brinda el que se estén realizando avances como parte de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, apuntaron.
